Los insultos a sanitarios en redes sociales pasarán a considerarse agresiones

Salud tipificará como agresiones los insultos, vejaciones o amenazas a profesionales sanitarios a través de las redes sociales. Es una de las novedades del nuevo plan de prevención con el que la Consejería trata de frenar una lacra a la que de momento no se le ha conseguido poner coto. Como adelantó LA VERDAD, el año pasado se cerró con 499 incidentes en los que resultaron agredidos 587 profesionales del Servicio Murciano de Salud (SMS). Son las cifras más altas desde que hay registro. Desde la pandemia, el número de agresiones se ha disparado un 56%.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, presentó este lunes el II Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones. Lo hizo después de una reunión en el palacio de San Esteban que estuvo presidida por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se conmemora este martes. Una de las novedades del plan es la inclusión de las agresiones que se producen a través de las redes sociales, algo que hasta ahora no se contemplaba. La medida se toma después de varios episodios de este tipo. Un médico de familia de Cieza Oeste fue acosado en redes por parte de un paciente «que se dedicaba a subir vídeos con vejaciones, menosprecios e insultos racistas», según denunció en 2023 el coordinador de este centro de salud, José María Almela. Otros profesionales han sido víctimas de acoso en sus cuentas personales en redes.

La medida es bien valorada por la vicepresidenta del Sindicato Médico, Soledad Guillén, quien sin embargo recuerda que se trata de una iniciativa de alcance limitado. El hecho de que estos insultos a través de las redes se consideren agresiones permitirá que tengan reflejo en la estadística, pero a falta de multas o sanciones administrativas, todo seguirá dependiendo de la presentación de una denuncia ante las fuerzas de seguridad, y de la decisión final del juez. Así ocurre con cualquier tipo de agresión en los centros sanitarios. Por eso, el sindicato reclama que la Comunidad disponga de una norma propia con un régimen sancionador para quien agreda a un profesional. Soledad Guillén pone el ejemplo de Cantabria, donde ya existe una legislación en este sentido.

La Consejería de Salud promete que la Ley de Salud de la Región irá en esta dirección, de forma que se tipificarán las agresiones como infracciones administrativas. Habrá «un cuadro de sanciones administrativas, que se aplicarán tras la aprobación de la nueva normativa sanitaria», explicó el consejero, Juan José Pedreño.

El nuevo plan presentado este lunes contempla la posibilidad de que los agresores puedan ser cambiados de centro, pero solo dentro de la zona básica de salud. Esto significa que si un paciente agrede a un profesional de un consultorio periférico, podrá ser trasladado al centro de salud de cabecera. Pero, de momento, no se puede ir más allá, explica el Sindicato Médico. Para obligar a un paciente a cambiar de zona básica de salud se necesita una orden judicial. Tampoco a día de hoy se puede cambiar de hospital a un agresor, aunque el plan prevé «el cambio de designación en atención especializada, mediante un procedimiento unificado para todo el SMS». Esto todavía tiene que desarrollarse, aclara Guillén.

El consejero de Salud destacó que el nuevo plan «se articula en torno al concepto de que una agresión a un profesional de la sanidad es una agresión a todo el sistema sanitario: no se trata de un hecho privado entre usuario y profesional, sino de un ataque a la institución, que debe responder en concordancia». El texto establece protocolos de actuación en todos los centros y unidades, y prevé la instalación de cámaras de seguridad en los espacios comunes, sistemas de alarma y vigilantes de seguridad en hospitales y centros de salud, para proteger a profesionales y pacientes.

Todas estas medidas vienen siendo reclamadas por los profesionales desde hace mucho tiempo. Este 2024 se cumplen 15 años del asesinato de la médica María Eugenia Moreno en su consulta del centro de salud de Moratalla, a manos de un paciente. Desde entonces, Salud ha anunciado repetidamente la contratación de vigilantes, la instalación de cámaras o la instalación de botones antipánico en las consultas. Muchas de estas medidas se han ido implantando, pero el Sindicato Médico denuncia que «aún quedan centros de salud sin vigilante».

El nuevo plan recoge las actuaciones a desplegar tras una agresión a un profesional de la salud y la atención que recibirán los trabajadores agredidos (asistencia sanitaria y asesoramiento jurídico), pero también las medidas que podrán llevarse a cabo con el agresor. Dichas medidas incluyen el envío de una carta reprobatoria, el cambio de médico o enfermero y también el posible cambio de centro de asistencia si las agresiones son reiteradas. Esto último, sin embargo, con las limitaciones que a día de hoy marca la ley.

El consejero destacó que «la prevención de las agresiones al personal sanitario es cosa de todos y nos afecta a todos, porque un episodio violento en un centro sanitario supone, en la mayoría de los casos, una disrupción de su normal funcionamiento, lo que provoca retrasos en la asistencia al resto de pacientes, a veces la suspensión de consultas, y en los casos más extremos, periodos de baja de los profesionales».

En su último balance, la comisión de seguimiento del plan de prevención frente a agresiones pidió más medidas y denunció que «hasta ahora, con las condenas que hay normalmente, las penas económicas son irrisorias, y las penas de cárcel no van a ningún sitio». «El código penal protege al profesional sanitario en caso de una agresión física, pero no lo hace suficientemente en el caso de agresiones no físicas, como las verbales, coacciones, intimidaciones, insultos y amenazas. La impunidad frente a este tipo de agresiones ha facilitado, particularmente tras la pandemia, que se incrementen exponencialmente», denunció la comisión.

La vicepresidenta del Sindicato Médico, Soledad Guillén, coincide en que la lacra de las agresiones «va a peor». Parte del aumento en la estadística obedece a que «los profesionales están adquiriendo más conciencia a la hora de denunciar, pero es la punta del iceberg. La mayoría de agresiones siguen sin denunciarse por miedo», advierte. Por ello, el sindicato reclama que sea el SMS quien presente de oficio las denuncias.

Guillén reclama también mejoras en la gestión porque -advierte- parte del deterioro del clima de convivencia tiene que ver con las listas de espera y la saturación que sufre el sistema.

En 33 de las 499 agresiones registradas en 2023 hubo violencia física. En 39 casos, los agresores provocaron daños en el centro. Se registraron 327 amenazas verbales, 13 amenazas con armas y 250 agresiones gestuales. También son habituales los gritos e insultos.

Entre los casos que trascendieron en 2023 destaca la agresión física a una médica en Molina de Segura por parte de un paciente que exigía una baja por depresión, o el ataque a una médica de Urgencias de Primaria en Cieza por parte de un hombre que la emprendió a golpes contra la pared de la consulta.

La Atención Primaria concentra casi seis de cada diez agresiones. En los centros de salud y consultorios fueron agredidos el año pasado 197 médicos, 73 enfermeros y 48 administrativos o auxiliares administrativos. En los hospitales, son los enfermeros los más atacados.

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