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Buena parte de las más de 41.000 multas impuestas en la Región de Murcia por incumplir las restricciones durante el primer estado de alarma acabarán en el cubo de la basura si, como parece, prospera el recurso de inconstitucionalidad que presentó Vox.
El magistrado ... del Tribunal Constitucional (TC) Pedro González-Trevijano, ponente del recurso de Vox contra el primer estado de alarma, ha propuesto a la Corte declarar inconstitucional el decreto aprobado por el Gobierno central y sus prórrogas, que mantuvieron confinados en sus domicilios a los españoles entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020.
El magistrado sostiene que un recorte de derechos fundamentales de esta envergadura (en particular, el encierro domiciliario) solo hubiera tenido amparo en un estado de excepción, tal y como alegaba el partido de Santiago Abascal. Si el alto tribunal asume este criterio y así queda plasmado en la sentencia sobre este caso, las sanciones impuestas por incumplimientos del estado de alarma quedarían anuladas, lo que supondría un alivio para miles de murcianos.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado propusieron hasta 41.504 sanciones en la Región por incumplir las restricciones durante el primer estado de alarma. La cifra supone una media de 423 multas en cada uno de los 98 días que se prorrogó la medida excepcional. La tasa de 27,8 propuestas de multa por cada mil habitantes es la cuarta más alta de todas las comunidades, según los datos que figuran en una respuesta parlamentaria al senador socialista Miguel Ángel Heredia.
Solo Comunidad Valenciana, La Rioja y Canarias registraron más sanciones por habitante que Murcia durante los meses que duró el estado de alarma.
La mayoría de las multas se formularon por no respetar el estricto confinamiento domiciliario impuesto entre marzo y junio, que solo permitía los desplazamientos por motivos laborales, sanitarios y para la adquisición de productos de primera necesidad. A partir de abril, cuando empezó a ser obligatorio el uso de la mascarilla, se dispararon las sanciones por no portar este elemento de protección.
En el conjunto de España, las propuestas de sanción entre marzo y junio del pasado año ascendieron a 1.142.127, perioddo durante el que también hubo 9.173 detenidos por saltarse las restricciones, de ellos 244 en la Región.
La propuesta de González-Trevijano será analizada a partir del 22 de junio por el Pleno de la Corte, coincidiendo con el primer aniversario del fin de ese primer estado de alarma.
La vicepresidenta primera del Gobierno central, Carmen Calvo, defendió ayer que hay que dejar debatir y trabajar al Tribunal Constitucional sobre la ponencia que plantea la inconstitucionalidad del confinamiento domiciliario del primer estado de alarma antes de pronunciarse y, por ello, ha rechazado hacer «interpretaciones y especulaciones».
No obstante, Calvo salió en defensa de la actuación del Gobierno tras estallar la pandemia en marzo de 2020, cuando impuso ese estado de alarma con un confinamiento estricto para frenar los contagios.
«Somos un Gobierno que en horas tuvo que salir, como todos los gobiernos del mundo, a resolver una situación tremenda de manera rigurosa y con un objetivo, que era el más importante: proteger del contagio y la muerte a cuantos más compatriotas, mejor», índicó en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión del Patronato de la Fundación Cermi Mujeres.
«Esperemos a que se produzca una sentencia», pidió Calvo, tras recalcar que el de Pedro Sánchez es un gobierno que respeta siempre a otros órganos constitucionales en sus competencias. «Nos mantenemos siempre en el silencio prudente y nunca nos extralimitamos», agregó.
Insistió en que el Constitucional «está ahora mismo en un debate» y en que todos están «por debajo de la ley». «El Gobierno no tienen nada más que decir hasta que nuestro Alto Tribunal se pronuncie», apostilló.
En su recurso, Vox alegaba que el «estado de alarma no permite la suspensión de los derechos del Título I» de la Constitución, ni «restricción alguna sobre la libertad de residencia», y defendía que solo en los estados de excepción o de sitio cabe acordar suspender estos derechos.
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