Igualdad exige a las autonomías que garanticen abortos en todos los hospitales públicos

En la Región de Murcia se practicó en 2021, según la estadística del Ministerio, un solo aborto en la sanidad pública. La Consejería eleva la cifra a 9. El protocolo establecido en la Comunidad implica la derivación a la privada de todas las interrupciones voluntarias del embarazo que se realizan antes de la semana 14. Desde 2021, y tras años de polémica, las mujeres que abortan a partir de la semana 20 por motivos médicos pueden someterse al final del proceso (dilatación y expulsión) en La Arrixaca, pero la fase inicial -la técnica que pone fin a la viabilidad fetal- se sigue llevando a cabo siempre en los conciertos. Solo 35 ginecólogos se han declarado objetores de conciencia en el registro abierto por la Consejería en cumplimiento de la nueva ley, que exige que la objeción sea siempre individual.

La comunicación oficial por parte del Ministerio de Igualdad se produce en plena campaña de las elecciones municipales y autonómicas. También lo hace solo unos días después de que el Tribunal Constitucional, con más de una década de retraso, haya desechado el recurso del PP contra la ley de plazos impulsada en 2010 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y, de paso, haya certificado el derecho al aborto libre y gratuito de todas las mujeres españolas que se proclama en ambas leyes.

Irene Montero recuerda a los diferentes responsables autonómicos que la nueva norma, en sus artículos centrales, establece, entre otras cuestiones, que cualquier residente en España tiene derecho a que se le practique un aborto en las primeras 14 semanas de gestación en el hospital público más próximo a su domicilio. Asimismo, recoge que los poderes públicos están obligados a tomar las medidas necesarias para garantizar este derecho, cosa que en la actualidad no ocurre en numerosas autonomías y en muchos centros sanitarios oficiales.

La ministra aclara a los Gobiernos regionales que este derecho de todas las mujeres está blindado por ley y que la obligación de los poderes públicos competentes -como lo son las autonomías en el ámbito de la gestión sanitaria- es garantizar «que se llevan a cabo urgentemente todas las medidas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo». Ello incluye, además, poner en marcha las «diversas herramientas» previstas en la norma para cumplir el mandato.

Montero destaca en sus escritos que «el principal avance de esta ley es la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y cerca del domicilio de las mujeres» y que para conseguirlo impone la creación de un registro autonómico para que los médicos que no estén dispuestos a practicar abortos voluntarios ejerzan por anticipado, de forma nominal y por escrito la objeción de conciencia. Al tiempo, añade que la ley manda a las autonomías que, con esa información, organicen los centros públicos para que siempre haya al menos un profesional que pueda garantizar el derecho al aborto en todos los territorios.

Es esa razón por la cual el Ministerio de Igualdad, con las cartas referidas, «quiere instar también a que todas las comunidades den los pasos necesarios para garantizar que haya médicos y médicas no objetores en todos los hospitales públicos, incluyendo si es necesario la contratación de médicos y médicas» para blindar el cumplimiento del derecho. «La ley es clara en ese aspecto -reitera Montero- y plantea la creación de registros de objetores en cada autonomía para así garantizar el acceso de las mujeres a su derecho al aborto, respetando siempre el derecho de los médicos y médicas a la objeción de conciencia».

La ley de 2010, de hecho, se reformó este año para controlar y blindar el ejercicio de un derecho que el Gobierno central y los grupos parlamentarios de izquierda, junto a partidos nacionalistas como el PNV, consideran que se había desnaturalizado. Y es que todavía hoy hay mujeres que tienen que hacer cientos de kilómetros en su propio país porque donde viven no hay un solo centro público -y a veces tampoco privado- que practique abortos legales.

Es también ese el motivo por el que la ley en vigor desde hace tres meses acaba con las objeciones colectivas en un hospital o en toda una autonomía. El ejercicio de la objeción de conciencia pasa a ser individual, por escrito, previo y registrado. La nueva redacción de la norma trata de acabar con el descontrol actual, alimentado por los responsables políticos locales contrarios a la ley de plazos, que ha llevado a que solo el 21% de los casi 100.000 abortos anuales se realicen en hospitales públicos. El grueso se hace en clínicas concertadas.

Según algunos datos oficiales, en nueve provincias, sin sumar Ceuta ni Melilla, nunca se ha realizado un aborto desde que Felipe González lo despenalizó en 1985 en tres supuestos y en otras tres no los ha habido al menos en los últimos cinco años. Una región del tamaño de Madrid, con casi siete millones de habitantes, no hace ni en un solo aborto voluntario en sus 38 hospitales públicos.