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El Mar Menor es ahora un jardín de infancia en situación de extrema vulnerabilidad. En sus aguas nadan sobre todo alevines de distintas especies, ... que no dan la talla para llegar a la lonja de pescado, pero además esa 'guardería' marina se encuentra en «un estado más pobre, inestable e impredecible tras el colapso del ecosistema en 2016», según describió ayer el investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO), Juan Manuel Ruiz.
Tanto la estabilidad de la laguna como la recuperación de la biodiversidad que provea a la actividad pesquera dependen, según el científico, de «que se reduzca la entrada de nitratos al ecosistema». Sobre las causas del descenso de capturas, que se viene registrando desde hace más de un año de hasta un 80%, Ruiz coincide con la interpretación de los pescadores: las bolsas de anoxia que, entre los años 2019 y 2021, dejaron toneladas de peces muertos en las orillas, acabaron con una generación de especies marinas, precisamente las que ahora tendrían que entrar en la fase adulta con la talla autorizada para su venta.
Al empobrecimiento del ecosistema, donde debería crecer la nueva vida marina, ha contribuido «la pérdida de elementos que ayudaban a su regulación, como la desaparición de la pradera de 'Cymodocea nodosa' y, aunque se ha recuperado la de Caulerpa, no ha ocurrido lo mismo con la anterior, que participaba en un 50% en la regulación de la laguna», explicó a LA VERDAD el biólogo del IEO.
Su fragilidad lo hace «más vulnerable a las lluvias, al 'bloom' de fitoplancton y a las anoxias», afirmó Ruiz. Tampoco ayuda «el calentamiento del Mar Menor, que no es causa de su estado, pero ante el que se vuelve más vulnerable». El investigador, que incluía en sus informes los picos de temperatura estivales, que superaron los 31 grados en los últimos años, ya recoge las mediciones invernales. Estas son inusualmente altas.
Sobre la clave para recuperar las poblaciones marinas, Ruiz no ve otra solución que «aplicar políticas de reducción de entrada de nutrientes». «Si se reducen los nutrientes, la recuperación es posible. Puede que en cinco, diez o quince años, pero es posible porque se han visto casos», asegura. El científico apunta que «precisamente es lo que menos se está haciendo». «Si no se hace así, no le estaremos dando una oportunidad de que vuelva a su equilibrio o a algo parecido a su estado inicial», dijo.
No ayuda que las estrategias legales que deberían propiciar la gestión y la conservación de las especies pesqueras brillen por su ausencia. Según la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, el reglamento de pesca profesional en el Mar Menor, tendría que haberse aprobado al año siguiente, para gestionar la conservación de las especies pesqueras y las técnicas artesanales de pesca. La ley ordenaba estudiar la biología de la fauna marina, eliminar los descartes, ajustar la flota a los recursos naturales, reducir el impacto ambiental y fomentar la comercialización transparente de los productos. Tampoco se ha creado el Comité de Cogestión Pesquera en el Mar Menor ni aprobado el Plan de Ordenación Territorial.
«Sin el plan de gestión de pesca será difícil recuperarla a medio y largo plazo», prevé el director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), Pedro García. Lo ve «necesario para aplicar planes de acción y conservar las especies comerciales y las que sirven de alimento a las otras». «La cadena trófica se ha alterado, ha muerto la mayor parte de los bivalvos en zonas profundas, pero no hay planes de recuperación de especies», indicó. Para el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, la caída de la pesca «es una preocupación compartida con la Cofradía de Pescadores, con quienes hacemos un trabajo intenso y proyectos de investigación sobre la evolución de las especies».
Según indicó el Gobierno regional, el Programa de Actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de la Región de Murcia y el programa específico para el Campo de Cartagena están «en fase de estudio de alegaciones», informa José Alberto González. «Posteriormente será remitido al órgano ambiental, para que formule la declaración ambiental estratégica, previa a su aprobación definitiva», según fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
«Aun así, desde 2020 hay personal trabajando en expedientes de inspección asociados a zonas vulnerables. En 2023, hubo 24 personas y un presupuesto de más de un millón de euros», detalló la Consejería. El Ejecutivo exige a la Confederación Hidrográfica del Segura que «intervenga sobre el alto nivel del acuífero», para evitar la llegada de 150 litros de agua por segundo por la rambla del Albujón. Y la CHS tramita la constitución forzosa de las comunidades de usuarios de los acuíferos de la zona.
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