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La rebelión de las togas fue casi unánime. La primera huelga conjunta de jueces y fiscales alcanzó ayer un seguimiento «masivo» en la Región, según celebraron las asociaciones convocantes. Esta jornada de paro, en la que se volvieron a enarbolar muchas de las reivindicaciones que ya empujaron a los magistrados a otra huelga en 2009, fue secundada por 115 de los 160 jueces de la Región (algunos de ellos cumplían con servicios mínimos, como los juzgados de guardia o el Registro Civil), según explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia. Supuso un 71,8% del colectivo. Las asociaciones convocantes remarcaron, no obstante, que en algunos partidos judiciales, como Murcia, Cartagena y Molina, la participación rozó el 100%.
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Entre los fiscales, el seguimiento fue del 66%. 41 miembros del Ministerio Público de los 62 totales secundaron el paro, según datos del organismo regional. Los porcentajes de participación, en uno y otro colectivo, alcanzaron en Murcia cotas mucho más altas de las que se registraron a nivel nacional. 3.524 jueces -el 65% de la carrera judicial- y 1.295 fiscales -el 52% de todo el colectivo- se cruzaron ayer de brazos en toda la geografía española y alzaron la voz, por primera vez unidos, para defender su independencia y reclamar unos medios suficientes que les permitan impartir justicia en las debidas condiciones.
3.558 jueces y fiscales de toda España secundaron la jornada de huelga que, por primera vez, se celebraba de forma conjunta.
115 jueces y magistrados, de los 160 que existen en la Región, se sumaron a la huelga.
186 vistas y 55 diligencias quedaron suspendidas solo en el partido judicial de Murcia.
44 deliberaciones quedaron en el aire en la Audiencia Provincial con motivo de la protesta.
Esta inédita jornada de paro obligó a suspender cientos de vistas y diligencias en la Región. El juez decano de Murcia, Lorenzo Hernando, explicó que la protesta llevó a aplazar 186 juicios y 55 diligencias de investigación solo en el partido judicial de Murcia. En la Ciudad de la Justicia de la capital se celebraron únicamente cinco vistas a lo largo de toda la mañana: tres en lo Social, que afectaban a derechos fundamentales; y dos en Penal, porque ellos debían decidir sobre un preso.
Los pasillos vacíos pusieron la fotografía a una jornada de paro que se dejó sentir con fuerza. De los 64 jueces que desempeñan su labor en el partido judicial de Murcia, solo ocho acudieron a su puesto de trabajo: cuatro por encontrarse en órganos de guardia (y por tanto, servicios mínimos) y otros cuatro por ser profesionales sustitutos.
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En Cartagena y en Molina de Segura, según explicaron desde las asociaciones convocantes, el seguimiento también alcanzó el 100%. En Lorca se vieron aplazados más de una docena de juicios que estaban señalados. Únicamente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 se celebraron declaraciones.
En la Audiencia Provincial, el seguimiento fue del 100%. Se suspendieron dos señalamientos penales y 44 deliberaciones, según informó su presidente, Miguel Ángel Larrosa. En la Sala de lo Contencioso del TSJ no se celebraron tampoco dos diligencias de prueba que estaban pendientes. La decisión de la titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Murcia de sumarse a la huelga obligó, además, a aplazar seis de las declaraciones que estaban previstas en el macrojuicio del 'caso Nueva Condomina'.
El balance de la huelga y de sus efectos no contó, en esta ocasión, con una versión oficial. 'La Verdad' trató en vano de recabar un balance por parte del Ministerio de Justicia sobre las vistas y diligencias suspendidas en toda la Región. Una información de la que, al parecer, tampoco tuvo conocimiento el propio presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme. En un escrito, al que tuvo acceso este diario, el jefe de la magistratura murciana reclamó al secretario de gobierno del TSJ, Francisco García Rivas, que se le facilitasen urgentemente datos sobre el seguimiento de la huelga y el impacto que esta tuvo en las vistas y diligencias previstas. Según explicó en ese escrito, el lunes dictó un acuerdo, a tenor de la comunicación recibida desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que ordenaba que se le informase, antes de las 13.30 horas de este martes, del seguimiento de la huelga y de las vistas o diligencias que se habían visto suspendidas.
Los presidentes de los tribunales superiores apoyan las peticiones Los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de todo el país se solidarizaron ayer con la huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales en defensa de unas reivindicaciones que ven «justas y legítimas». «Nuestra posición institucional como máximos representantes del Poder Judicial en cada comunidad nos impide sumarnos a medidas de presión colectivas en nuestro ámbito profesional», señalaron en un comunicado, en el que les mostraron su respaldo.
Los abogados exigen también «pagos dignos» para el turno de oficio Los jueces y fiscales de la Región contaron ayer con el apoyo de los abogados, que les acompañaron en su protesta frente a los juzgados reclamando mejoras para la Administración de Justicia, pagos dignos para los letrados del turno de oficio y medidas de conciliación familiar. Jawad Romaili, presidente de la asociación Armi, insistió en que las medidas que reclaman deben preocupar también a la ciudadanía. «Tarde o temprano cualquiera necesita acudir a un juzgado».
Murcia fue la segunda comunidad que logró mayor seguimiento Murcia fue ayer la segunda comunidad española que alcanzó un mayor seguimiento de la huelga, con un 71,8%. El porcentaje solo se vio superado por el 74,6% registrado en Canarias y estuvo muy por encima de la participación del 57,4% que se logró a nivel nacional. En comunidades como Madrid o País Vasco, la cifra de huelguistas fue algo inferior a la media, con un 48,1% y un 43,5%, respectivamente, de acuerdo a los datos facilitados por el CGPJ.
El paro obliga aaplazar una docenade vistas en Lorca En Lorca, el paro suspendió algo más de una docena de juicios. La huelga, sin embargo, tuvo repercusión a nivel de juicios y declaraciones, pero no en el plano de gestiones en los juzgados, según explicó la decana del Colegio de Procuradores, Nieves Cuartero Alonso. El máximo responsable del Colegio de Abogados de Lorca, Ángel García Aragón, indicó que los juicios suspendidos serán señalados para otras fechas. «El perjuicio ha sido para gente que venía de fuera». P. Wals
En la mañana de ayer, sin embargo, según expuso por escrito, el secretario de gobierno le informó verbalmente de que «siguiendo instrucciones, también verbales, del Ministerio de Justicia había trasladado a todos los letrados de la Administración de justicia de la Región la orden de no remitir a esta Presidencia la información solicitada sobre diligencias o vistas suspendidas». Pasqual del Riquelme hizo hincapié en que «la información interesada es esencial para el cumplimiento de las funciones inspectoras, representativas y de dirección que corresponden al presidente del TSJ» y exigió esos datos, que no llegaron.
«Se dio orden de no dar información sobre las actuaciones suspendidas para minimizar el efecto de la huelga», remarcó el magistrado Manuel Luna, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). «Nos parece muy infantil».
Los jueces y fiscales participantes en esta jornada de paro se concentraron al mediodía a las puertas de la Ciudad de la Justicia para dejar patente su indignación. Enrique Domínguez, portavoz de la Asociación Judicial Francisco Vitoria, explicó que el objetivo de esta huelga es «conseguir unas cargas de trabajo razonables y lograr mejoras para que el servicio público funcione», entre otras.
Luna, portavoz de la APM, recordó, por su parte, la reivindicación de que se convoquen, al menos, 250 plazas para la carrera judicial y fiscal anual en los próximos cuatro años. Incidió, asimismo, en la necesidad de que se recuperen derechos laborales que fueron suprimidos en 2012. «No es de recibo que un juez o un fiscal solo pueda disponer de 15 días de un permiso de paternidad cuando el resto de empleados públicos, y de trabajadores en general, disponen de un mes», remarcó.
La fiscal Ángeles Fernández, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), subrayó que los representantes del Ministerio Público se declararon en huelga, por primera vez junto a los jueces, porque «tenemos los mismos problemas, sufrimos los mismos problemas».
La magistrada Concepción Roig, miembro de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, explicó que «estos días se ha puesto de manifiesto que puede haber un déficit en cuanto a la formación en determinadas materias, como puede ser la perspectiva de género». Roig hizo hincapié en que «no puede haber formación si no hay tiempo, ánimos y otro tipo de medidas que compensen ese esfuerzo» e incidió en que, «si quieren una justicia de calidad, que la paguen».
El magistrado Andrés Carrillo de las Heras, miembro de la asociación Francisco de Vitoria, incidió en el pesar que rodeaba la jornada. «Estoy triste de haber tenido que dejar de trabajar porque el Ministerio y el CGPJ siguen metiendo sus manos en la independencia judicial». En este sentido, subrayó que «lo que reclamamos principalmente es que ellos se dediquen a la política y nosotros nos podamos dedicar a la justicia, que podamos tener un Poder Judicial realmente independiente».
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