La huelga mantiene bloqueados más de 126 millones de euros en los juzgados murcianos

«Los letrados de la administración de justicia somos los responsables directos y últimos de estas cuentas y de expedir la orden para que se realicen los pagos», explica María del Mar Garcerán, delegada territorial de la unión progresista de letrados de la administración de justicia de Murcia (UPSJ). Esta organización se encuentra detrás, junto con la asociación independiente de letrados de la administración de justicia (AInLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, de un paro indefinido que arrancó el pasado 24 de enero, que cuenta con un elevado seguimiento en la comunidad y que, por el momento, no tiene visos de solución.

Este colectivo –antes conocido como secretarios judiciales– reclama, entre otras cuestiones, una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que, argumenta, entonces se les compensara.

Esos más de 126 millones de euros, provenientes del dinero abonado por fianzas, costas y otros conceptos, conforman las denominadas cuentas de depósitos y consignaciones en las que los ciudadanos ingresan el dinero cada vez que tienen que pagar una multa impuesta por un juez, una fianza para eludir la cárcel o la indemnización fijada en una sentencia. La mayor parte de esa cantidad queda fuera del circuito económico a la espera de una resolución que, en ocasiones, tarda años en llegar. Otra parte se destina a los pagos que judicialmente han sido acordados y que ahora, con motivo de la huelga, se han visto aplazados.

El pasado 1 de febrero, según los datos facilitados por las organizaciones convocantes, las cuentas de los juzgados de Murcia capital ya acumulaban más de 65,5 millones de euros bloqueados. De ellos, 1.021.570 euros se correspondían únicamente con los juzgados de Primera Instancia número 3, 9 y 15, especializados en Familia. Ese importe, explican, debe ir destinado, en su mayoría, al pago de pensiones de alimentos –o gastos extraordinarios– que han sido judicializados. Es el caso, por ejemplo, de un progenitor que no atendiera al pago de las obligatorias pensiones de alimentos hacia sus hijos y que haya sido obligado por ley a hacerlo. La situación se hace especialmente gravosa al coincidir con el inicio de mes, cuando habitualmente se ordenan estos pagos. El año pasado los órganos de Familia llegaron a expedir hasta 6.576 mandamientos de pago por valor de más de dos millones de euros.

El 'impasse' que la huelga está trayendo de la mano también resulta preocupante en los órganos de lo Social que, solo en Murcia capital, ya acumulan en sus cuentas más de 4,3 millones de euros, conforme a los datos facilitados por las asociaciones del colectivo. Estos juzgados se encargan, por ejemplo, de realizar pagos por salarios o indemnizaciones que los trabajadores han tenido que reclamar ante los tribunales.

«Cuando vuelva a iniciarse la actividad judicial va a ser un desastre», advierte la portavoz de la UPSJ, a la vez que lamenta el perjuicio que este paro está generando a los ciudadanos. Los LAJ, antes de plantarse con esta contundente medida de presión, ya habían realizado varias jornadas de paro previas –con un seguimiento, en algunas ocasiones, de hasta un 90%– para protestar contra la paralización de los acuerdos a los que, afirman, habían llegado con el Ministerio. Tras nueve jornadas de huelga indefinida, las asociaciones convocantes lamentan que el Ministerio no haya convocado al comité de huelga para tratar de acercar posturas.

Fuentes de Justicia remarcaron que el secretario general del Ministerio se ha reunido con los letrados de la administración de justicia de todas las sedes que ha visitado, en total más de una veintena. Inciden, además, que los representantes de este organismo han realizado más de cuatro reuniones con asociaciones convocantes de la huelga.

El próximo día 8, según explicaron fuentes judiciales, están convocados en Madrid los secretarios de las salas de Gobierno de todos los tribunales superiores de justicia del país después de que remitieran un escrito en el que reconocían su «preocupación por las disfunciones y retrasos» que se están produciendo en la administración. «Cuanto más dure este parón», advierte Garcerán«. va a ser peor».

Los letrados de la administración de justicia son uno de los engranajes cruciales para la buena marcha de los juzgados. Su ausencia de sus puestos de trabajo desde el pasado 24 de enero ya ha obligado a aplazar hasta 3.773 actuaciones judiciales, como vistas, declaraciones, audiencias previas... en todos los partidos judiciales de la Región, según los datos facilitados por las organizaciones convocantes. Esas cifras, que tardan algo de tiempo en ser recabadas, no recogen, sin embargo, el impacto que la medida de presión tuvo en los juzgados murcianos este viernes, por lo que el balance global será aún mayor.

Solo este jueves los juzgados de la Región tuvieron que aplazar 484 actuaciones en una nueva jornada que, según las organizaciones convocantes, fue seguida por hasta el 67% de los letrados de la administración de justicia.

Más allá de los procedimientos judiciales más corrientes, esta huelga podría afectar también a algunos de los casos más mediáticos, como la esperada sentencia del 'caso Auditorio', que sentó en el banquillo al expresidente Pedro Antonio Sánchez, o el 'caso Novo Carthago', cuyo juicio arrancará a finales de mes.