La huelga de jueces y fiscales obliga a aplazar más de 300 vistas en la Región

Seis meses después de la última jornada de paro, la 'rebelión de las togas' volvió a dejar patente ayer la indignación que se vive día a día en los juzgados. La huelga conjunta de magistrados y fiscales logró un seguimiento mayoritario en la Región y obligó a aplazar más de 300 vistas y actuaciones judiciales.

«Hoy más que nunca los jueces y fiscales tenemos que salir a defender el Estado de derecho y la separación de poderes», remarcaron los portavoces de las asociaciones convocantes en una concentración celebrada frente a la Ciudad de la Justicia de Murcia que se repitió en las sedes judiciales de todo el país. «Recobran especial importancia nuestras reivindicaciones sobre independencia judicial, medios materiales para poder dar una adecuada respuesta a los ciudadanos, cargas de trabajo saludables, retribuciones dignas...».

De acuerdo con los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 94 de los 161 magistrados de la Región secundaron la huelga (algunos de ellos cumplían con los servicios mínimos, como aquellos al frente de los juzgados de guardia). La cifra supone el 58,3% del total, un porcentaje algo inferior al registrado en la huelga del pasado mayo -que alcanzó el 71,8%-. Algunos magistrados refirieron, sin embargo, problemas informáticos para comunicar al Ministerio su intención de sumarse a la protesta.

Los pasillos vacíos pusieron la estampa a una jornada de paro -la segunda conjunta entre los miembros de la judicatura y el Ministerio Público-, que se dejó sentir con fuerza. En el partido judicial de Murcia secundaron el paro casi todos los magistrados (solo uno de los 65 acudió a su puesto de trabajo) y se tuvieron que aplazar 124 vistas, según el juez decano, Lorenzo Hernando. Solo se celebraron seis juicios de despido y otras tantas vistas de Familia para decidir sobre medidas cautelares, procedimientos que son considerados servicios mínimos. De acuerdo con los datos que maneja el TSJ, la cifra de juicios y actuaciones suspendidas alcanzó las 164.

El elevado seguimiento del paro en la capital se palpaba en los pasillos de la Ciudad de la Justicia, donde la actividad se concentraba casi exclusivamente en el Registro Civil (donde se ejercen algunos servicios mínimos) y en el servicio común general, donde los funcionarios, que realizaron su particular huelga el viernes, trabajaban a pleno rendimiento.

Los efectos de la protesta fueron, no obstante, bastante desiguales en la Región. En Murcia y Cartagena, la actividad se vio prácticamente suspendida -en la ciudad portuaria se cancelaron hasta 70 actuaciones-. En Lorca la cifra de suspensiones rondó la treintena y en Totana sumaron 19. En los juzgados de Cieza, Mula y Yecla, sin embargo, según informó el TSJ, el paro no obligó a aplazar ningún tipo de actuación.

En toda España fueron más de 4.200 togados los que abandonaron su puesto de trabajo para exigir al Ministerio que escuche sus reivindicaciones. Concretamente, de acuerdo a los datos de las asociaciones convocantes, se sumaron a la huelga 3.234 jueces y 973 fiscales, una cifra que superaba el 60% del colectivo. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fueron 2.559 los jueces que colgaron la toga, un 46,88% del total.

Esta huelga es la primera que se realiza con la fiscal Dolores Delgado al frente del departamento de Justicia. La propia ministra secundó en mayo la huelga anterior en la que las reivindicaciones eran prácticamente exactas. Esta nueva jornada de paro está convocada por las cuatro asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- y por las tres de fiscales -Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales-.

Los magistrados de la capital protagonizaron una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia, bajo la lluvia, a la que se sumaron el presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, y el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera. Los representantes de las asociaciones APM, Juezas y Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria, los magistrados Fátima Saura, Ascensión Martín y Enrique Domínguez, respectivamente, leyeron un comunicado en el que aludieron a la elección de Marchena como presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ y a la renovación de este órgano.

«Un CGPJ elegido por las fuerzas políticas va a generar siempre dudas sobre la independencia de la Justicia, con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y, en última instancia, en el propio Estado de derecho». La huelga de ayer, remarcaron los coordinadores de las asociaciones, «es una ocasión idónea para demostrar a la sociedad que los jueces y fiscales defendemos una absoluta separación de poderes, un CGPJ realmente independiente y una carrera judicial y fiscal con unas condiciones profesionales dignas y al servicio de los derechos de los ciudadanos».