Los hermanos de 'El Melonero' también son absueltos de fraude y falsificación

Pedro y Jesús Martínez González, hermanos de Antonio 'El Melonero' y como este también metidos en su día en negocios inmobiliarios, han sido absueltos de los presuntos delitos fiscales y de falsedad documental continuada de los que habían sido acusados por la Fiscalía. Los dos empresarios, así como una empleada suya y otro constructor, Luis M. P., fueron juzgados el pasado mes de diciembre y se enfrentaban a una petición de penas de hasta siete años de prisión y multas de 7,5 millones de euros por cabeza.

La juez de lo Penal número 5 de Murcia, Natividad Navarro Abolafio, ha dictado una sentencia por la que se exculpa a los cuatro encausados y en la que se descalifica la labor inspectora de Hacienda. No en vano, la magistrada pone de relieve que el inspector que realizó el cálculo de los terrenos y viviendas que habrían vendido y, consecuentemente, también de las cantidades que habrían dejado de ingresar al fisco, utilizó unos pocos contratos para hacer el cálculo del precio de todos los inmuebles. Y ello a pesar de que se ha acabado demostrando que las características de las casas eran diferentes, e incluso sus dimensiones, por lo que resultaba injustificado atribuirles a todas el mismo valor.

Más todavía, la resolución deja sentado que la Inspección Fiscal tampoco realizó un estudio detallado de las fechas en las que se produjeron las operaciones de compraventa y la entrega material de los inmuebles, de manera que tampoco es posible estimar qué cantidades concretas se debían haber tributado cada ejercicio fiscal ni, por ello, calcular con rigor las cantidades presuntamente defraudadas.

La juez tampoco considera probado que por parte de la firma Construmar se emitieran facturas falsas en favor de Construcciones y Reformas Agua y Sol, la sociedad vinculada a los hermanos Pedro y Jesús Martínez. Al contrario, en la sentencia se considera acreditado que Construmar estuvo realizando trabajos reales en una urbanización, por lo que no se puede sostener que las facturas fueran falsas. Los hechos que se les atribuían se produjeron entre 2004 y 2008, cuando vendieron una treintena de viviendas a otros tantos ciudadanos británicos. El fiscal estimó los beneficios obtenidos en unos cinco millones y cifró en torno a dos millones las cantidades presuntamente defraudadas. Ahora, todas esas imputaciones han sido desmentidas por la sentencia.