Guevara niega que empujara a López Miras a reunirse con los manifestantes

La Delegación del Gobierno fue ayer la gran señalada por el cerco que 200 agricultores llevaron a cabo el pasado miércoles en la Asamblea Regional, lo que imposibilitó la salida de los coches oficiales del presidente Fernando López Miras y de otros miembros del Gobierno, así como de diputados y trabajadores del Parlamento. Tras afirmar el jefe del Ejecutivo, cuyo vehículo fue zarandeado por varios manifestantes, que «la única solución que dieron desde la Delegación del Gobierno, vía WhatsApp, es que, o el presidente recibía a aquellos que estaban cercando el Parlamento autonómico, o teníamos que dormir allí», la institución que dirige Mariola Guevara negó «categóricamente» que esa comunicación llegara a existir.

Guevara, afirman fuentes de la Delegación, mantuvo un contacto telefónico con la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, tras acabar la sesión parlamentaria. Martínez mostró su preocupación por el tenso ambiente que se vivía fuera, a lo que la delegada respondió que se había desplegado un fuerte dispositivo policial. Dichas fuentes mencionan que este operativo llegó a superar el medio centenar de agentes cuando se vivieron los momentos más conflictivos en el exterior del edificio de la Asamblea.

La Delegación incidió ayer en que la Cámara autonómica nunca llegó a estar cercada y que los diputados pudieron salir a pie sin problemas, ya que sólo se bloqueó la entrada y salida de vehículos desde el parking interno del edificio: «En todo momento garantizó la integridad del Parlamento Regional, sus diputados y trabajadores». Sin embargo, esta institución no aclaró, a preguntas de LA VERDAD, por qué el despliegue policial no evitó la entrada en Cartagena de los tractores, ya que se supo de antemano el movimiento de estos vehículos en dirección a la ciudad.

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por este periódico reconocen malestar en el Cuerpo tras los hechos ocurridos, no tanto por el número de agentes desplegados en torno a la Asamblea, sino por la falta de previsión a la hora de detectar e interceptar los tractores antes de que llegaran al paseo Alfonso XIII de Cartagena.

La Delegación, en un comunicado, señaló ayer que la Policía Nacional identificó a 60 propietarios de tractores que participaron en las protestas y que se enfrentan a posibles sanciones por infracciones de las leyes de seguridad ciudadana y seguridad vial. «Además, se

ha identificado a los responsables de determinados altercados que podrían acarrear sanciones administrativas o penales». Estos datos serán trasladados también a la Policía Local de Cartagena, para que estudie posibles sanciones por ocupar la vía pública sin permiso.

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