Germán Teruel: «Los dos grandes partidos actúan con manifiesta deslealtad a la Constitución»

–Después de cuatro décadas, lo lógico sería que la democracia y el Estado de Derecho dieran pasos hacia delante. Pero, según su informe, sucede lo contrario, que se está deteriorando gravemente. ¿A qué se debe?

–Tendemos a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, cuando no es así. Intentos de injerencia del poder político en los contrapoderes siempre ha habido. Pongo dos ejemplos. En 1º de Derecho siempre explicamos una sentencia que es clave, el caso 'Marbury vs Madison'. Este fue un intento del entonces presidente de los Estados Unidos de nombrar a jueces de su cuerda antes de abandonar el cargo. Otro ejemplo lo encontramos en España. Adolfo Suárez levantó el teléfono porque quería que el primer presidente del Tribunal Constitucional fuera Aurelio Menéndez. ¿Qué pasó? Que los magistrados que tenían que elegirlo eran personas solventes y no aceptaron imposiciones del Gobierno, por lo que nombraron a Manuel García Pelayo, un republicano que había estado en el exilio. Pero desde finales de los 90 observamos dos tendencias que erosionan la calidad de la democracia en España. Una es la partitocracia, la colonización por parte de los partidos de absolutamente todo. Ahí empieza una práctica absolutamente nociva, que es el reparto por cuotas en los nombramientos de aquellas instituciones que sirven de contrapoder, como el Tribunal Constitucional o el CGPJ. Para la primera renovación del CGPJ, los entonces partidos mayoritarios, UCD y PSOE se reunieron, pusieron en común una lista de nombres y fueron descartando candidatos hasta que encontraron a personas que no eran ni de uno ni de otro, que generaban consenso. Ahora no se negocia así. Ahora, si tienen que elegir a seis jueces, pactan que tres sean para uno y tres para otros. El segundo elemento clave para el deterioro del Estado de Derecho ha sido la incapacidad de los partidos mayoritarios de forjar grandes consensos transversales en asuntos de Estado. Eso ha hecho que, tras 44 años, la Constitución acuse fatiga de materiales. Los partidos han estado más preocupados en penetrar en todo que en forjar consensos. Mi opinión es que, actualmente, los grandes partidos actúan con manifiesta deslealtad a la Constitución. Y cuando esto pasa, el sistema sufre el deterioro.

–El informe se centra en el periodo 2018-2021, que coincide con el mandato de Pedro Sánchez. ¿De qué modo está contribuyendo el actual Gobierno a este deterioro democrático?

–Se ha elegido este lapso temporal porque se trata de un periodo en el que el ordenamiento constitucional se ha visto fuertemente tensionado por distintos factores como la salida de la crisis económica, la moción de censura contra Rajoy, la formación del primer Gobierno de coalición con apoyo parlamentario de los independentistas, la crisis de la Covid, la aparición de Vox... El contexto político actual tiene un efecto terrible para el sistema. Nuestra democracia nace gracias al acuerdo de los partidos moderados de derecha e izquierda, pero ese consenso es ahora imposible porque tenemos dos bloques enfrentados y atados por los extremos, lo que lleva al deterioro del Estado de Derecho por la contaminación del virus populista. Ahora ya todo vale. Se ha pasado del 'y tú más' al 'pues yo ahora peor'. Que el PP nombra a Enrique López, pues el PSOE nombra a un exministro de Justicia para el Constitucional. Al menos antes estas malas prácticas se hacían, si se me permite la expresión, de tapadillo, pero ahora parece como si el Gobierno tuviera derecho a que la mayoría del Constitucional sea de su color político porque ha ganado las elecciones. Absolutamente no. Usted ha ganado y tiene derecho a gobernar si consigue mayoría parlamentaria, pero los servicios públicos se tienen que prestar con objetividad, como dice la Constitución. Ese es el virus populista al que me refiero, que te viene a decir que quien gana las elecciones, puede hacer lo que le dé la gana. La tendencia iliberal, que el que ejerce el poder piensa que no tiene límites. Eso no es así.

–En el año 2022, que no ha sido incluido en el periodo de estudio del informe, se mantiene la incapacidad de pactar la renovación del CGPJ y, además, se ha iniciado una reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición o el ya comentado nombramiento del exministro Campo para el Tribunal Constitucional. ¿Cree que la situación está yendo a peor?

–Absolutamente. Las tendencias regresivas que hemos detectado en este periodo van a peor. Se están cargando el Tribunal Constitucional y encima con recochineo. Recomiendo buscar y leer el primer discurso de Manuel García Pelayo, primer presidente del Constitucional. Es una maravilla, él explica lo que tiene que ser el Tribunal, que resuelve contiendas que tienen un impacto político. Podemos entender que un ministro de Energía no pueda dar el salto inmediato a una empresa energética, ¿entonces cómo se explica que un ministro de Justicia pase del Gobierno al Constitucional? No será ilegal, pero es un disparate en términos democráticos. Se está trasladando un mensaje: aquí mando yo y nombro a quien me da la gana. Esto al final va a llevar al colapso del Constitucional. Además, tanto Juan Carlos Campo como Laura Díez van a tener que abstenerse en la mayoría de casos, porque se van a ver leyes que han hecho ellos. Y es que no van al Constitucional por ser juristas de reconocido prestigio, sino porque han estado en el circuito político. Y sobre lo de eliminar el delito de sedición, me remito al exministro Tomás de la Quadra-Salcedo, que siempre ha defendido a este Gobierno, pero que ahora ha dicho que hasta aquí hemos llegado. No contar con un delito que castigue los actos de deslealtad constitucional es un suicidio para cualquier democracia.

–¿Quién está sufriendo más este deterioro de la calidad democrática que apunta el informe?

–Sobre todo, se está viendo deteriorada la independencia judicial. Pero aquí hay que dejar claro que no se trata del juez ordinario, sino de la construcción constitucional del poder judicial como poder del Estado. Bastante hacen los jueces ordinarios con los medios que tienen. El problema no está en ellos, sino en la cúpula, el gobierno de los jueces (CGPJ), en la Fiscalía General del Estado... No puedes poner a una ministra de Justicia al frente de la Fiscalía. Eso es otro disparate y otra consecuencia de lo que comentaba antes de haber pasado del 'y tú más' al 'ahora yo peor'. Además, algo que me preocupa mucho es que estamos viendo declaraciones de cargos públicos que cuestionan la independencia del poder judicial. Si examinamos los primeros años de democracia, tengo serias dudas de que un responsable político cuestione no ya una sentencia, sino que ataque al propio juez. Ahora lo estamos viendo con frecuencia, incluso por parte de miembros del Gobierno. Eso es inaceptable en términos democráticos. Además, hay un intento de un sector de la izquierda de hacer creer que la judicatura es conservadora. Eso en 1978 podría tener cierta razón, pero hoy en día es absolutamente falso. Yo estoy convencido de que los jueces, cuando resuelven sus pleitos, no son de derechas ni de izquierdas. El hecho de que se pongan toga es significativo, porque señala que quien está juzgando es un poder del Estado. La ley le gustará más o menos, pero su independencia está en el respeto a la ley.

–La mayor parte de estos ataques a los jueces vienen por la aplicación de una ley, la del 'solo sí es sí', salida del Parlamento con mayoría absoluta, que está provocando lo contrario de lo que pretendía cuando fue concebida. ¿Es esto una muestra de que también se encuentra en crisis el poder legislativo?

–Toda mayoría parlamentaria tiene derecho, lógicamente, a impulsar los proyectos legislativos que entienda oportunos. Y quienes se consideran progresistas, obviamente quieren ir avanzando en su ideología. Desde esa perspectiva, nada que cuestionar. Ahora bien, las cosas hay que hacerlas correctamente. En este caso, nos encontramos con un Gobierno con una parte, la de Podemos, que, como dijo una secretaria de Estado [la de Igualdad, Ángela Rodríguez] cree que es una anomalía que estén en el Gobierno y eso justificaba la 'diarrea legislativa' con la que estaban actuando. Por desgracia, la expresión de 'diarrea legislativa' define muy bien lo que nos estamos encontrando. Pero es que legislar no es una diarrea. Se está legislando sobre cuestiones muy legítimas, pero están haciendo leyes con unos sesgos ideológicos tremendos y sin preocuparse por el encaje que tienen en el ordenamiento jurídico. En el informe lo llamamos 'leyes pancarta'. Legislar es algo serio. No tienes por qué ser jurista, pero sí asesorarte bien. En Murcia lo hemos visto también, la ILP del Mar Menor es otra 'ley pancarta'. Cuando luego eso entra al ordenamiento jurídico, empiezan los problemas. Se da la circunstancia de que, por mala legislación, están convirtiendo a los jueces en entes todopoderosos. El problema no es querer impulsar un proyecto político progresista, sino creerse en esa superioridad ideológica, casi moral, que hace que dé igual todo, incluidas las garantías constitucionales y la buena técnica legislativa. Y pensarse que se puede escribir leyes como el que escribe un manifiesto para la asamblea de estudiantes de su facultad en la universidad.

–Usted forma parte de un grupo de jóvenes constitucionalistas que abogan por una actualización de la Carta Magna. Vista la situación política actual, ¿cree que sería posible?

–Sería posible si hubiera voluntad de diálogo entre los partidos, ganas de entenderse. Por desgracia, nos encontramos con dos bloques atados por los extremos, infectados por el virus populista iliberal, que ni siquiera se escuchan. Así no podemos continuar, porque la casa constitucional se nos viene abajo. Y no porque la casa sea mala, porque tenemos una Constitución muy buena, sino porque la estamos destrozando. Estamos viviendo en una casa y escupimos en el suelo de la casa. Nombrar a tu ministra de Justicia fiscal general del Estado es escupir en el suelo de la casa constitucional; nombrar a tu otro ministro de Justicia para el Tribunal Constitucional es escupir en el suelo de la casa constitucional; bloquear la renovación del CGPJ por intereses de partido es escupir en el suelo de la casa constitucional... O recuperamos abrazo de la Transición, que fue el fundamento sobre el que construimos nuestra democracia o vamos al colapso.