Las grandes ciudades de la Región de Murcia ponen trabas a las zonas de bajas emisiones para el tráfico

A tres meses de que finalice 2023, se tensa cada día un poco más el pulso entre el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y las 136 entidades locales que aún no tienen fijadas sus ZBE; al menos, no según los criterios marcados por el departamento que dirige en funciones Teresa Ribera. Cerrar el acceso, la circulación y el aparcamiento de los vehículos más contaminantes en determinadas áreas, en las localidades de más de 50.000 habitantes, es un imperativo legal al que no son ajenas Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, cuyas corporaciones son especialmente contrarias al espíritu sancionador de la normativa nacional.

Desde que así lo dejara fijado la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica el 21 de mayo de 2021, inicialmente estos espacios delimitados debían implantarse antes del 1 de enero de 2023. En estos momentos, los cuatro municipios de la Región aparecen con sus ZBE «en trámite» en el mapa interactivo alojado recientemente en la web del Miteco, en el que solo 15 entidades locales colorean de verde la infografía y aparecen como «vigentes».

En Murcia, ejecutado parcialmente el diseño planteado por la Corporación socialista saliente, que delimitaba tres anillos concéntricos desde el casco histórico, lamentan desde La Glorieta que la capital quedara fuera de las subvenciones de fondos europeos a la movilidad sostenible en su segunda convocatoria -solicitadas al Gobierno central por el exalcalde Serrano-. Y lanzan balones fuera sobre el cómo y el cuándo implantarán las ZBE.

Desde Cartagena se dan por vigentes dos zonas de bajas emisiones, el casco histórico y el Ensanche, aunque el Ayuntamiento no se plantea exigir la pegatina medioambiental a los vehículos.

Por su parte, el responsable de la Corporación lorquina se muestra elocuente en sus intenciones cuando dice que las ZBE han tenido «una connotación negativa, porque pensamos que se traducen en restringir la movilidad en el centro y en sancionar, pero no tiene por qué ser así».

No menos explícito se muestra el concejal de Movilidad de Molina, que asegura que van a hacer «una normativa que será bastante laxa para facilitar la vida de los vecinos y que no sea una restricción impuesta por la élite de Bruselas».

El retraso en la regulación de la Ley, cuyo Real Decreto se publicó en noviembre de 2022, y la presión de la Federación Española de Municipios (FEMP), que pidió una moratoria dados los plazos y la envergadura de numerosos planes municipales de movilidad urbana, obligó al Miteco a flexibilizar sus exigencias para dar de margen hasta el 31 de diciembre de este año. Una fecha asociada, además, al plazo límite de ejecución de centenares de proyectos de movilidad subvencionados en una primera convocatoria por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que en total ha repartido 1.500 millones de euros para convertir núcleos de población de más de 20.000 habitantes en entornos más amables.

En ese hito temporal están haciendo pinza ambos ministerios, que han amenazado con la exigencia de devolución de ayudas a los municipios que se muestren rebeldes contra la implantación de las ZBE. Una rebeldía que, según airean desde Moncloa, se debe a un giro a la derecha de las corporaciones tras los comicios municipales del 28 de mayo -es el caso de los cuatro municipios de la Región-; y a las dudas generadas por la aplicación de la norma a través de ordenanzas municipales que deberán fijar, negro sobre blanco, el régimen de sanciones, y excepciones, en su caso, a los vehículos que entren sin etiquetado ambiental a cualquier ZBE.

Desde marzo de 2022, con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Tráfico, el acceso no permitido a estas áreas supone una infracción grave y conlleva una multa de 200 euros, sin pérdida de puntos.

Por Gregorio Mármol

Medio centenar de equipos electrónicos, entre cámaras, paneles y sensores de recogida de datos, ya monitorizan el tráfico en las calles de los dos conjuntos de la zona de bajas emisiones vigente en Cartagena desde abril: el centro histórico y el Ensanche. Esta ciudad es la tercera de España, después de Madrid y Barcelona, en aprobar una ordenanza con medidas para reducir el impacto del tráfico en su casco urbano. Pero a diferencia de esas grandes capitales, no contempla cerrar calles a determinados vehículos puesto que gran parte del centro histórico ya es peatonal. Tampoco exigir la pegatina medioambiental.

La red de control del tráfico dispone de 19 dispositivos que recopilan imágenes e información sobre el tipo de coches que circulan por las vías delimitadas, a qué velocidad lo hacen y sus emisiones a la atmósfera. También hay treinta lectores medioambientales de última generación que miden en tiempo real la calidad del aire y los ruidos. Con todos los datos recopilados, los técnicos municipales tienen información, pueden tomar decisiones en caso de incidencia y también elaborar estudios de tráfico y medio ambiente urbano.

Lo último en entrar en funcionamiento son 18 paneles luminosos en los accesos para trasladar información a la población.

Con la baja de los contratos de adquisición de esos equipos, el Ayuntamiento ha encargado 17 cámaras más para vigilar el tráfico en la Alameda de San Antón, así como en calles perimetrales del centro histórico.

Todas estas iniciativas tienen como trasfondo el Plan de Movilidad Urbana Sostenible CartaGO!, con una veintena de acciones para ofrecer a los cartageneros opciones de movilidad saludables y respetuosas con el medio ambiente. El Ayuntamiento gestiona casi 5 millones de euros en proyectos como la ampliación de la red de carriles bici, la incorporación de autobuses urbanos eléctricos y la habilitación de aparcamientos disuasorios en la ciudad. Sin embargo, el Ministerio de Transportes rechazó este verano la solicitud de medio millón de fondos europeos para implantar en varias avenidas del Ensanche áreas de baja circulación de vehículos y de preferencia peatonal, las denominadas 'supermanzanas'. El Ayuntamiento sigue buscando financiación.

Inmersa en la ejecución del plan de movilidad iniciado por la Corporación municipal socialista, desde La Glorieta explican que «se pretende» delimitar las zonas de bajas emisiones en el casco urbano de Murcia «una vez

concluidas todas las infraestructuras en ejecución y el documento técnico que exige el Real Decreto». Es una memoria que incluirá, entre otras cuestiones, los indicadores de monitorización y seguimiento del tráfico rodado.

Además, recuerdan desde el Consistorio que «ya se encuentran delimitadas extensas zonas que, o bien son peatonales, o en ellas solo se permite el acceso a residentes» (entorno de la Catedral y el Teatro Romea, calle Andrés Baquero, calles San Nicolás y Riquelme o Alfonso X). Estas áreas abarcan cerca de 158.000 metros cuadrados de espacios peatonalizados.

A ello se suma, indican fuentes municipales, el hecho de que, «en la actualidad, se están ejecutando 40 km de infraestructuras segregadas para carril bus y 44 kilómetros de carril bici».

La anterior Corporación solicitó en la segunda convocatoria del Mitma una subvención de fondos europeos para la ejecución de la segunda fase de la ZBE, propuesta admitida provisionalmente y que finalmente quedó excluida. Lo lamenta el equipo del alcalde Ballesta, que encuentra en esa falta de financiación un buen motivo para flexibilizar los plazos de aplicación de la Ley.

En cuanto a algunos pasos ya dados, al margen de la segregación de carriles y la instalación de cuatro estaciones de monitorización ambiental, más otras ocho ya aprobadas, recalcan en el Ayuntamiento medidas que van a adoptarse como la creación de aparcamientos disuasorios o la potenciación del transporte público. Otras propuestas regularán el estacionamiento en la ORA, así como el reparto de última milla y la carga y descarga, además de la bonificación en los aparcamientos de rotación de vehículos eléctricos.

Por Inma Ruiz

El PP aplicará en Lorca, con matices, el modelo de ZBE diseñado en su día por el anterior gobierno municipal del PSOE, y lo hará bajo una premisa principal: el centro de la ciudad «no se va a cerrar al tráfico».

El alcalde, Fulgencio Gil, dijo a LA VERDAD que el proyecto tiene concedida desde abril una subvención de 3,2 millones de euros de los fondos europeos Next Generation y que el equipo de Gobierno se va a poner «manos a la obra para ejecutarlo» sin dejar escapar esa financiación. Recordó que «el plazo máximo para su terminación es el 30 de junio de 2025» y confió en que haya tiempo suficiente, aunque anunció que «si hay que pedir una ampliación, se hará».

Según Gil, en la planificación heredada del PSOE hay «actuaciones interesantes» como la construcción de un aparcamiento disuasorio en el Camino Marín y la creación de la plataforma única en algunas calles del centro «sin llenarlas de bolardos». Está previsto remodelar las calles Álamo, Selgas, Fernando el Santo, Alfonso X, General Eytier, Cuesta de San Francisco, Vicente Ruiz Llamas y Núñez de Arce para hacerlas más accesibles. No están definidas las vías que serán peatonales o semipeatonales.

Habrá que esperar, indica Gil, a que terminen las obras de las rondas de circunvalación central y norte para hacer un estudio detallado y conocer cuántos vehículos usan a diario las nuevas carreteras de evacuación, cuál será su incidencia sobre la reducción de la circulación rodada en el centro y así adoptar medidas. Y recordó que muchas de estas calles del centro histórico están afectadas por las obras de construcción del Palacio de Justicia y soportan el tráfico de camiones pesados.

El alcalde aclaró que «bajo ningún concepto se va a cerrar Lorca», y explica que evitará que la ciudad «tenga los mismos problemas» que presenta ahora Murcia por los planes de movilidad. Avanzó que no se eliminarán carriles de circulación de vehículos en la avenida de las Fuerzas Armadas y Puente Nuevo, Adolfo Suárez y avenida de Europa para implantar carriles bici, como estaba inicialmente previsto.

Por Juan Luis Vivas

El municipio molinense ha recibido 2.822.850 euros de los fondos Next Generation para cuatro actuaciones, de la cuales tres expiran el próximo 31 de diciembre y una a finales de 2024. El Ayuntamiento ha solicitado prórroga al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana «porque la mayoría se encuentran en ejecución o muy avanzadas, pero algunos proyectos terminarán de adjudicarse este mes de septiembre», indica el primer teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Antonio Martínez.

El edil de Vox espera que la prórroga sea concedida «porque los retrasos se fundamentan en lo que ha tardado el propio Ministerio en publicar las normas que regulan estas ayudas y en estar operativas las plataformas informáticas donde hay que subir la información».

Entre las actuaciones que se encuentran en desarrollo destaca, por un lado, el pintado de marcas viales y señalización vertical, y por otro lado, el estudio del marco que regule la zona de bajas emisiones. Sobre este apartado aclara que la ZBE se va a implantar en el entorno de las avenidas Granada e Industria y calles Mayor y Sancho Panza, «pero con las mínimas restricciones, por no decir ninguna, para no ser un impedimento para que los negocios puedan prosperar, por lo que habrá una convivencia entre tráfico y población».

«Vamos a hacer una normativa que será bastante laxa para facilitar la vida de los vecinos y que no sea una restricción impuesta por la élite de Bruselas», apostilla. Martínez también ha informado de que a finales de mes se adjudicará un proyecto de peatonalización en la calle Infanta Elena y de ampliación de aceras en la avenida de la Noria y calle Jesuita Hernández Pérez.

Entre las actuaciones ya finalizadas, destaca los proyectos de ampliación de aceras en las avenidas Industria, Valencia, García Lorca y Gutiérrez Mellado, y en las calles Profesor Joaquín Abellán, Jara Carrillo, San Ignacio y Hernández Pérez. También se han ejecutado los aparcamientos disuasorios Molina Centro y Molina Norte, además de peatonalizar la calle Fe y la plaza Cristo Rey.