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La portavoz del Ejecutivo regional, Ana Martínez Vidal, anunció este jueves la decisión del Consejo de Gobierno de exigir judicialmente a la Confederación Hidrográfica del Segura de forma inmediata el cese de descargas de nutrientes y de agua procedente del acuífero al Mar Menor. El Consejo de Gobierno se reunió con el portavoz del Comité Científico, Ángel Pérez Ruzafa, en una sesión que la portavoz ha calificado de «complicada», y en la que el investigador les informó de que el Mar Menor se encuentra en estos momentos «peor que nunca. La situación es crítica; la capacidad de absorción de nutrientes de la laguna es nula, y los niveles de clorofila altísimos».
La consejera insistió en que la situación es tan crítica que «se puede producir otro episodio de anoxia -una situación que se había descartado en el inicio de esta misma semana-, los niveles de clorofila son más altos que nunca, y la única solución es el cese inmediato de las descargas», remarcó. Martínez Vidal no ha concretado en qué instancia plantearán esas acciones judiciales. Además, reprochó la falta de ayuda del Gobierno central y denunció que su presidente, Pedro Sánchez, no quiso reunirse este jueves con el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras.
De hecho, ya se han iniciado los trámites para solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica que determine que el estado del medio marino del Mar Menor es crítico.
Además, este jueves también se anunció una subvención de 400.000 euros para los armadores o propietarios de embarcaciones de pesca de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar. Esta ayuda se concede por las pérdidas que han sufrido tras la obligada paralización de la actividad pesquera tras el episodio de mortandad peces. En concreto, pretenden cubrir el periodo comprendido entre el 12 de octubre y el 30 de noviembre. En total, van a beneficiar a cerca de 70 trabajadores que ejercieron la pesca en la laguna costera en los últimos tres años.
La justificación de la concesión directa de la subvención reside en que las pérdidas afectan a la totalidad de los armadores o propietarios de embarcaciones de pesca de la cofradía, por lo que resulta imposible promover concurrencia pública, dado que la situación sólo se produce en dichos armadores o propietarios de embarcaciones de pesca.
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