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Por decimocuarto curso consecutivo, las tasas de matrícula en las dos universidades públicas de la Región, la de Murcia (UMU) y la Politécnica de ... Cartagena (UPCT), seguirán congeladas para el periodo 2024-2025. Esa es, al menos, «la intención» del Gobierno regional, que tiene la competencia para establecer el coste que deben sufragar los alumnos que aspiran a titularse en los grados que imparten las facultades y las escuelas de ingeniería de la UMU y la UPCT. El Ejecutivo de Fernando López Miras opta así por la opción más conservadora, puesto que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), de marzo de 2023, establece en su artículo 57.4 b) que, «en el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial, los precios públicos y derechos serán fijados por la Comunidad Autónoma o Administración correspondiente, dentro de un marco general de contención o reducción progresiva de los precios públicos». Antes, la Conferencia General de Política Universitaria establecía una horquilla de tasas máximas marcada por el Consejo de Política Científica.
El Ejecutivo autonómico justificó ayer la congelación de las matrículas afirmando que está «por la labor de facilitar el acceso a los estudios universitarios». Así lo manifestó el director general de Universidades e Investigación, Antonio Caballero, a preguntas de LA VERDAD. Y argumentó: «Tenemos la convicción de que la congelación de tasas es una de las medidas» para favorecer que los jóvenes se incorporen a los estudios superiores y que no los abandonen por motivos económicos.
Caballero llamó a ser «conscientes del esfuerzo que supone para la Administración regional» no repercutir en las familias el aumento del coste real de los servicios educativos posobligatorios, que sube con la inflación. Las tasas académicas que abona el alumno cubren cerca del 20% del coste total de matriculación. El resto se abona con el presupuesto público.
El precio final de la matrícula depende del área de conocimiento, pero oscila entre los 800 y los mil euros al año. En las universidades privadas, la cifra se dispara a entre 9.000 y 10.000 euros.
Los títulos públicos incluidos en el grupo con mayor experimentalidad, como Medicina y las ingenierías, que requieren de más medios para la docencia, son más caros: 16,78 euros por crédito (más de mil euros por curso). Los de grado 2 de experimentalidad (Derecho, Economía, Filosofía...) son algo más económicos: 14,38 por crédito (más de 800 euros). De no aplicarse variaciones en el curso 2024-2025, las tasas seguirán así: 16,78 euros por el crédito en primera matrícula para grados de experimentalidad 1. En segunda matrícula, la cantidad asciende a 33,58; en tercera, a 72,71; y en cuarta, a 100,68. En los grados de experimentalidad 2, el precio actual del crédito es de 14,38 euros. En segunda matrícula sube a 28,77; en tercera, a 62,32; y, en cuarta, a 86,30. La media para un curso completo oscila, de esta manera, entre los 862,80 y los 1.006,80 euros.
El rector de la UMU, José Luján, se mostró partidario de que «en el sistema universitario público, que tiene encomendada una función social, el precio de las matrículas se reduzca año tras año y tienda a cero». Luján insistió en que es «muy consciente» de la complicada situación que atraviesa el erario autonómico, que entre otras cosas acumula ya una deuda de más de 12.000 millones de euros. Pero reclamó que el plan de financiación plurianual del próximo lustro convierta en «decisión política» la voluntad de ayudar a las familias a «reducir el impacto» de las matrículas de la Universidad, concebida como «ascensor social». Ello, complementado con una mejora en la política de becas del Ministerio de Educación y de la Comunidad.
En la UPCT, donde hay más de 5.=00 estudiantes, la rectora expuso su impresión de que la Comunidad no tocará las tasas. «No hemos hablado todavía de este asunto con el Gobierno regional, es pronto. Estamos centrados en el plan de financiación plurianual. Pero me imagino que, por lo que dice la LOSU y teniendo en cuenta la complicada situación económica de la Comunidad, el Gobierno regional mantendrá congeladas las tasas», indicó Beatriz Miguel.
«Bajarlas lo veo complicado, porque eso reduciría aún más nuestros ingresos y le pediríamos compensaciones», añadió. Y valoró que, «en realidad, la matrícula que pagan los alumnos es simbólica, porque no cubre ni el 20% del coste de los estudios, y aún menos en una universidad como la nuestra», con estudios de ciencia y tecnología.
En julio de 2023, con motivo del visto bueno a estos precios por parte del Consejo Interuniversitario –que la Comunidad integra junto a la UMU, la UPCT y la privada UCAM–, el Gobierno regional recordó que la congelación de las tasas implicaba que se debía compensar a las universidades públicas por la pérdida de ingresos. Eso es lo que esperan, de nuevo, los equipos directivos de la UMU y la Politécnica de cara al próximo plan de financiación plurianual, ya que la inflación ha disparado gastos como el consumo eléctrico y el mantenimiento de los edificios y agravan los problemas presupuestarios que arrastran desde hace varios años. Ambas han ido tirando de ahorros para afrontar los gastos.
Una de las claves para corregir los desequilibrios es el Plan de Financiación Plurianual para el próximo lustro, en cuya elaboración trabajan desde octubre la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, y las dos universidades públicas.
El diputado regional de Podemos Víctor Egío reclamó entonces al Ejecutivo, de PP y Vox, que el plan incluya una partida para reducir los precios de las matrículas en las universidades públicas hasta alcanzar los niveles del curso 2011-2012.
«De los 250 millones de euros de presupuesto anual que tenemos, las matrículas que pagan nuestros 32.000 estudiantes solo permiten cubrir treinta millones de euros. Como la Comunidad nos transfiere 190 millones, aún nos faltan treinta millones, que debemos obtener por otras fuentes de ingresos», detalló el rector Luján.
El máximo responsable de la UMU compagina la reivindicación de mayores fondos a la Comunidad, porque «cada año que pasa las universidades públicas nos empobrecemos más», con una actitud «realista». Esta deriva de «la evidencia de que el actual sistema de financiación autonómica perjudica a la Región, cuyos fondos son claramente insuficientes» respecto a otras autonomías.
El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, aseguró ayer que «hay margen de mejora» en el número de becas que conceden el Ministerio de Educación y la Comunidad y en la cuantía de estas. Un tercio de los estudiantes de las dos universidades públicas de la Región reciben beca de estudios y no pagan las tasas. Y Luján considera que el objetivo debería ser que, en los próximos años, ese nivel alcance «al menos dos quintas partes» de todo el alumnado.
Las becas, recordó el rector, son un mecanismo fundamental para «redistribuir socialmente la riqueza» y favorecer el acceso a la Universidad a los estudiantes con menor renta. El mantenimiento de la beca exige aprobar las asignaturas, algo que comparte José Luján, quien destacó que allá donde no llegan los fondos nacionales y regionales lo hacen los de la propia UMU.
«Nadie puede decir que no estudia en la UMU por un problema económico», afirmó en relación con las ayudas que gestiona la Oficina de Atención Social. El dinero llega a estudiantes que, por «motivos sobrevenidos», no pueden sacar adelante las materias y pierden la beca.
Entre las causas que les abocan a esta situación están la enfermedad o el desempleo del padre y/o de la madre, el ser víctimas en casos de violencia de género y los problemas de salud mental, que han crecido como consecuencia de la pandemia, señaló el rector. La Universidad Politécnica de Cartagena dispone de una línea de apoyo económico similar para estudiantes en situación vulnerable.
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