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El Gobierno regional se suma a la ofensiva fiscal del PP por partida doble: este jueves aprobó la rebaja del tramo autonómico del IRPF, y a la vez apuntó que antes de fin de año eliminará el impuesto de Patrimonio, siguiendo la senda de la Comunidad de Madrid y de Andalucía. En mitad de la creciente refriega fiscal entre el PP y el Gobierno central, el presidente López Miras ha dado un paso más en su política de recorte de impuestos y manifestó a Telecinco que quiere utilizar «la mayor recaudación para devolverla a los ciudadanos en forma de bajada de impuestos. Hoy con la deflactación del IRPF; en las próximas semanas, antes de final de año, seguro que con la eliminación del impuesto de Patrimonio», declaró el presidente.
Días atrás, el Gobierno regional condicionó la supresión de este impuesto a una mejora de la financiación autonómica, dejando la puerta abierta y dando a entender que el proceso estaba en estudio. Tal condicionante parece que ha desaparecido en las últimas horas debido a la pugna fiscal de las comunidades gobernadas por el PP y la respuesta del Gobierno central de poner un impuesto a los ricos.
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Fiel a su política de rebajar impuestos, y de alardear de los resultados que dice obtener, el Gobierno de López Miras no piensa quedarse atrás en esta carrera. El presidente de la Comunidad consideró que todas las administraciones están obteniendo mayores recaudaciones, tanto el Gobierno central (con más de 22.000 millones de euros), como las comunidades autónomas, y que esos ingresos extraordinarios deben servir para que la crisis «no asfixie más a las familias, y que tengan que pagar más IRPF porque no tengan mayor poder adquisitivo. Es una cuestión de justicia y coherencia en mitad de la crisis. Sobre el impuesto de Patrimonio, la idea no es eliminarlo para recaudar menos. La experiencia nos dice que cuando se eliminan algunos impuestos que lastran la inversión y la actividad económica, se recauda más». Añadió que se ha comprobado en la Región de Murcia con la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. «En los dos últimos años hemos recaudado 700 millones de euros más», puntualizó.
Al término de la reunión semanal del gabinete, el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, informó que el Gobierno regional tiene ahora «en estudio» la eliminación del impuesto de Patrimonio, aunque no precisó si tal supresión se llevará a cabo antes de que finalice esta legislatura. «Estamos realizando los cálculos en estos momentos», dijo.
El presidente no obstante fue algo más preciso al indicar en varias entrevistas concedidas por la mañana que la supresión de dicho gravamen se acometerá las próximas semanas, o en cualquier caso antes de fin de año, como dijo Telecinco. Previamente, el presidente fue menos preciso en su declaraciones a Televisión Española. Dijo que su Ejecutivo abordará «muy probablemente» para el próximo ejercicio 2023 la eliminación del impuesto de Patrimonio, «compensándolo con los ingresos extraordinarios» que lleguen a la Comunidad. «Ni nosotros, ni ningún otro gobierno, puede tomar una decisión de esa trascendencia sin que cuadren las cuentas», indicó. Por ello, señaló que su Ejecutivo está «cuadrando la previsión de ingresos y lo que supone el impuesto de patrimonio en la Región».
La Cámara de Comercio de Lorca ha mostrado su preocupación por el hecho de que muchos vecinos de la comarca tienen una segunda residencia en Andalucía, que ha suprimido el citado impuesto, y teme la fuga de contribuyentes a Almería para no pagar el tributo que ahora dice el Ejecutivo murciano que está estudiando eliminar.
José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), explicó que la Comunidad Autónoma recauda actualmente 27,2 millones de euros con este impuesto, que afecta a 4.082 declarantes, sobre un total de 4.454, según los datos disponibles del año 2020. Estos contribuyentes representan el 0,43% de los declarantes de renta en la Región, y atesoran una fortuna de 16.212 millones de euros, con una media de 3,6 millones de euros. Tanto su número como la suma patrimonial es superior a la del año anterior a la pandemia. Entonces hubo 4.359 declarantes con unos bienes totales de 15.431 millones de euros. La Comunidad recaudó menos ese año: 25,4 millones de euros.
Mollinedo destacó que muchos afectados por este gravamen declaran ganar 215.000 euros, lo cual «no se considera normal» para el gran patrimonio del que disponen.
El Consejo de Gobierno aprobó como estaba previsto la deflactación del tramo autonómico del IRPF. El consejero Luis Alberto Marín explicó en rueda de prensa que esta medida se suma a la rebaja de la tarifa autonómica aprobada para el período 2019-2023, que supone un ahorro total de 54 millones de euros a los murcianos. Invitó al Gobierno de la nación a que haga lo mismo en el tramo estatal.
Señaló que la deflactación de los cuatro primeros tramos (hay cinco) de la tarifa del IRPF en un 4,1 por ciento busca evitar «una mayor tributación de los contribuyentes por la subida de las retribuciones sin que aumente su capacidad económica, o incluso sea inferior». Indicó que va dirigida a las familias con rentas bajas y medias, «que son las que tienen más difícil llegar a final de mes por la subida de los precios».
El porcentaje de deflactación toma en consideración el incremento del coste salarial ordinario estimado para 2022, fijándose en el 4,1%, y supondrá un ahorro para más de 330.000 contribuyentes murcianos de entre 8,5 y 10 millones de euros. Repercutirá en una media de 25 a 30 euros por beneficiario.
La medida llegará a los contribuyentes que están obligados a realizar la declaración de la renta, es decir al 96% del total de declarantes. No incluye a aquellos que ganan menos de 12.000 y que no están obligados a declarar, y tampoco a las rentas declaradas superiores a los 60.000 euros. El consejero indicó que el mayor beneficio de las familias no sería esos 25 o 30 euros por contribuyente, sino la cantidad que se dejaría de pagar en la declaración del IRPF si se deflacta la tarifa. En caso contrario, explicó que habrá casos en el que haya contribuyentes tengan que declarar el año que viene entre 140 y 283 euros más en su tributación sobre renta, siempre referido al tramo autonómico. Son los dos ejemplos que puso del efecto que causaría dicha deflactación para los declarantes que vean incrementados sus ingresos.
Luis Alberto Marín comentó que esta medida se suma a la rebaja progresiva autonómica del IRPF que está desarrollando en el periodo 2019-2023 y que supondrá un ahorro en esta legislatura de 54 millones de euros, a los que habría que sumar la deflactación aprobada este jueves.
Recalcó que ya existen 15 deducciones autonómicas, de las cuales ya se aplican trece, entre las que se encuentran las de gastos de material escolar y de libros; discapacidad; gastos de guardería; conciliación; inversión en vivienda no habitual para menores de 35 años; nacimiento o adopción; inversión en instalaciones de energías renovables; o la deducción por inversión en dispositivos de ahorro de agua.
También incluye las donaciones a investigación biosanitaria, la protección del patrimonio cultural, las actividades culturales y deportivas y el acogimiento de personas mayores de 65 años.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tachó este jueves de «enorme irresponsabilidad» que otra comunidad, en este caso la Región de Murcia, siga la estela de Madrid tras el anuncio esta semana de Andalucía para suprimir el Impuesto sobre Patrimonio. Además, Montero criticó que este «regalo fiscal» se haga en una comunidad que ocupa los últimos puestos de inversión sanitaria o educativa, algo que considera «duro de admitir en un momento de crisis en el que los ciudadanos lo están pasando tan mal».
Asimismo, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, cargó contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que están compitiendo las unas contra las otras para eliminar los impuestos a los ricos, al tiempo que solicitan más fondos al Estado o incluso más recursos europeos. «No el momento de desmontar el Estado. Es totalmente incongruente e irresponsable», criticó la vicepresidenta primera en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco. Se preguntó si el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está coordinando a su formación o si hay una especie de «carrera destructiva» fiscal a la baja que ya se ha desencadenado. «Me pregunto si aquí hay alguien al mando».En este sentido, Calviño ve «totalmente incoherente» y de una «enorme irresponsabilidad» que los líderes de las comunidades autónomas de Andalucía y Madrid, regiones que están a la cola en el gasto público sanitario por habitante y a la cola en el gasto por estudiante, bajen los impuestos a los ricos y recorten los servicios públicos. A esto se suma, según Calviño, que la Región de Murcia parece ser que se está uniendo a esta carrera fiscal a la baja, pese a ser «una comunidad autónoma que tiene serios problemas de sostenibilidad fiscal».
Satisfacción de ATA
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Murcia, por otro lado, ha calificado de «gran acierto» la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno de la deflactación del 4,1% del tramo autonómico del IRPF, señaló en un comunicado. «Bajar los impuestos a empresas, autónomos y ciudadanos es siempre una buena noticia», dijo Francisco Casado, presidente de ATA Murcia, quien indicó que esta rebaja fiscal «ayudará a mitigar los efectos de la subida de los precios provocada por la situación económica actual».
Recordó que la Región lidera el número de autónomos en el territorio nacional, con más de 102.464 trabajadores por cuenta propia. Así, la reducción fiscal «supondrá un ahorro para más de 330.000 contribuyentes, de entre 8,5 y 10 millones de euros». Animó al Gobierno central a «seguir este camino de rebajas fiscales».
El Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) estima que el nuevo impuesto a las grandes fortuna que prevé aplicar el Gobierno de la nación podría afectar a los 4.082 contribuyentes que realizan actualmente declaración del impuesto de Patrimonio en la Región de Murcia, indicò el secretario general de este organismo, José María Mollinedo.
«Si el gravamen, finalmente, se aprueba para los contribuyentes de más de 1 millón de euros de patrimonio neto (sin bienes exentos) afectará a los 4.082 declarantes del impuesto de Patrimonio», precisó Mollinedo. Puntualizó que será así si el Gobierno regional les bonifica el impuesto Patrimonio a partir de 2023, como tiene previsto hacer. Mollinedo señaló que el impuesto a las grandes fortunas se pagaría en las comunidades que hayan suprimido el tributo de Patrimonio, por lo que considera que no existiría un doble gravamen.
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