El Gobierno regional carga contra la «insolidaria y errónea» política migratoria del Ejecutivo central

El Gobierno regional volvió a cargar contra la política migratoria del Gobierno central, que considera «insolidaria y errónea». Así lo transmitió la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, este lunes durante la XIII Conferencia Sectorial de Inmigración. En concreto, Ruiz denunció el traspaso de competencias a Cataluña ante la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. «Están utilizando a personas vulnerables como mercancía de cambio para contentar a sus socios catalanes, a través de medidas anticonstitucionales y poniendo en riesgo la integridad del Estado Español», sostuvo.

Al respecto, mostró su «total rechazo, porque lo que hace es ahondar en la desigualdad entre regiones». Además, la consejera reafirmó la intención del Gobierno regional de recurrir ante el Tribunal Constitucional el acuerdo de cesión a Cataluña de las competencias de inmigración. «La gestión de la inmigración es una competencia exclusiva del Estado y su deber es establecer soluciones estratégicas para afrontar la crisis migratoria y no trasladar el problema a las comunidades autónomas», insistió.

Igualmente, Conchita Ruiz solicitó nuevamente a la ministra Saiz un plan nacional de inmigración «donde todos intervengamos en igualdad de condiciones, de forma responsable y con los recursos y financiación necesaria para poder garantizar el bienestar y protección de las personas migrantes que llegan a nuestro país en situación de vulnerabilidad».

La titular de Política Social expuso durante su intervención que la situación en la Región de Murcia sigue siendo «de sobreocupación y de recursos tensionados». Se refirió al informe del Ministerio de Migraciones, con fecha 21 de febrero de 2025, que señala que la ocupación de las 2.883 plazas de los sistemas de protección internacional y de ayuda humanitaria de que disponen las entidades sociales en la Región de Murcia roza el 100%. De ellas, 1.280 plazas están el Hospital Naval de Cartagena, con una sobreocupación del 117 por ciento.

A estos datos se suman los más de 500 menores migrantes atendidos en los centros de protección regional, «que superan el 223 por ciento de ocupación», según fuentes del Gobierno regional. Además, Ruiz criticó la «falta de financiación por parte del Estado». «Para atender a los menores migrantes no acompañados la financiación estatal recibida tan sólo representa el 5% del coste real soportado por la Comunidad, que en la actualidad asciende a alrededor de 17 millones de euros, frente a los 856.000 euros que ha sufragado el Gobierno de España», según fuentes del Ejecutivo.

Ruiz pidió a la ministra que «dejen de hacer las cosas por la puerta de atrás. Las comunidades pedimos transparencia y equidad, ya que más de un año después seguimos sin recibir la información que hemos solicitado sobre el número de personas migrantes que llegan, qué criterios de distribución se siguen o cuántas plazas disponen el resto de las comunidades. Además, continuamos sin una hoja de ruta que permita reconducir esta situación migratoria de forma eficiente y responsable».

Vox volvió a insistir en «devolver» a los menores extranjeros no acompañados «con sus padres, en su ambiente cultural y con sus familias». «No se puede tener, sin duda alguna, en la Región de Murcia a todo inmigrante que entre de manera ilegal nuestro en país», criticó José Ángel Antelo, quien recordó que el PP apoyó en la Asamblea la proposición de su partido para impulsar la repatriación.

«Lo que hay que hacer, sin duda alguna, es controlar las fronteras y mandar un mensaje claro a las mafias: todo aquel que entre en España debe hacerlo cumpliendo la norma y adaptándose a nuestras costumbres», insistió Antelo. «Y si tienen que cumplir una condena, que lo hagan también en sus países de origen», concluyó.

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