La Comunidad estudia vías legales contra el plan de ahorro energético de Sánchez

La Región de Murcia busca opciones para incumplir el primer paquete de medidas del plan de ahorro energético de Pedro Sánchez, aprobado el lunes en el Consejo de Ministros, en el marco de los objetivos de la Unión Europea para la reducción del consumo en un 15% por el temor a restricciones en el suministro del gas ruso. Se suma así al frente iniciado por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la primera, como en otras ocasiones, en abrir fuego contra los dictados del Gobierno central. Ayuso se apresuró nada más conocer el decreto ley aprobado a asegurar abiertamente que en la Comunidad de Madrid no se aplicará. «Madrid no se apaga», dijo. Del mismo modo se expresó ayer el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño, quien anunció que «el Gobierno regional va a estudiar todas las posibilidades jurídicas que dé el decreto para estudiar su aplicación o no». Un pulso legal que, no obstante, no llegará nunca al incumplimiento de la ley, matizaron desde el Palacio de San Esteban.

Murcia sigue de este modo los pasos de Madrid como ha hecho en otros asuntos, como el anuncio de la revisión de los libros de texto para evitar contenido «sectario» o la deflacción de la tarifa autonómica del IRPF para todos los tramos de renta, es decir, ajustar la cuota a la evolución de la inflación.

El plan de ahorro energético de Sánchez, que se extenderán hasta noviembre del año 2023 y que será ampliado en septiembre con un nuevo paquete de medidas, contempla, entre otras actuaciones, el establecimiento de límites a la temperatura del aire acondicionado en edificios públicos, comercios, bares y restaurantes y otros establecimientos, donde no podrá ser inferior a 27 grados, y mínimos a la calefacción, que no podrá superar los 19. También ordena el apagado de los escaparates de las tiendas y de las luces de los edificios públicos a partir de las diez de la noche. Fuentes de la Comunidad lamentaron ayer que la redacción del decreto ley se haya hecho «de espaldas no solo a las autonomías, sino a los sectores afectados», e insistieron en que el Ejecutivo «no está de acuerdo» con el contenido conocido hasta el momento. «Discrepamos en el fondo y en las formas con el planteamiento del Gobierno de España. Por eso estudiaremos nuestro margen competencial», explicaron. Para la Comunidad, las restricciones «vuelven a entrar en la libertad de los ciudadanos y de las empresas, con afecciones seguras al comercio, al turismo y a la hostelería».

«Obligar a las regiones y a las empresas por decreto no parece un ejemplo de diálogo ni de trabajo conjunto. Más cuando la implicación del Gobierno central en este plan de ahorro energético termina en quitarse la corbata en las ruedas de prensa», señalaron.

El Gobierno regional estima que «la eficiencia energética no es prohibir el consumo», sino «incentivar el ahorro, evitar pérdidas innecesarias y buscar fuentes alternativas más eficientes y ecológicas». En este sentido, Ortuño anunció que la Consejería de Hacienda está trabajando ya en su propio plan, «con medidas concretas y eficaces que tienen como objetivo reducir la factura de la luz entre un 40% y un 60% en los edificios públicos de la Administración autonómica». El Ejecutivo espera alcanzar estas cifras el próximo año a través de actuaciones en torno a tres ejes: centralización de contratos de suministros, instalación de nuevas tecnologías para un consumo más eficiente y actualización de las instalaciones de climatización, e instalación de plantas de energía fotovoltaica.

Ortuño tildó las medidas del Gobierno nacional de «cosméticas, improvisadas e intervencionistas» y aseguró que no tienen «respaldo técnico» ni cuentan con el consenso necesario.

Ante la ofensiva de las comunidades gobernadas por el PP, el presidente del Gobierno central pidió ayer a los partidos y los gobiernos regionales que cumplan el plan de ahorro y «huyan de cualquier comportamiento unilateral, insolidario y egoísta» que va en contra de la posición «europea y europeísta» en la crisis energética actual.

La vicepresidenta económica Nadia Calviño subrayó, además, que «un real decreto ley hay que cumplirlo», y recordó que las sanciones por infracción ya están reguladas en el régimen actual del reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, con sanciones de 60.000 euros en caso de faltas leves, que son las que, según deslizaron desde el Ministerio, se aplicarían.

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