El Gobierno lleva a una cárcel sin abrir de Málaga a 464 argelinos

Seis juzgados de toda la Región, de los que dos trabajaron a destajo en un pabellón polideportivo de Santa Lucía (Cartagena), resolvieron ayer en diez horas la crisis provocada por la llegada de 519 inmigrantes irregulares a la ciudad portuaria desde el viernes. Por la noche, su número creció en 40, avistados cerca de la costa de Cabo de Palos, aunque estos tendrán que esperar a que su situación se resuelva hoy.

Los jueces decretaron el envío de 464 extranjeros a la cárcel construida en Archidona (Málaga), sin inaugurar pero lista para acoger internos. Estarán allí mientras se tramita el decreto de devolución a Argelia, de donde son la mayoría. A las siete de la tarde, partió de Cartagena el décimo autobús utilizado para los traslados a Málaga, con los últimos 50 africanos de los 285 que estuvieron dos días alojados en el polideportivo. Antes habían salido de la Región el resto de los varones mayores de edad, con ese mismo destino.

El delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, felicitó anoche a los integrantes del dispositivo organizado para resolver la crisis por haberlo conseguido en «una jornada histórica» de «colaboración institucional». Por la mañana, en Murcia, ya había reiterado le necesidad de resolver enseguida esta crisis que, para disipar las dudas suscitadas con la llegada, el 3 de noviembre, de 280 personas a bordo de 27 embarcaciones. «Todos los servicios de inteligencia y de información del Estado coinciden en que lo que pasó ha motivado el intento de este fin de semana», indicó Bernabé, que sustituyó hace diez días a Antonio Sánchez-Solís, responsable de la Delegación del Gobierno cuando 60 de aquellos inmigrantes quedaron libres.

Aquel episodio pasó, indicó Bernabé, porque «no hubo ningún tipo de previsión» y ante la «falta de medios suficientes». Por eso ahora era necesario «responder como marca el Estado de Derecho» y no lanzar «el mensaje de que Cartagena puede ser un puerto franco de entrada a España y a la Unión Europea». A las siete de la tarde, Bernabé vio cumplido su objetivo.

A su lado, comparecieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pasqual del Riquelme, y la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón. Pasqual de Riquelme relató cómo el juzgado de Instrucción 3 Cartagena inició, diez horas antes, la toma de declaración a los 285 extranjeros albergados en el pabellón. El número 2 repartió a su personal entre las instalaciones deportivas y un retén situado en el Palacio de Justicia, donde también atendió a inmigrantes. Órganos judiciales de Murcia, Molina de Segura y Lorca se ocuparon de los otros 200 extranjeros distribuidos en comisarías de la Región, para enviarlos a Archidona en un tiempo récord. «Había preparado un séptimo juzgado para mañana, pero no ha sido necesario», explicó

Por su parte, Ana Belén Castejón, agradeció la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los servicios de asistencia social del Ayuntamiento y de las instituciones privadas, para ayudar a todos los inmigrantes. Cruz Roja dio asistencia médica y equipó con literas el pabellón de Santa Lucía, Cáritas proporcionó alimentos; Accem y Cepaim pusieron traductores y mediadores sociales, mientras que FCC y Lhicarsa trabajaron en la limpieza.

Tres días con un pabellón cartagenero lleno de literas, donde los inmigrantes fueron alimentados a base de bocadillos, zumos, galletas y leche, acabaron ayer con esta frase, a pie del autobús Cartagena-Málaga: «Dentro de tres meses, volvemos». Eso se oyó decir a uno de los 285 inmigrantes. Su idea, si se agotan los sesenta días de internamiento previo a la repatriación, es volver a embarcarse cuatro semanas después, otra vez con rumbo a España.

Esta víctima de las mafias y la mayoría de los compatriotas que le acompañaron en el polideportivo rondan los 20 años y son de clase media y baja. Su suerte fue peor que la de las nueve mujeres que siguen en la Hospitalidad de Santa Teresa, que si consiguen ponerse en contacto con sus familiares en España quizás puedan quedarse en el país.

Junto a los trabajadores municipales que ayudan a esas mujeres, el Ayuntamiento ha puesto a otros doscientos empleados públicos a trabajar en este dispositivo, incluidos policías locales, asistentes sociales, conductores y limpiadores.

El coordinador municipal de Servicios Sociales, Damián Pérez, destacó el clima de tranquilidad que reinó en el pabellón, pese a la «frustración» de los inmigrantes, «que son víctimas de mafias que les prometen un porvenir» que choca con la realidad en España. «Se les notaba muy confusos. Después de muchas horas de travesía en el Mediterráneo, muchos no sabían si estaban en Mallorca, si estaban en Alicante o si habían llegado a algún otro sitio», relató.

Tras su pase a disposición judicial, los cuerpos de seguridad el Estado devolvieron a los inmigrantes -entre los que había tres subsaharianos, uno de ellos de Mali- las escasas pertenencias con las que llegaron a las costas de Cartagena: teléfonos móviles, ropa y, en algunos casos, dinero. Con este, habrían pagado a las mafias (en la Región y en Almería han sido detenidos recientemente varios presuntos pateristas o patrones de las embarcaciones) o habrían continuado su viaje, quizás a Francia, de haber alcanzado la costa en sus pateras.

Fuentes municipales indicaron que la última gran crisis humanitaria que atendió el Ayuntamiento de Cartagena se remonta aveintidós años atrás. Fue la de los refugiados bosnios de la Guerra de los Balcanes, llegados al puerto en un buque de la Armada en 1995.