El Gobierno endurecerá el régimen de incompatibilidades de los altos cargos

La norma sustituirá la ley del Estatuto Regional de la Actividad Política, que data de 1994 y ha quedado desfasada, según explica el consejero de Transparencia, Participación y Administración Pública, Antonio Sánchez Lorente, responsable de la elaboración de la nueva norma.

La ley de 1994 establecía «una tímida regulación de las obligaciones de los altos cargos y de las consecuencias de su incumplimiento que no es efectiva para garantizar la adecuación de su actuación a las condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a las funciones públicas que desempeñan», según puede leerse en la memoria justificativa de la consulta previa a que se sometió el anteproyecto de ley.

Esta consulta previa constituye el primer paso en el proceso de elaboración de la ley y sus resultados fueron muy pobres, ya que solo dos ciudadanos plantearon aportaciones durante el plazo en que estuvo abierta, del 21 de julio al 5 de septiembre pasados.

El consejero espera que cuando se concluya el borrador de la ley y vuelva a someterse a consulta pública sea mayor el número de propuestas ciudadanas.

Además de endurecer el régimen de incompatibilidades, está previsto que la nueva ley incluya la creación de la Oficina del Buen Gobierno, que será la encargada de velar por su cumplimiento por parte de los altos cargos. La regulación de los posibles conflictos de intereses, de las declaraciones de bienes que realicen los cargos e incluso de los regalos, gastos de viaje y de representación son otros aspectos que aparecerán en el futuro texto legal, según explica Sánchez Lorente.

«Queremos darle un enfoque eminentemente técnico y jurídico teniendo en cuenta la legislación estatal sobre esta materia, así como la que ya existe en otras comunidades autónomas», declara el consejero a LA VERDAD.

Otro de los objetivos de la norma es «regular los principios rectores de la actuación de los altos cargos, matizando qué implica la exigencia de idoneidad y honorabilidad en las personas que ostenten dicha condición y las consecuencias que pueda producir la pérdida de esas características», según puede leerse en el apartado del Portal de la Transparencia de la Comunidad Autónoma dedicado a las iniciativas normativas.

«Establecer el régimen de planificación y evaluación de la actividad de los altos cargos y, en su caso, el régimen de sus regalos, viajes y gastos», y «proporcionar una noción de conflicto de interés y prever un régimen de abstención, inhibición y recusación de los altos cargos», son otros dos propósitos que se ha marcado la Consejería.

Con respecto al régimen de incompatibilidades, el consejero precisa que la intención no es flexibilizarlo, sino «más bien lo contrario». Entre los objetivos de la futura ley están «delimitar con claridad las excepcionales actividades públicas y privadas que puedan ser compatibles con el desempeño de la condición de alto cargo» e «instituir un sistema de incompatibilidad posterior al cese que evite las 'puertas giratorias'».

El texto legislativo también fijará «controles sobre el patrimonio, para evitar enriquecimiento con cargo a fondos públicos», e incluso prevé «tipificar un régimen sancionador para hacer frente a los presuntos incumplimientos».