La ministra Isabel Rodríguez tilda el asalto al Pleno de Lorca de «agresión a la democracia»

Las reacciones al asalto de los ganaderos al Centro de Desarrollo Local de Lorca recorrieron este martes todo el arco político nacional, empezando por el Gobierno central, que a través de su portavoz, la ministra de Isabel Rodríguez, mostró ayer su «rechazo» y «condena» a este acto violento que consideró una «agresión a la democracia».

Rodríguez transmitió «todo el apoyo» del Gobierno a toda la Corporación municipal de Lorca y a su alcalde, y añadió, en referencia a Vox y PP, aunque sin nombrarlos, que «no cabe en esta cuestión de violencia ningún apoyo ni ninguna otra consideración» por parte de «quienes se consideran demócratas y, por tanto, defienden las instituciones del Estado».

Tanto PSOE, como Podemos y Ciudadanos coincidieron en acusar al Partido Popular y a la formación que lidera Santiago Abascal, que ni siquiera llegó a condenar los altercados, de mostrarse tolerantes frente a los incidentes. Aunque los populares sí lanzaron diversos mensajes de condena, sus frases de apoyo a los ganaderos y las críticas al Gobierno central con las que las acompañaron fueron interpretadas como una muestra de tibieza frente al episodio violento.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, fue uno de los integrantes de la cúpula popular que situó el apoyo al sector justro tras su condena: «Rechazamos todo tipo de violencia, como siempre ha hecho el principal partido de la oposición, y esto es compatible además con reivindicar el trabajo de nuestros ganaderos y agricultores», manifestó. Un paso más allá fue la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, que también rechazó «cualquier acto de violencia» para, a continuación, señalar a las políticas y actitudes del Gobierno de Pedro Sánchez con los ganaderos como detonante de su malestar. Además señaló en concreto la figura del ministro de Consumo, Alberto Garzón, contra el que cargó nuevamente por las declaraciones que realizó en el diario 'The Guardian' abogando por una ganadería más sostenible y criticando a las macrogranjas. «Los ganaderos tienen un problema porque tienen un Gobierno absolutamente lamentable con un señor que está insultando a la calidad de la carne española», afirmó Pastor.

Más crítico aún se mostró el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que se situó sin ambages del lado de los ganaderos que obligaron a suspender la celebración del Pleno en Lorca y se limitó a celebrar que los disturbios no provocaran daños materiales ni personales. El portavoz mostró su comprensión con la «desesperación» de los asaltantes y del resto del sector ganadero ante las decisiones de «los políticos de la Agenda 2030». También aprovechó la ocasión para cargar contra «la izquierda violenta» que se manifestó rodeando el Congreso, «que quema contenedores, cajeros o calles cada vez que Vox consigue una victoria».

Al otro lado del espectro parlamentario, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, tildó lo sucedido de muestra del «fascismo del siglo XXI» y reclamó que la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad del Estado «tomen cartas» al respecto para que el episodio no quede «impune».

Echenique valoró, durante una rueda de prensa en el Congreso, que lo ocurrido tiene «mucho que ver» con el ambiente de «bulos», «mentiras» e «intoxicación» que vierten los «partidos de derecha y extrema derecha».

En la misma línea se expresó el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, que subrayó la política de «confrontación» y de «ruido y beligerancia» de las formaciones de la derecha.

Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, lamentó que PP y Vox insistan en señalar que tras el 'estallido' de los agricultores están las políticas del Gobierno central en lugar de cerrar filas con el resto de formaciones. «Ciudadanos no justifica ni tolera la violencia buena o mala porque sea de derechas o izquierdas, sino que la condena sistemáticamente», subrayó.

Desde el sector independentista catalán se aprovechó el asalto para acercarlo a su batalla política. Mireia Vehí, portavoz de la CUP en la Cámara Baja, aseguró que si el incidente se hubiera producido en su comunidad autónoma «ya se estaría hablando de un delito de sedición». Con esta premisa se preguntó cuál será ahora la acción de la justicia en la Región de Murcia y si los tribunales «van a defender a las instituciones públicas» o, por el contrario, «la patronal y la ultraderecha pueden hacer lo que les plazca».

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