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El compromiso del Gobierno regional con el 'pin parental' es «indudable». Así lo reconoce el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, en un ... informe sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos con Vox para los Presupuestos de 2020 que ha sido enviado a este partido. El Ejecutivo pretende sacar adelante el techo de gasto y las cuentas públicas de 2021 con los votos del grupo de Vox en la Asamblea, dividido entre los tres diputados que fueron expulsados del partido y un parlamentario que aún pertenece a la disciplina de Santiago Abascal.
El informe comunica que está en marcha la modificación de los tres decretos que establecen el currículo en Primaria, Secundaria y Bachillerato, con el fin de «aumentar la colaboración y participación de las familias en la toma de decisiones relativas a los procesos educativos de sus hijos» y de «adoptar las medidas adecuadas para garantizar que la enseñanza de los contenidos curriculares deba estar presidida por la objetividad, la neutralidad, el respeto, el pluralismo y el uso de criterios científicos».
Esta nueva regulación normativa del 'pin parental' arrancó con un proceso de consulta pública finalizado en febrero de 2020, que recibió 8.954 aportaciones. Ahora tocaría redactar el texto definitivo de los decretos, someterlos a información pública, resolver las alegaciones que se presenten y recabar la opinión de los letrados de la Comunidad y el Consejo Jurídico de la Región. Después, se aprobaría, si procede, en Consejo de Gobierno.
Celdrán reconoce que la pandemia ha retrasado la tramitación y recuerda que en el curso 2020/2021 no se están celebrando actividades externas en los centros educativos, debido a que nadie ajeno a los mismos tiene permitida la entrada en ellos por el protocolo de la Covid.
«La Consejería de Educación no ha recibido durante el curso pasado ninguna reclamación de alumnos, padres o docentes, en cuanto a la idoneidad o no de actividades complementarias», concluye el documento enviado por la Consejería de Hacienda a Vox.
Otro de los compromisos que se asumieron en el acuerdo presupuestario del año pasado era que el centro de alojamiento de menores extranjeros no acompañados –lo que Vox llama 'menas'– de la pedanía murciana de Santa Cruz deje de utilizarse como tal. El consejero de Hacienda informa de que, para el cumplimiento de este punto del pacto, «se seleccionó un terreno del que se disponía junto al centro educativo Las Moreras, que reunía todos los requisitos».
Si el compromiso no se ha materializado es porque «se agotó el plazo establecido para el inicio de las obras en el acuerdo de cesión del propietario: el Ayuntamiento de Murcia». «Por ello, se solicitó que se procediera a la reversión del bien y a acordar una nueva cesión para la construcción de este centro. Ya se ha producido la reversión, nos requirieron documentación complementaria que ya se aportó y, actualmente, estamos a la espera del acuerdo de cesión del Ayuntamiento, que suponemos se realizará de forma inminente. En cuanto se produzca la reversión, procederemos a la licitación del proyecto», dice el documento.
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