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La Región de Murcia no solo es una de las únicas cuatro comunidades en las que no se practican interrupciones voluntarias del embarazo en ... el sistema público, sino que además carece de centros privados que realicen estas intervenciones a partir de la semana 20, cuando la ley contempla la posibilidad de abortar por graves malformaciones en el feto o riesgo para la salud de la madre. Veinte mujeres fueron derivadas el año pasado a clínicas privadas de Madrid por este motivo. Algunos profesionales quieren cambiar esta situación, denunciada desde hace años por la Asociación de Usuarios de la Sanidad y otras organizaciones sociales.
«Aquí se ha dicho siempre que no se hacen abortos porque todo el mundo es objetor de conciencia, pero no es así, algunos no lo hemos sido nunca», explica un ginecólogo de La Arrixaca a LA VERDAD, que prefiere ocultar su identidad. La ley de plazos de 2010 dejó claro que el rechazo a participar en la interrupciones voluntarias del embarazo es una «decisión individual» que debe plasmarse por escrito. En 2017, la Consejería de Salud aseguró, en una respuesta a la entonces diputada de Podemos María Ángeles García, que el 78% de los ginecólogos del Servicio Murciano de Salud se habían declarado objetores. Todos los profesionales de la red pública en Cartagena, Lorca, Noroeste, Altiplano, Reina Sofía y Mar Menor se mostraban contrarios a practicar abortos, mientras en La Arrixaca había 31 objetores y otros 31 ginecólogos que, según la Consejería, no se habían pronunciado.
20 mujeres fueron enviadas a clínicas de Madrid el año pasado para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo por encima de las 20 semanas de gestación. En 2019, fueron 19 las afectadas. La Región es una de las cuatro comunidades en las que no se practican abortos en centros públicos.
Aquellos datos, sin embargo, se recogieron «mediante una encuesta hecha de la noche a la mañana en la que solo se podía responder con un sí o con un no», asegura uno de los profesionales que fueron consultados. Fue «algo poco serio», resume. Posteriormente, el ex director gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Asensio López, tomó la decisión de revisar la política que hasta entonces se había seguido en la Región, según explican fuentes consultadas en el SMS. Lo hizo después de que empezasen a salir a la luz testimonios de mujeres que denunciaban secuelas psicológicas fruto de la falta de apoyo de la sanidad pública, que las había enviado a Madrid para abortar. La polémica ha vuelto a saltar a la palestra esta semana de la mano del programa Salvados, en La Sexta.
Asensio López se encontró sin embargo con un clima mayoritariamente hostil al cambio, de forma que hasta noviembre de 2020 no se realizó una nueva encuesta en La Arrixaca. En este caso se preguntó, vía 'online', en qué supuestos estarían dispuestos los profesionales a practicar abortos. El resultado fue muy diferente al registrado tres años antes. Solo el 30% de los ginecólogos se mostraron contrarios a cualquier tipo de interrupción voluntaria del embarazo, según explicó Juan Luis Delgado, jefe de la Unidad Materno Fetal, en 'Salvados'. El resto de la plantilla se dividió entre quienes manifestaron que no se opondrían a practicar estas intervenciones en algunos supuestos muy concretos, como riesgo vital para la madre o inviabilidad del feto, y quienes no pusieron limitaciones para los abortos por causas médicas por encima de las 20 semanas.
La encuesta también se realizó entre las matronas y anestesistas. «Hay profesionales suficientes para realizar los abortos que ahora mismo se derivan a Madrid», resume una fuente de La Arrixaca.
Pero los meses siguen pasando y nada ha cambiado. Las pacientes continúan viajando a Madrid para pasar por este trance lejos de su casa. «Son mujeres a las que abandonamos en el peor momento, después de decirles que su hijo tiene una malformación muy grave. Tienen un plus de sufrimiento, y tenemos una responsabilidad con ellas», advierte el ginecólogo que ha decidido expresar su malestar a LA VERDAD.
Algunas fuentes de La Arrixaca aseguran que se está cerca de resolver esta situación, pero el consejero de Salud, Juan José Pedreño, se limitó a afirmar el lunes, tras ser preguntado al respecto, que se está «trabajando» para «mejorar» la atención a estas mujeres. Juan Luis Delgado, por su parte, ha declinado hacer declaraciones.
La Asociación de Usuarios de la Sanidad pide que se actúe ya y denuncia la «opacidad» de la Consejería. «No hay listado de objetores de conciencia, pese a que lo exige la ley», advierte Teresa Martín, presidenta de esta organización. El problema afecta «a mujeres que en ese momento se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad» y necesitan «de un apoyo especial y de la cercanía de los suyos».
El ex director gerente del SMS, Asensio López, presentó en julio de 2018 una propuesta para poner orden en las derivaciones a las cinco clínicas privadas que en la Región practican abortos. En concreto, planteó un contrato que abarcaría las intervenciones hasta la semana 22 de embarazo por un periodo de cuatro años, y por un importe de 4,1 millones de euros. Este proceso de adjudicación, que no salió adelante, habría permitido especificar las condiciones y requisitos que se exigen a las clínicas. El objetivo del SMS era, además, incidir en aspectos como la prevención de embarazos no deseados, con la indicación de métodos anticonceptivos, y la continuidad en la atención, de forma que a las pacientes se les hiciese un seguimiento desde la sanidad pública. Este contrato, sin embargo, debía ser aprobado por Consejo de Gobierno, dada su elevada cuantía. El proyecto quedó en un cajón. La Consejería de Salud no contestó ayer a las preguntas planteadas al respecto por LA VERDAD. Fuentes de este departamento se limitaron a señalar que «el SMS no tiene suscritos contratos con las clínicas concertadas». Las derivaciones se realizan a través de «circuitos establecidos en las áreas», de forma que se factura a través de «un procedimiento sin licitación».
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