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Tres minutos. Ese es el tiempo en que, estima la Policía Nacional, se retrasó la evacuación de la discoteca Fonda Milagros, donde perdieron la vida las trece víctimas de la tragedia de Atalayas. Un lapso de tiempo que el gerente de este local de ocio, Daniel Ramírez, desplegó este martes para tratar de explicar y escurrir su responsabilidad en el fatal incendio. «Esto se podría haber evitado», recalcó el investigado tras desfilar ante la jueza. «Simplemente con que nos hubieran avisado unos minutos antes habríamos salvado trece vidas».
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia continuó ayer escuchando al último de los investigados por el incendio que el pasado 1 de octubre asoló las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en esa conocida zona de ocio de Murcia. En esta ocasión, fue el turno del responsable de Fonda Milagros, que estuvo acompañado de sus abogados defensores, Francisco Javier Verdú y Francisco Adán. Ramírez hizo hincapié en que nadie les avisó del fuego que supuestamente se originó en la discoteca Teatre y que, tras extenderse, acabó dejando trece víctimas mortales tras las paredes de su local. «Nos dejaron y no pudimos hacer más», concluyó.
A lo largo de más de una hora de declaración, este investigado accedió a contestar a las preguntas de la jueza instructora, del fiscal y de su defensa, pero no del resto de partes. Ramírez señaló a Marco Martínez como el principal responsable de Teatre y la persona con la que, en los últimos años, él habría gestionado los contratos de arrendamiento del local de Fonda Milagros y las licencias de apertura del mismo. «Había un contrato de alquiler», recalcó uno de sus letrados. «La Fonda la alquila Marco y hasta el último momento quien cobra el arriendo era Marco». Esta declaración choca con la versión de Martínez que la pasada semana ante la magistrada sostuvo que llevabacinco años desvinculado de la explotación de Teatre y que únicamente ejercía un papel de arrendador.
Al ser preguntado por la falta de licencia y la orden de cierre que pesaba sobre ambos locales, el letrado defensor de Fonda Milagros remarcó que existía una solicitud de legalización de los establecimientos, con un proyecto, posterior a la orden de cierre. «El Ayuntamiento da un plazo para legalizar esa situación», subrayó esta parte. «Técnicamente el local podía funcionar siempre que no hubiese un peligro».
Adán hizo hincapié en el papel determinante que, ya había destacado su cliente, tuvo ese retraso a la hora de alertar del incendio. «Teatre detecta el fuego a las 5.58 horas y La Fonda no lo hace hasta cuatro minutos después, aproximadamente», explicó. «En esos cuatro minutos hubiera dado tiempo de sobra a desalojar y a que no hubiera fallecidos».
Al ser preguntado por la falta de puertas de emergencias en La Fonda, este letrado sostuvo que en el proyecto del ingeniero que realizó la obra de los locales se fijaban dos puertas de emergencias para La Fonda que conectaban con Teatre y que quedaron inutilizadas con motivo del fuego. «Eso es algo», incidió, «que tendremos que preguntarle al ingeniero». La Policía concluyó, en su informe, que las discotecas no contaban con «un sistema conjunto y coordinado» de emergencias y evacuación «acorde a un único establecimiento con dos espacios».
El gerente de Fonda Milagros aprovechó además la ocasión para expresar «mis más sinceras condolencias a las víctimas y a todas las personas que se vieron afectadas en este fatal accidente», algunas de las cuales conocía personalmente. «Todos estamos muy dolidos», remarcó.
Las discotecas Teatre y Fonda Milagros llevaban años sin conectarse a la red eléctrica. Uno de los letrados defensores de Fonda Milagros, Francisco Adán, explicó que la investigación policial ha destapado que los locales no contaban, desde 2016, con una conexión a la red de alumbrado, sino que se abastecían a través de un generador. Una realidad que, sostuvo esta parte, el gerente de Fonda Milagros, Daniel Ramírez, desconocía. «Seguramente se fundió el generador y dejó de haber luz», explicó. Esta es una de las causas que, según se desprende del informe policial, precipitó la tragedia.
El letrado insistió en que, pese a esta situación, su cliente pagaba 4.500 euros al mes de gastos de alquiler y otros gastos extra por luz y agua. El cobro del alquiler lo hacía a Marco Martínez y el resto a su hermana, Eva, también investigada.
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