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El Gobierno regional está recabando información sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones legales por parte del Consejo de la Transparencia, un órgano con ... el que mantiene un serio conflicto desde hace tiempo, del que el último episodio fue un comunicado del Consejo colgado en su página web en el que acusaba al Ejecutivo autónomo de bloquear su actividad e impedir la tramitación de las reclamaciones y quejas presentadas por los ciudadanos.
La consejera de Política Social, Isabel Franco, que asumió las competencias sobre Transparencia hace unas semanas tras la dimisión del anterior consejero responsable, según explican desde su departamento, «está manteniendo reuniones constantes con los directores generales de Gobernanza y Modernización y Simplificación Administrativa para formarse una idea lo más aproximada posible del funcionamiento del Consejo de Transparencia y de la propia ley de Transparencia».
Según esta misma fuente, Franco ha pedido a la Asamblea Regional las memorias que, según el artículo 38 de la ley de Transparencia, el Consejo debe remitir cada año. Sin embargo, la consejera no podrá disponer de todos estos informes, puesto que el Consejo lleva varios sin presentarlos y, por tanto, incumpliendo la ley, según han confirmado a LA VERDAD desde la Asamblea.
El propio Consejo reconoce en su página web que los años 2018, 2019, 2020 y 2021 no elaboró los informes que debía haber presentado a la Asamblea Regional por «falta de medios para su preparación». Este órgano cuenta este año con un presupuesto de 528.000 euros.
A partir de 2017, según el Consejo, «dada la falta de personal para asumir esas tareas se priorizó la atención y respuesta a las reclamaciones y denuncias que se presentaban, frente a la realización de informes». Alude con ello a otro de los conflictos que mantiene con la Comunidad, a la que exige poder realizar sus propios procesos de selección y contratación de personal al margen de la Administración regional, a lo que el Gobierno autónomo se opone.
El Consejo se queja, además, de que la falta de personal ha coincidido «con los años de mayor afluencia de reclamaciones: el año 2018 fue el de más reclamaciones (219 en total). En los siguientes años (2019, 2020 y 2021) y con la plantilla aún más reducida se recibieron 336».
Otra anormalidad más en relación con este organismo es que en el Parlamento autónomo, que preside Alberto Castillo, aún no tienen constancia oficial de la dimisión de su presidente, Julián Pérez-Templado, que se produjo la pasada semana, puesto que no se le ha comunicado oficialmente este hecho, a pesar de ser el Parlamento el que lo eligió hace dos años.
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