Francisco de Asís Maza Luque: «Hemos fallado en la comunicación; ha faltado un poco de pedagogía»

–Heygaz y su fondo InfraVia han entrado con fuerza en el mercado del biometano en España.

–Heygaz es una plataforma con ambición y alcance europeo. Ahora mismo estamos en España, Portugal, Grecia, Noruega e Irlanda, aunque nuestra sede social está en Madrid. España es el país que más contribuye con 25 proyectos, que están en distintas fases, entre ellos dos en construcción: la planta de biometano de Molina de Segura y otra en Toledo.

–¿Cuáles son sus planes en la Región de Murcia?

–Al margen de Molina, tenemos otros dos proyectos y estamos explorando algunos más adicionales que están en distintas fases de desarrollo. Tenemos la intención de seguir invirtiendo en la Región, donde hay abundancia de residuos asociados a la industria transformadora de alimentos y distribuidora. Además, creemos que es un entorno jurídicamente amigable con este tipo de plantas.

–¿El problema de la distancia más o menos cercana de las plantas con núcleos de población o polígonos ha sido un inconveniente en otros de sus proyectos en España?

–Tenemos que ceñirnos a la legislación y a la regulación existente en cada país, en cada comunidad autónoma y en cada municipio, y respetar las distancias que establece el marco normativo y legislativo en cada caso. La realidad es que, a día de hoy, existe tecnología suficiente para que estas plantas se puedan ubicar prácticamente en cualquier lugar por su baja incidencia ambiental. No sería un factor limitante más allá de lo que tengas que cumplir porque la regulación así lo disponga. En muchos sitios, estas plantas incluso se consideran equipamientos en polígonos para dar servicio a otro tipo de industria, reducir sus costes de gestión de residuos y potenciar la actividad en el entorno.

–¿En qué punto está la planta de Molina?

–La obra civil está prácticamente terminada y los equipos principales están encargados. Esperamos terminar la construcción en el tercer trimestre de este año y empezar a introducir sustrato antes de finales de 2025. Nuestra intención es ponerla en funcionamiento lo antes posible y tener una manera de ejemplificar que gran parte o casi todo lo que se está diciendo respecto a esta planta en determinados ámbitos no es compatible con la realidad que se va a ver.

–¿Cuál cree que ha sido el problema que se ha generado en torno a esta instalación, que ha derivado en una importante oposición vecinal?

–Entendemos las preocupaciones que se puedan dar entre los vecinos. Pero lo que queremos es asegurar que esta planta no va a tener ningún impacto para la población porque vamos a aplicar las mejores tecnologías disponibles. Nos apena que esté habiendo una cierta desinformación y bulos que están generando una preocupación que no se ajusta a la realidad. Las posibles afecciones que una planta de este tipo pudiera tener son bajísimas y muy inferiores a otro tipo de industrias ubicadas en las proximidades o incluso en lugares mucho más próximos a núcleos urbanos. Nos ponemos a disposición de los vecinos que pudieran estar preocupados.

–La Plataforma Stop Biogás alude a esos impactos (riesgo de explosión, olores, emisiones, etc) porque están reflejados como una posibilidad en distintos informes correspondientes al trámite administrativo que tuvo la planta.

–La mayoría de los informes que se están aportando como ejemplos de siniestralidad en el sector realmente no tienen nada que ver con una planta de biogás, y menos con la que estamos proponiendo en Molina. En otros casos, son referencias de países con estándares ambientales y regulatorios totalmente distintos a los que podemos tener en Europa y, en particular, en España. Son instalaciones totalmente seguras, donde no hay efluentes líquidos de ningún tipo, porque estos serían el propio digestato, que se almacena y luego se utiliza como biofertilizante en el campo. La única emisión que tiene es el CO2, que se separa del biometano y es devuelto a la atmósfera, como ocurriría en cualquier caso con otra alternativa de gestión de ese residuo. Más allá de eso, no hay ningún tipo de emisión que pudiera ser perjudicial para la salud y el medio ambiente; tampoco de metano, porque está en el interés de la empresa evitar cualquier tipo de fuga.

–Otra denuncia es que no existiría un impacto socioeconómico real en el municipio, al emplear la planta solo a nueve personas.

–El empleo directo, efectivamente, no es muy grande. Estamos hablando de entre seis o nueve personas. Lo que sí es verdad es que la planta contribuye a dar una salida a la gestión del residuo de muchas empresas de la comarca y, al mismo tiempo, se generarán unas 30.000 toneladas de biofertilizantes que reducen las necesidades de riego en una región con escasez hídrica. Aparte, la inversión en la planta es de trece millones de euros, una inversión que viene a Murcia y no va a otro territorio.

–La empresa se ha comprometido a emplear solo azúcares y yogures caducados de empresas cercanas, y el alcalde, José Ángel Alfonso, vincula la licencia de actividad a cumplir este requisito. Pero las autorizaciones logradas en los trámites ambientales también dan permiso para emplear lodos, cadáveres de animales o purines, algo que los vecinos no quieren.

–Cuando se empieza un expediente de este estilo (este se inició en 2021), solicitamos autorización para todo lo posible, para no limitarnos en esas fases iniciales del proyecto. Es verdad que la licencia que se solicita incluye la posibilidad de tratar prácticamente cualquier tipo de residuo. A medida que avanza el proyecto, vamos entendiendo dónde estamos ubicados y la sensibilidad que se ha generado. La posición de la empresa ahora es no procesar algunos tipos de residuos por la sensibilidad social que se ha creado, pero no porque realmente fuera a tener un impacto en cuanto a los olores. No vamos a procesar purines, lodos ni cadáveres de animales, y esto nos permite tener una planta más sencilla con la que reducimos posibles riesgos que pudieran identificarse, que entran dentro de los estándares de la industria. Vamos a tener residuos de las empresas agroalimentarias del entorno y de sus cadenas de distribución, y eso incluye yogures o sueros de golosinas.

–¿Han firmado ya acuerdos con empresas cercanas para ese suministro de desechos? Una asociación de empresarios de La Polvorista también se ha mostrado en contra del proyecto. ¿Hay empresarios que les apoyan?

–Algunos empresarios del entorno entendemos que estén preocupados, pero una vez vean cómo es el funcionamiento de la planta, esas preocupaciones se van a ir disipando. Nos hemos ofrecido en distintas ocasiones a explicarles técnicamente cómo funciona la planta. Lo que sí es verdad es que es una minoría la que ha manifestado este tipo de preocupación y nosotros, por el contrario, sí que estamos recibiendo apoyo de otros muchos empresarios del entorno que ven en la planta una manera eficiente de gestionar sus residuos y mejorar su competitividad. Hay interés de sobra para llenar la planta. Tenemos parcialmente contratado el sustrato del que alimentaríamos los tanques.

–¿Hay intención de ampliar la planta más adelante?

–Nuestra intención no es la de ampliar la planta, y así se lo hemos comunicado también a los vecinos y al Ayuntamiento. La estrategia de Heygaz es centrarse en plantas de pequeño o mediano tamaño, en ubicaciones preferentes y dar un servicio de proximidad a empresas que estén ubicadas en el entorno.

–¿Qué cree que ha podido fallar para llegar a tal punto de conflicto?

–Creo que hemos fallado en la comunicación, en explicar qué tecnología es la que estamos proponiendo y qué riesgos pueden tener este tipo de instalaciones. Ha faltado un poco de pedagogía porque es un sector incipiente en España, porque en otros países similares hay miles en producción. Una vez que el sector del biometano empieza a despegar en el contexto de la transición energética y en la Agenda 2030, quizás no hemos sido capaces de transmitir tanto las bondades que tienen este tipo de plantas como las implicaciones que tienen en cuanto a circularidad.

–¿Contemplan la paralización de la planta?

–Esta es una planta que tiene todos los permisos que la legislación estipula como obligatorios, que ha pasado por un trámite de autorización ambiental integrada muy exigente. Estamos en pleno cumplimiento de la normativa y la legislación vigente, y para nosotros ese es un escenario que no está en nuestros planes.