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Los representantes de los gobiernos de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, dirigidos por el PP y Vox en los dos primeros casos, se aliaron este miércoles con los regantes y tumbaron la propuesta de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de imponer los primeros recortes de agua para los regadíos tradicionales de la cuenca debido a los estragos de la sequía en la demarcación, con dos meses seguidos en alerta y con las reservas muy escasas. El recorte medio del 12% de las asignaciones de la cuenca propuesto por el organismo estatal para los seis próximos meses fue rechazado por la Junta de Gobierno por 17 votos contra 13 y dos abstenciones, entre ellas la del representante de Castilla-La Mancha.
La CHS volverá a plantear este recorte en la Junta de Gobierno del mes de viene si se agrava la sequía y no llegan las lluvias. La medida propuesta este miércoles, prevista en el protocolo del Plan Especial del Sequía (PES), se considera preventiva. En el caso de que la cuenca entre en situación de emergencia por sequía prolongada, como sucede en otras zonas de España, se aplicarán otros mecanismos, sin que la Junta de Gobierno pueda impedir la aplicación de restricciones más severas.
En la reunión de este miércoles, no obstante, se declaró el escenario de alerta, el cual prevé que se propongan restricciones al regadío, pero estas fueron rechazadas por el bloque de los regantes y los gobiernos del PP, que se aliaron contra el organismo estatal. Los regantes del Trasvase apoyaron por solidaridad la posición mantenida por los representantes de las tres vegas (Junta de Hacendados, Junta Central de Usuarios y Juzgado Privativo de Orihuela).
Como avanzó LA VERDAD, la CHS no tenía asegurados los votos para sacar adelante su propuesta en estos momentos. Antes de que diera comienzo la reunión, el presidente de la CHS, Mario Urrea, manifestó que estas primeras restricciones son «muy moderadas» para el regadío de la cuenca. «Confiamos en que tengamos un otoño lluvioso, como anuncia la Agencia Estatal de Meteorología. Si no fuera así, habría que incrementar las restricciones», recalcó.
La reunión comenzó con muchas incógnitas sobre el resultado final y con las espadas en alto por parte de los regantes tradicionales, que rechazaron 'a priori' esta medida, que consideraron prematura y de excesiva duración. La consejera murciana de Agricultura, Sara Rubira, anunció que votaría con los regantes, como así ocurrió, al igual que los representantes de Andalucía (delegó el voto) y Comunidad Valenciana. Rubira consideró «inadmisible» el recorte previsto por el Gobierno de España para el inicio del año hidrológico y aseguró que no va a «tolerar» que el Ejecutivo central «siga poniendo en riesgo el futuro de los agricultores». «La CHS nos ha convocado hoy para pedirle a los regantes un nuevo esfuerzo ante la incapacidad del Gobierno de España de adoptar medidas que permitan hacer frente a la escasez hídrica, como llevamos pidiéndole de manera reiterada los últimos años», añadió.
La Junta de Gobierno de la CHS está integrada por 33 miembros, de los que un tercio corresponden a los regantes y usuarios, otro tercio a los representantes de las comunidades autónomas, y el resto a la Administración del Estado.
El presidente de la Junta de Hacendados de Murcia, Diego Frutos, consideró que hay que hacer frente a la situación de sequía, pero a su juicio «es prematuro» aprobar en estos momentos un recorte que tendría una duración de seis meses, aunque antes pueda ser revisado. Argumentó que el otoño acaba de empezar y que habría que esperar para ver el comportamiento de las lluvias. Isidoro Ruiz, presidente de la Junta Central de Usuarios Regantes del Segura, también rechazó el recorte. El dirigente de la Comunidad de Riegos de Levante Margen Derecha, José Antonio Andújar, apostó por evaluar la situación cada mes, en lugar de aplicar restricciones durante medio año.
Urrea indicó que la cuenca ha tenido tres años de normalidad para atender las demandas, pero la situación requiere ahora aplicar restricciones. Puso el acento en que la cuenca del Segura está sorteando los efectos de la sequía mejor que otras demarcaciones hidrográficas. Los recursos extraordinarios, sobre todo la desalación, han contribuido a que los recortes se hayan podido retrasar. Recalcó que el abastecimiento a la población «está garantizado» con el Trasvase, la desalación y el río Taibilla.
Mario Urrea indicó que la batería de pozos de sequía no se activará de momento, aunque estarán preparados para final de año con los equipos necesarios. Asimismo, dijo que los ayuntamientos han respondido adecuadamente para tener preparados y actualizados sus planes de sequía. En relación a los proyectos de ampliación de las desaladoras de Torrevieja, Águilas y Valdelentisco, cuya licitación sigue pendiente, apuntó que están en trámite por parte de Acuamed, aunque el proceso para la adjudicación y contratación de las obras aún no se ha iniciado. En cuanto a la interconexión de las desaladoras, que depende de la CHS, Urrea señaló que el estudio de impacto está en su fase final, aunque se ha visto retrasado por el cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana.
El mundo rural vuelve a movilizarse con la puesta en marcha de una recogida de firmas para proteger la agricultura y la economía rural en España, según informó SOS Rural en un comunicado. En concreto, ha lanzado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), cuyo objetivo central es «proteger la agricultura y la economía rural en España, en especial el regadío», ya que es un «sector estratégico que aporta un gran valor económico, social, territorial y medioambiental, y que se encuentra sometido a fuertes presiones y amenazas».
SOS Rural añadió que esta acción irá acompañada de otra a nivel europeo con sus aliados de Alemania, Holanda, Francia, Polonia o Rumanía. Se trata de una Iniciativa Ciudadana Europea, cuyo objetivo es garantizar la soberanía y seguridad alimentarias, defendiendo la agricultura nacional y europea contra la competencia desleal de terceros países.
La portavoz de SOS Rural y directora de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán, apuntó que «el maltrato al campo tiene una incidencia decisiva en los precios de los alimentos y en el bolsillo de los españoles». «Si desmantelamos la producción de alimentos, España será un país solo de servicios, empleo precario y rehén de otros para algo tan elemental como comer a buen precio», dijo.
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