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Los profesionales del Instituto de Medicina Legal de Murcia (IML) sostienen que el cirujano que operó a Sara Gómez, la vecina de Alcantarilla de 39 años que falleció tras someterse a una lipoescultura, no contaba con «la formación adecuada» para realizar este tipo de intervenciones. Inciden en que Javier Alejandro M., investigado en esta causa, es especialista en cirugía cardiovascular y no en cirugía plástica, estética y reparadora, como hubiera sido necesario. Los forenses hacen hincapié, además, en que el investigado ha acreditado una formación externa y privada «deficiente en este campo».
Esta es una de las conclusiones que contiene el informe de praxis médica elaborado por los profesionales del IML que ya está en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena. El escrito determina, además, que la técnica utilizada en la lipoescultura de Sara Gómez es «probable» que tampoco fuese la correcta, «tanto a la hora de la infiltración del líquido y proporción con cantidad extraída, como a la hora de manejo de las cánulas extractoras».
Los profesionales del IML hacen hincapié, además, en su informe en que la mujer debió ser evacuada al hospital Santa Lucía tres horas antes de lo que se hizo «a la vista de su estado clínico y sus analíticas». Remarcan, además, que una vez acabada la intervención y ya en reanimación, esa decisión recae en el anestesista, también investigado en el procedimiento.
El informe del IML va más allá y precisa que a su llegada al Santa Lucía la afectada, a la vista de su estado, de sus antecedentes y del TAC, debió ser operada mediante laparotomía exploradora. Los forenses concluyen que «el retraso de cinco días en la primera intervención quirúrgica llevó a una peritonitis biliar-fecaliodea y todas las complicaciones que eran previsibles que ocurrieran y que no se previeron el día de su ingreso a pesar de la información clínica y del TAC que ya informaba de ello».
La familia de la víctima ha contratado al penalista Evaristo Llanos para que les represente como acusación particular en el procedimiento. El abogado, consultado por LA VERDAD, aseguró que el informe del Instituto de Medicina Legal coincide con lo esperado para imputar al cirujano y al anestesista.
Los letrados defensores del cirujano, Pablo Martínez y Mariano Bo, remarcaron, por su parte, que «debemos analizar el informe detenidamente, pero lo que ya se puede extraer es que el cirujano realizó el preoperatorio correctamente ya que se informó de los riesgos y se hizo una ecografía y además uso unas cánulas adecuadas». Esta parte sostiene que «por desgracia este tipo de operaciones tienen un porcentaje de hasta un 15% de complicaciones graves por perforación». En cuanto a las consideraciones y valoraciones del forense sobre la especialidad del facultativo, los letrados inciden en que «solo son eso, valoraciones. No es perito en leyes, es cirujano y no está acusado de intrusismo y se ha aportado más formación que no ha sido valorada».
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