Fomento desempolva el plan para prevenir inundaciones anunciado en 2020

En febrero de este año, la Administración autonómica publicó las actas de la Mesa de Contratación, según las cuales la única empresa que presentó una oferta para hacerse con el citado contrato, García de los Reyes Arquitectos Asociados SL, admitió al final del proceso que había arrendado servicios a J. A. Á. F., ingeniero y representante de Azentia. Esta última empresa fue fundada por quien, entonces, era consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga. El actual senador del PP, que dejó de ser consejero a mediados de 2023, niega cualquier intervención en el proceso licitador y recuerda que, cuando este arrancó, en 2020, él ya había vendido Azentia. Fuentes de la Consejería aseguraron que no «fue posible adjudicar el contrato por motivos técnicos», pues el licitador «no pudo acreditar que disponía de los profesionales y técnicos que se solicitaban».

Estos antecedentes explican el devenir de una iniciativa del Gobierno de Fernando López Miras que, hace diez días y a preguntas de LA VERDAD, la Consejería de Fomento aseguró que por ahora no retomará a la espera del resultado de la Evaluación preliminar del riesgo de inundación de la Demarcación del Segura para el nuevo ciclo de planificación hidrológica 2028-2033, un documento que la Confederación tiene en periodo de consulta pública hasta el 2 de diciembre. «Actualmente, se están analizando los mapas para determinar si se presentarán alegaciones», agregaron en Fomento. En la Consejería añadieron que «la Comunidad no tiene obligación de reforzar las medidas tras la publicación de los mapas, porque los riesgos están identificados y regulados competencialmente por la legislación estatal actual».

No obstante, este periódico volvió a interesarse ayer por el mismo asunto, a la vista de la magnitud de la tragedia provocada esta semana por la DANA en Valencia y Albacete, y desde la Consejería de Fomento se adelantó que finalmente se relanzará la elaboración del plan en base a la actualización de los mapas en la que actualmente trabaja la CHS. «Tras la llegada del nuevo equipo a la Consejería de Fomento, ya se ha empezado con trabajos preliminares de análisis de los pliegos de la anterior licitación, que no pudo adjudicarse por motivos técnicos para su adaptación y reorientación».

El plan integral autonómico de prevención de riadas, del que sí dispone la Comunidad Valenciana, tampoco fue licitado en la etapa de José Ángel Antelo, de Vox, al frente de la Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio; es decir, entre septiembre de 2023 y julio de 2024. Hasta la ruptura de Vox con el PP en el gobierno de coalición, Antelo –que asumió competencias gestionadas hasta entonces por Fomento– tuvo como director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo a José Tomás Bernal-Quirós González. A esta Dirección correspondió también tramitar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, que apenas avanzó.

Ahora, el actual equipo de Fomento insiste en que «es importante subrayar que las competencias en cuanto a las limitaciones de usos y actividades en zonas con riesgo de inundación corresponden al Estado y están recogidas en la legislación sectorial estatal. Por tanto, el Potpri podrá establecer las medidas de carácter complementario a las establecidas por el Ministerio como administración competente en la gestión del Dominio Público Hidráulico». Para la Consejería, «este plan sería el último eslabón competencial porque el Gobierno central (CHS) es el que ostenta la competencia de las obras de contención, porque los riesgos de inundación se evitan con infraestructuras de defensa, tal y como se ha venido haciendo durante siglos».

En ese sentido, la Consejería recalca que «la manera más eficaz de actuar en el territorio para disminuir el riesgo por inundaciones es mediante la construcción de infraestructuras hidráulicas, de las que en cierta medida aún sigue careciendo la Región de Murcia. «Existen algunos puntos sensibles donde la actuación de la Administración General del Estado podría actuar para afrontar el problema en origen, tal como la construcción de una presa en la cabecera de la rambla de Nogalte o la presa de Tabala», dicen.

La Consejería de Fomento recalca que las avenidas de agua se podrían controlar con actuaciones que contengan los caudales. «No se evitan con una herramienta para ordenar usos, como es el caso de este plan de ordenación territorial para la prevención del riesgo de inundación en la Región de Murcia, ni tampoco con mapas de inundabilidad ni ningún otro documento escrito, sino que es necesaria la inversión en construcción de presas y encauzamientos, obras de retención y laminación en cauces. Estas obras son claves, como así demostró el Plan de Defensa de Avenidas de 1987», señalan fuentes de la Consejería.

La Comunidad señala que desde 2009, a través de Esamur y de la Dirección General del Agua, ha destinado 40 millones a obras pluviales, en su mayoría tanques de tormenta. De esa cantidad, 30 millones fueron invertidos con posterioridad a 2019, cuando tuvo lugar la destructiva DANA que dio origen a ese plan de prevención que aún no está licitado.

El pliego de prescripciones técnicas para elaborar el plan de prevención de inundaciones establecía diez objetivos. Uno de ellos era «establecer procedimientos para la incorporación de la variable inundabilidad en los planes, programas y proyectos que tengan una proyección sobre el territorio»; y otro, «lograr una actuación coordinada de todas la Administraciones Públicas y los agentes sociales para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones sobre la salud de las personas y los bienes, el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje, la actividad económica y los equipamientos e infraestructuras». Asimismo, la Comunidad pretendía «orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables o, en su caso, hacia las de menor peligrosidad de inundación, siempre que sea posible, otorgando preferencia a los modelos urbanos y territoriales más eficientes». También se planteó la necesidad de «gestionar las zonas inundables con criterios y soluciones basadas en la naturaleza, favoreciendo la producción de los servicios ambientales, así como la conservación y mejora de los paisajes naturales y culturales en torno al agua».

Otro propósito autonómico era el «estudio y propuesta de actuaciones en zonas inundables y, especialmente, alrededor del Mar Menor, que operen de filtros naturales ecosostenibles y con función retenedora de agua en caso de episodios de precipitaciones de carácter intenso. Además, se revisará la idoneidad actual de los suelos sin desarrollar y sus condiciones de inundabilidad». De igual forma, se buscaba establecer una «restricción cautelar de usos en suelos que presenten riesgo de inundación» y «la mitigación y adaptación al cambio climático».