La Fiscalía solicita que se archive su denuncia por las riadas en el Mar Menor

Estas pesquisas –totalmente independientes del 'caso Topillo', que indaga los supuestos vertidos contaminantes al Mar Menor procedentes del uso de desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena– se iniciaron en marzo de 2016 a raíz de una querella de la Fiscalía contra diecisiete empresas, por la transformación de terrenos rústicos para regadío y por la construcción ilegal de canales de desagüe al Mar Menor. Esas canalizaciones, según la denuncia –previa a los grandes episodios de anoxia sufridos por la laguna–, presentaban indicios de poder ser las causantes de delitos medioambientales, al conducir las aguas de las riadas –especialmente de las ocurridas entre los otoños de 2013 y 2015– a la laguna. El fiscal explica, no obstante, que la toma de declaración a los investigados no arrojó luz sobre quién realizó esas canalizaciones ni sobre la fecha exacta de su realización.

El Ministerio Público sostiene que ni los agentes de la Guardia Civil que realizaron el atestado pudieron aclarar la responsabilidad de esos canales, «dado que atravesaban una pluralidad de parcelas con distintos propietarios y arrendatarios de las mismas». Reconoce, llegados a este punto, que alguno o algunos de los investigados pudieron participar en la creación de esas canalizaciones, pero recuerda que se trata de un procedimiento penal y que es preciso imputar hechos concretos.

Los agentes de la Benemérita, incide el fiscal, también tomaron muestras, en octubre de 2015, del agua arrastrada por efecto de las inundaciones. Esas muestras fueron analizadas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y este organismo concluyó que no presentaban parámetros fuera de la normalidad.

El representante del Ministerio Público hace mención, además, en su escrito al informe emitido por el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia Ángel Pérez Ruzafa –conocido por su labor de portavoz del Comité Científico del Mar Menor–. Ese escrito, tal y como avanzó LA VERDAD, desgranó datos que acreditaban la contaminación de la laguna por residuos orgánicos y tóxicos y la consecuente generación de riesgos potenciales para la salud y el entorno natural. El fiscal, sin embargo, subraya que los valores medidos en la zona concreta a la que atañe este procedimiento –es decir, el entorno de Mar de Cristal– «ni dan los peores datos de turbidez, ni hubo episodio alguno de anoxia». Además, en esas aguas, remarca, no se detectaron plaguicidas. Con esos y otros argumentos, esta parte sustenta su decisión de solicitar el sobreseimiento de la denuncia que la Fiscalía misma impulsó.

En su escrito, hace hincapié, por otra parte, en que «ni el juzgado de instrucción ha tenido exención alguna para poder dedicar más atención al presente procedimiento, ni este fiscal tampoco». En ambos casos continuaron con su carga habitual de trabajo, a la que tuvieron que sumar un esfuerzo añadido por sacar adelante esta investigación que, subraya, no ha sido sencilla por la propia dimensión de la causa y su naturaleza.

El representante del Ministerio Público explica, además, que fue este organismo el que presentó la denuncia inicial, pero incide en que «ello no significa que tengamos la obligación de perpetuar dicha denuncia ni de acusar de forma obligatoria». Subraya, además, que «lo que tampoco podemos consentir es que el procedimiento se eternice por intereses puramente particulares, ya no defensores del medio ambiente sino de posibles indemnizaciones a viviendas determinadas». El fiscal avanza, por último, que no se opondrá al sobreseimiento de los cargos contra el subdirector general de Carreteras de la Comunidad, Luis García, que estaba siendo investigado en este procedimiento.