La Fiscalía pide que se rechace el recurso de dos investigados en el caso de las obras del AVE entre Crevillente y Murcia

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido que se rechace el recurso presentado por dos investigados en el presunto caso de corrupción de las obras del AVE entre Crevillente (Alicante) y Murcia que pidieron al Juzgado que investigue los hechos que anule su decisión de incorporar a las actuaciones una denuncia anónima.

Los recurrentes son los hermanos José Manuel Fernández Pujante, ingeniero del Jurado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante), y su hermano, Antonio José Fernández Pujante.

Para ambos, la providencia dictada por el Juzgado de Instrucción en diciembre pasado, que acordó unir al proceso una denuncia anónima sobre la forma en que presuntamente se repartían las mordidas, remitida a la Guardia Civil de Murcia desde una oficina de Correos de la capital alicantina, debía ser dejada sin efecto. Y añadieron que al desconocerse el autor del escrito, el mismo no podía tener recorrido alguno.

Frente a esa afirmación, la Fiscalía, en el informe entregado en el Juzgado, al que ha tenido acceso Efe, indica que «los alegatos vertidos por los recurrentes carecen de consistencia y razonabilidad, por cuanto la denuncia anónima sí constituye un medio lícito de investigación criminal».

La representante del ministerio fiscal personada en las actuaciones comenta que la Fiscalía General del Estado ya se pronunció, en marzo de 1993, sobre ello.

Señaló entonces -añade- que la denuncia anónima puede servir de información y originar una investigación si se consideran graves los hechos contenidos en la misma y se cree verosímil lo informado en ella.

«El anonimato de una denuncia verosímil no exime de su comprobación al funcionario que la recibe», dice la fiscalía, que, además, recuerda, que aquel está obligado a comunicarlo al juez o al fiscal.

Afirma que solo se prevé el rechazo de la denuncia cuando la misma es manifiestamente falsa o los hechos contenidos en la misma no revisten caracteres de delito.

«Sin perjuicio -concluye la fiscalía- de que no puede tener, por su propia naturaleza, por sí sola, efectividad alguna como prueba de cargo».

La conocida por Operación César, que se investiga en un Juzgado de Instrucción de Murcia y en la que figuran medio centenar de investigados, trata de determinar si se pagaron comisiones en las obras de construcción del citado tramo del AVE.

Las mismas, que fueron reconocidas por uno de aquellos, el subcontratista de las obras, Juan Ortín, se habrían producido con la emisión de facturas falsas o de otras sobredimensionadas por los trabajos de reposición de las redes hidráulicas de las comunidades de regantes afectadas por el trazado del AVE.