La Fiscalía del TSJ pide la intervención judicial de la desaladora de Escombreras

El Gobierno regional no se opone a la intervención de la empresa Desalinizadora de Escombreras que, como medida cautelar, pidió la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en la vista celebrada en el juzgado de instrucción que investiga un caso de presunta corrupción en torno a esa planta.

El letrado de los servicios jurídicos de la Comunidad propuso que esa labor de control de los pagos que se hacen a la desalinizadora, reclamada por la fiscal del caso, Maribel Neira, sea atribuida a un funcionario de la Intervención General del Estado. Neira no solo ha reclamado al juzgado que acuerde la cautelar que tiene solicitada desde hace meses, sino también que se prohíba a la empresa poder disponer de la obra civil. Además, pidió que se prohíba a esa empresa y a Hydro Management, promotora del proyecto constructivo, y a Tedagua, que lo ejecutó, ambas del grupo ACS, disponer de los créditos que recíprocamente puedan mantener entre ellas.

Asimismo, la fiscal solicita que una de las primeras actuaciones que lleve a cabo el interventor, si se acepta la cautelar, sea dar respuesta a unos datos contables que considera que deben ser aclarados. Maribel Neira reitera sus peticiones tras analizar la documentación enviada en los últimos días por el Gobierno murciano, con lo que pretende ejercer un control más directo de los pagos que hace la Administración autonómica a ACS en concepto de alquiler de las instalaciones y evitar posibles perjuicios al erario público.

En un voluminoso y detallado informe, la fiscal señala también que el interventor tendría un papel muy concreto: ejercer las funciones de control bajo la supervisión judicial, sin que suponga la sustitución del consejo de administración de la empresa. El juzgado debe pronunciarse sobre esas peticiones del ministerio público, a las que en la vista se opusieron los representantes de las empresas citadas.

Desalinizadora de Escombreras fue adscrita en su día al Ente Público del Agua (EPA), creado en 2005 por el Gobierno regional para garantizar los volúmenes de agua necesarios para abastecimiento, según se indicó entonces. Quedó extinguido diez años después, por lo que sus competencias fueron transferidas a la gubernamental Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia.

En estas diligencias judiciales figuran como investigados, entre otros, el exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá y una decena de representantes de las compañías del grupo ACS y socios murcianos de Hydro Management con una participación minoritaria. Entre los presuntos delitos que se investigan destaca el de malversación de caudales públicos.