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La Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada reclama el sobreseimiento provisional de la investigación que un juzgado de Elche lleva años realizando ... por una supuesta malversación con las obras del AVE a la Región. Estas indagaciones afectaban a la mercantil Sermubeniel, de capital mayoritariamente público y que presta el servicio de agua potable y de recogida de residuos urbanos en el municipio de Beniel -y que había contratado los servicios jurídicos del bufete Pardo Geijo Abogados-. En un escrito, al que LA VERDAD ha tenido acceso, el Ministerio Público incide en la falta de pruebas que sostengan la acusación que, en su momento, llevó ante la justicia a varios de los directivos de esta firma y pide al juzgado ilicitano que dé carpetazo al asunto.
Los hechos que estaban siendo investigados en este asunto concreto relativos a la empresa mixta de Beniel se refieren a unas obras de reposición de tuberías de agua potable y canalizaciones para saneamiento, que se ejecutaron en el año 2012. Estas infraestructuras hidráulicas se habían visto afectadas por la construcción de la plataforma de la alta velocidad entre Crevillente y Murcia, concretamente en el tramo de Colada de la Buena Vida y la ciudad de Murcia. En su momento, las indagaciones judiciales apuntaron a la posible defraudación de unos 38.000 euros ligados a varias de esas obras de reposición.
En su escrito el fiscal explica que las sospechas sobre una de esas obras se centraban en el informe emitido por un ingeniero agrónomo que apuntaba a que esa reposición no aparecía en un punto kilométrico concreto, aunque en su declaración como testigo no se mostró tan tajante. El Ministerio Público destaca, asimismo, que en la instrucción se solicitó un informe pericial por parte de un ingeniero técnico de obras públicas pero esa diligencia no se pudo practicar «por la falta de la correspondiente provisión de fondos que precisaba».
Esta parte sostiene que, «en ausencia de suficientes elementos de prueba, no cabe afirmar que esta concreta reposición hubiera sido facturada en perjuicio del patrimonio público». Respecto a otras dos reposiciones, el fiscal subraya que uno de los peritos remarcó que esas obras fueron ejecutadas y que la disparidad entre el importe total certificado y la valoración asignada por el auditor «es aceptable».
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