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La Fiscalía pidió anular la expulsión de Vox de los diputados regionales Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano, que también es consejera de Educación y Cultura, por considerar que sus derechos fueron vulnerados en dicho procedimiento tramitado entre mayo y junio de 2020 después de que los tres revocaran los poderes a cuatro dirigentes nacionales de su partido para controlar las cuentas y contratar personal en el grupo de la Asamblea Regional. Entre ellos estaba el secretario general del partido, Javier Ortega-Smith, que declaró desde Madrid. El juez Salvador Ludeña dejó este jueves visto para sentencia en el Juzgado de Primera Instancia 4 de Cartagena tras escuchar las conclusiones del Ministerio Público y de los abogados de las partes.
El fiscal Orencio Cerezuela, consideró acreditado, entre otros asuntos, que los diputados revocaron los poderes a los dirigentes nacionales de Vox y despidieron a tres trabajadores contratados. Lo hicieron, aseguró, plenamente facultados por el reglamento de la Asamblea. No consideró que los tres incurrieran en una deslealtad ni en desobediencia, puesto que ya se habían negado a firmar el reglamento de régimen interno, elaborado por el partido, y lo cuestionaron.
Antes de las conclusiones del fiscal, los abogados de Vox defendieron «la pulcritud» del expediente abierto a los diputados, así como las actuaciones del Comité de Garantías y del Comité Ejecutivo Nacional. En cambio, la letrada de los demandantes, Inmaculada Marín, los desmintió e hizo hincapié en que el acuerdo de suspensión de militancia, más allá de los motivos, también cuestionados, iba sin firmar y no hubo respeto a los plazos en los recursos. La «falta de formalidad» en todo el proceso y los «defectos formales graves» de los órganos de dirección generaron «indefensión» a sus clientes, dijo.
También hubo discrepancias entre las partes sobre las consecuencias políticas para los tres expulsados. La letrada pidió, también, la nulidad de las primarias que en septiembre de 2020 confirmaron a José Ángel Antelo como presidente provincial, ya que sus representados no pudieron intervenir en ellas. En cambio, los abogados de Vox no vieron lesionado derecho alguno, pues los tres estaban fuera del partido. Tampoco hubo impugnaciones al proceso.
En la vista oral intervino por videoconferencia desde Madrid Ortega-Smith, quien defendió la actuación de los órganos del partido en el procedimiento sancionador y justificó que hubiera aspectos discutibles, como la falta de firmas en la resolución del Comité de Garantías y la existencia de comunicaciones por chats telefónicos, en las «dificultades» para reunirse en pandemia y la equiparación de las cuentas de correo electrónico de Vox a una firma digital a efectos de comunicar decisiones oficiales.
Pese a que había sido pedida su comparecencia, finalmente no testificó el presidente de Vox, Santiago Abascal. Sí lo hicieron José María Figaredo, del Comité de Garantías, y José Ángel Antelo, impulsor de la denuncia a los diputados por, además, tratar con «falta de dignidad» a sus asesores en la Asamblea.
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