La Fiscalía pide 27 años de prisión a un exjefe jurídico de Fomento por siete delitos

Luis Pérez Almansa, que fue detenido en el curso de esta investigación en mayo de 2019, puesto en libertad y posteriormente cesado de su cargo por el Gobierno regional, afronta una petición de la Fiscalía de 27 años de cárcel por siete delitos: estafa continuada, tráfico de influencias, falsedad en documento público, prevaricación, revelación de secretos, cohecho y actividades y negociaciones prohibidas. También se le piden cincuenta años de inhabilitación especial para empleo o cargo púbico, además de multas y una cantidad cercana a los 100.000 euros en concepto de indemnización a varios perjudicados -que están citados como testigos-, en solitario o solidariamente con otro acusado, L. M. M.

A este último, a quien se califica como «intermediario» en el auto de acusación, se le piden trece años de cárcel y diecinueve de inhabilitación. También se sentarán en el banquillo R. C. A. -un año de prisión-, J. C. Z. G. -seis años- y J. M. O. B. -cuatro años-.

De acuerdo con el relato de los hechos investigados por el juzgado número siete de Murcia, Luis Pérez Almansa utilizaba su despacho oficial en la sede de la Consejería de Fomento, en la plaza Santoña, para «captar clientes» con la finalidad de «participar e intermediar en actuaciones urbanísticas y de otra índole, solicitando por ello dinero en efectivo». El 'catálogo' de servicios que ofrecía el exjefe jurídico de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda incluía desde la alteración de informes urbanísticos para conseguir o ganar edificabilidad en proyectos de construcción en Murcia hasta las falsas promesas de adjudicación de obras públicas en Lorca, supuestas renovaciones de tarjetas de transporte para camiones, anulación de sanciones, legalización de naves industriales en Pozo Estrecho (Cartagena) e incluso la licencia para un cebadero de cerdos en Mazarrón.

Como avanzó LA VERDAD en abril de 2021, el asunto más relevante urdido presuntamente por Luis Pérez Almansa fue la alteración de un dictamen urbanístico, a petición del abogado J. M. O. B., para modificar el expediente de unos terrenos pertenecientes a la mercantil Rostoy y luego a la mercantil Promociones Keops en Casillas. El objetivo fue cambiar la actividad permitida en esa parcela, de uso económico a residencial, con una edificabilidad variable de entre 1 y 1,5 m2/m2.

Dentro de esos trámites, el Ayuntamiento de Murcia hizo una consulta a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda con el fin de conocer cuál sería la tramitación correcta de este expediente. Y fue Luis Pérez Almansa, como jefe de los servicios jurídicos de ese departamento, el encargado de emitir el informe que se envió al Consistorio.