La Fiscalía demanda a Medio Ambiente por no castigar a 10 empresas por sus vertidos al Mar Menor

La Fiscalía Superior de la Región decidió llevar a los tribunales a la Consejería de Medio Ambiente para obligarla a abrir expedientes de responsabilidad ambiental a diez grandes empresas del sector agrícola por los daños causados al Mar Menor con sus vertidos. Fuentes del Ministerio Público confirmaron este lunes a LA VERDAD que ya se ha anunciado la inminente presentación de una demanda contencioso-administrativa, cuyo objetivo es forzar a la Administración regional a cumplir con el requerimiento que hace un año se le hizo desde la Fiscalía, instando a expedientar a esas diez mercantiles por la emisión de vertidos contaminantes, procedentes de la acción de desalinizadoras ilegales en el Campo de Cartagena y que acababan desembocando en la laguna y afectando a su estado ambiental.

Doce meses después de aquel requerimiento cursado por el Ministerio Público, la Consejería de Medio Ambiente no solo no ha iniciado los referidos expedientes para exigir el pago de las responsabilidades pecuniarias pertinentes por los daños causados a ese ecosistema, sino que se ha descolgado con un informe en el que sostiene que la administración competente para actuar es la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

La respuesta ha causado una profunda indignación en el seno de la Fiscalía regional, desde la que algunas fuentes afirmaron que se trata «de una tomadura de pelo» y de «una hecho sin precedentes en España», al haber dejado transcurrir doce meses «para concluir ahora que no son ellos los competentes, lo cual además es incierto porque suyas son las competencias ambientales en la Comunidad de Murcia». Las fuentes consultadas por LA VERDAD llegaron a ofrecer valoraciones tan contundentes como que desde la Consejería de Medio Ambiente «se están riendo de los murcianos y del Mar Menor».

Especial estupor y malestar ha provocado en ámbitos del Ministerio Fiscal el hecho de que se haya tardado un año entero solamente para decidir si se abrían o no esos expedientes, ya que hasta ahora la Administración regional se había limitado a iniciar una especie de actuaciones previas.

El alto funcionario de la Consejería a quien se le encomendó analizar y, en su caso, llevar a efecto el requerimiento del Fiscal Superior, José Luis Díaz Manzanera, ha concluido que las diez empresas señaladas cometieron una serie de infracciones cuya persecución administrativa corresponde a la CHS: captación de aguas subterráneas salobres sin autorización alguna, desalación ilegal de dichos caudales, y vertido del agua de rechazo a unas ramblas que son del dominio público hidráulico y, por ello, bajo el control de la CHS. Razones todas ellas por las que señala que la facultad de instruir los expedientes de responsabilidad ambiental corresponde al organismo de cuenca.

De igual modo deja constancia de que los informes periciales que se le remitieron solo estiman el volumen de salmuera vertido ilegalmente por esas mercantiles a lo largo de un periodo de entre cinco y diez años, «pero no se cuantifica la extensión e intensidad del daño producido por la actividad de esos operadores, ni la variación en el tiempo de los parámetros sobre el estado medioambiental del Mar Menor».