La Fiscalía investiga los vertidos de la depuradora en Cala Reona y los de aguas fecales en La Manga

Estos organismos son los dos ayuntamientos de la zona (San Javier y Cartagena); la Comunidad, a través de la Dirección General de Medio Ambiente; y el Gobierno central, por medio de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Demarcación de Costas del Estado.

Así lo confirmaron fuentes conocedoras de las pesquisas, que llevaron al Ministerio Público a solicitar información detallada a distintos organismos, que podrían desembocar en una denuncia del Ministerio Público en los juzgados y que tienen un doble origen. Por un lado, hubo una denuncia de la Guardia Civil relativa a la existencia en La Manga de presuntos vertidos incontrolados al Mediterráneo, basada en la que interpuso el verano pasado la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) a nivel administrativo; y, por otro, vecinos de Cala Reona trasladaron información a la Fiscalía y pidieron su intervención, ante la aparición de algas filamentosas y la posible existencia de bacterias fecales en la zona de baño. En ambos casos, los ayuntamientos aseguran que no hay riesgo para las personas ni el entorno natural. El de San Javier defendió que no hubo fuga de aguas fecales sino un problema con unas reparaciones; y el de Cartagena insistió en que las aguas están debidamente tratadas y no implican peligro para bañistas ni ecosistema.

En cualquier caso, Anse exigió en agosto medidas para acabar con los derrames de «aguas residuales sin depurar en La Manga, procedentes de la red municipal de alcantarillado de San Javier». Lo hizo a raíz de la aparición en superficie de un tramo del aliviadero del kilómetro 5, frente a la urbanización Las Gaviotas. Sostuvo que «los emisarios de la vertiente mediterránea solo deberían transportar aguas residuales en casos excepcionales de inundaciones que colapsen la red de alcantarillado, al carecer de red separativa de aguas pluviales y residuales, o por avería de las estaciones de bombeo».

Asimismo, añadió que hay vertidos fecales desde hace años y que la impulsión de esos caudales a la depuradora Mar Menor Sur, de Cartagena, se realiza «mediante varias estaciones de bombeo, que a menudo presentan problemas de mantenimiento, principalmente en verano, debido al incremento de población».

Funcionarios de Medio Ambiente de la Comunidad tomaron muestras en la zona y cerca de la playa del Galúa, tras otra denuncia pública, esta vez del Grupo Municipal MC Cartagena. La conclusión fue que el agua no estaba contaminada y que provenía de un hotel cercano.

A la vista de todo ello, un grupo especializado de la Guardia Civil se desplazó desde Madrid y realizó inspecciones y tomas de muestras en varios puntos de la costa mediterránea. Su batida incluyó la depuradora Mar Menor Sur, en el parque regional de Calblanque, y su emisario, que vierte las aguas tratadas por Cala Reona. La Benemérita se interesó por el funcionamiento de esta infraestructura, que depende del Ayuntamiento de Cartagena, y supervisó el estado del aliviadero, cuya última avería fue a principios de 2022, por un temporal, y del que aparecieron tramos también en la superficie marina e incluso en la playa y en Calblanque.

Se da la circunstancia de que el pasado viernes la CHS publicó en el BOE la licitación de tres proyectos de mejora del saneamiento y la depuración de aguas residuales en el entorno del Mar Menor y del Mediterráneo, entre ellos la redacción de los planes de construcción del nuevo emisario de Cala Reona y de la ampliación de la depuradora, para la incorporación del tratamiento terciario. También abrió el plazo para presentar ofertas para el proyecto de ampliación del sistema de impulsión de aguas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de San Javier al emisario de San Pedro. En total, 624.394,16 euros dentro de las acciones prioritarias para recuperar el Mar Menor.

Fuentes de la CHS confirmaron a este diario que el organismo de cuenca, que preside Mario Urrea y depende del Ministerio de Teresa Ribera, asumirá también el coste de las obras. Aunque está por definir el importe de los trabajos, en el caso del emisario el Ayuntamiento calculó en torno a 7 millones de euros.

La intervención del Ministerio viene a resolver el conflicto entre el Consistorio cartagenero y el Gobierno regional, que mantiene paralizada la renovación del emisario, tras las fallidas reparaciones de los últimos ejercicios. El Consistorio llegó a denunciar en los tribunales a la entidad autonómica Esamur, por negarse a asumir el coste del mantenimiento. Todo ello, en medio de las quejas de vecinos y organizaciones ecologistas por el vertido de aguas de la Edar en la primera línea de costa. También hubo advertencias del Instituto Español de Oceanografía (IEO) por la cercanía de la pradera de posidonia, la masa de agua catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y el parque Regional de Calblanque.

En paralelo, la Demarcación de Costas del Estado, que tiene competencias sobre la ocupación del dominio público, instó a los ayuntamientos de Cartagena y San Javier, así como a la Comunidad, a que realicen los trámites de legalización de los emisarios de La Manga y Cala Reona. Y ello, a pesar de las denuncias de vecinos, de las organizaciones ecologistas y de la Comunidad de Regantes Arco Sur ante el Consistorio cartagenero, la Comunidad y la CHS. Los regantes se han visto perjudicados por la imposibilidad de verter las aguas sobrantes de su actividad al mar, lo que les ha obligado a suspender parte de la explotación de sus tierras.

Fuentes conocedoras de los expedientes aseguraron que la regularización está pendiente desde hace años y que las instituciones afectadas se arriesgan al pago de sanciones de cuantía elevada. La legalización pasa por acreditar una serie de medidas de control. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente aseguraron que este asunto depende de Costas y de la CHS. Este diario pidió información a los consistorios, pero no hubo respuesta.

Colectivos ciudadanos de Cabo de Palos, La Manga y el entorno del Mar Menor exigirán a las tres administraciones públicas implicadas en la gestión de los emisarios de Cala Reona y La Manga la adopción de medidas urgentes y eficaces para acabar con los vertidos al Mediterráneo y garantizar la seguridad del baño en las playas. De forma simultánea, vecinos y ecologistas han pedido también la intervención de la Fiscalía.

Así lo acordaron este sábado en una reunión celebrada en Cabo de Palos, a la que asistieron representantes de la Asociación de Vecinos de Cabo de Palos, la Cofradía de Pescadores, ANSE, Ecologistas en Acción, Pacto por el Mar Menor y Procabo, entre otras entidades. Estas agrupaciones también esperan recabar el apoyo del gremio de comerciantes y de otros gremios de la zona.

Así lo confirmaron a LA VERDAD fuentes conocedoras de esta iniciativa, que destacaron la preocupación existente por la rotura del aliviadero de Cala Reona y la ocurrida el verano pasado en el kilómetro 5 de La Manga. Respecto a la primera zona, solicitarán al Ayuntamiento de Cartagena y a Esamur, una entidad de la Comunidad Autónoma, la realización de obras de emergencia para alejar el tubo de la playa, y que les faciliten los análisis de calidad del agua de baño. Quieren comprobar si entre las aguas residuales tratadas hay bacterias fecales y si, en su caso, es preciso prohibir el baño. También reclaman que se estudie la posible presencia de algas filamentosas, como consecuencia de la contaminación química. Explican que en las últimas semanas han aparecido estas plantas en el entorno.

Asimismo, estas entidades pedirán mayores controles y la legalización de los emisarios de La Manga; que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) les informe de las obras recién licitadas para mejorar el saneamiento y la depuración en el entorno del Mar Menor, lo que consideran positivo; y que se dé máxima prioridad a estos proyectos y se cuente con los sectores afectados.