TSJ y Fiscalía exigen al unísono que todas las instituciones luchen por la Justicia

«Hay quienes, cuando las resoluciones judiciales no les son propicias, siembran la desconfianza de los ciudadanos hacia la Justicia alentando el desprestigio de los jueces o vertiendo dudas sobre su neutralidad e independencia». El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, aprovechó ayer el acto de apertura de un nuevo año de actividad en los tribunales para lanzar un mensaje rotundo en defensa de la independencia judicial.

«El Poder Judicial debe actuar, y actúa, desde la más absoluta independencia», subrayó. «Este no es un privilegio de los jueces, sino una salvaguarda para todos y una fuente de legitimidad que también a todos nos concierne respetar y defender».

La labor de jueces y fiscales en la crisis de Cataluña y la imperiosa necesidad de más medios sobrevolaron el discurso del máximo exponente de la judicatura murciana que, sin embargo, reservó unas palabras, al final de su intervención, para denunciar, de forma tajante, los ataques que sufren algunos magistrados de la Región. «Pueden criticarse las resoluciones», incidió Pasqual del Riquelme, «pero no es aceptable desacreditar a los jueces que las firman por el mero hecho de no compartirse el sentido de lo resuelto».

Haciendo suyas las palabras del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, recalcó que «una cosa es criticar y otra desacreditar». Los autores de esos ataques, advirtió, «causan un daño irreparable a aquellas instituciones y servidores públicos que estamos, por obligación y por convicción, al margen de otros intereses que no sean la aplicación imparcial y objetiva de la ley».

El discurso del presidente del TSJ inauguró el acto de apertura del Año Judicial que este año se celebró en Caravaca de la Cruz, en el salón de plenos del Ayuntamiento, con motivo del Jubileo. Como ya es acostumbrado, Pasqual del Riquelme volvió a aprovechar esta solemne cita para poner encima de la mesa las muchas carencias que aún arrastra la justicia murciana, desde la falta de medios, a las infraestructuras pendientes y los problemas tecnológicos. Recordó que los magistrados de la Región afrontan 166 asuntos más por cabeza que la media nacional.

En este sentido, aplaudió la anunciada creación en la Región de tres nuevos juzgados -de Primera Instancia, dos en Murcia y uno en Cartagena- y la aceptación de la propuesta del TSJ de convertir un juzgado de lo Contencioso Administrativo de la capital en uno de lo Social. Recalcó, sin embargo, que aunque buenas estas mejoras, son «insuficientes» a tenor de los 28 juzgados que, según los cálculos del organismo, precisaría aún la Comunidad para aliviar la situación actual.

En este punto, el presidente del TSJ hizo un llamamiento «a todas las instituciones y corporaciones de nuestra región para que sepamos reivindicar lo que en justicia nos corresponde», y recalcó que «podemos y debemos hacer todavía más por la Justicia en la Región». Algunas comunidades, advirtió, ya hace tiempo que comprendieron el papel prioritario que desempeña esta administración y «nos llevan años de ventaja reivindicando medios humanos y materiales para la Justicia».

El presidente del TSJ también aludió a los sonados retrasos que se han dado en algunos procedimientos judiciales y recalcó que las reglas de la actividad judicial son «ajenas a las urgencias propias» del ámbito político o mediático. «La Justicia siempre llega», remarcó. «Es lenta, pero llega».

Por su parte, el secretario de Gobierno del TSJ, Francisco José García Rivas, señaló en su discurso que «ya a nadie escapa, por su notoriedad, el cúmulo de dificultades que traban» el día a día de los juzgados y pidió a la sociedad que no juzgue a la Justicia por «su cosecha» sino por las «semillas que siembra».

El solemne acto de apertura contó este año, por primera vez, con José Luis Díaz Manzanera como máximo representante de la Fiscalía. En su discurso, incidió en los «impresentables e inasumibles» plazos que está manejando la Justicia en la actualidad y lamentó que, por ejemplo, para decidir sobre la custodia de unos niños los procedimientos se estén alargando más allá de un año. Esos retrasos, advirtió, están provocando «casi como norma general» la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, que da lugar, alertó, a rebajas penales y «condenas desencantadoras».