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La justicia europea ha puesto el foco en la investigación del 'caso Acuamed'. Tras seis años de instrucción en el juzgado central número seis de ... la Audiencia Nacional, cuyo titular es el magistrado Manuel García Castellón, que dirige entre otros los sumarios de Villarejo, 'Púnica' o 'Lezo', la Fiscalía comunitaria ha decidido entrar en el procedimiento sobre la presunta trama en la empresa estatal de aguas, que ha sido regada de decenas de millones de euros desde Bruselas para proyectos en la cuenca mediterránea.
La delegación europea del Ministerio Público, cuya actividad se puso en marcha en verano pasado, ha abierto diligencias de investigación ante las sospechas de que se hubieran perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea. El organismo, competente para investigar, ejercer la acción penal y solicitar la apertura de juicio oral, ha remitido ya tres oficios al juzgado para acceder a la causa, pero de momento el magistrado García Castellón no ha respondido para sorpresa de la acusación, señalan fuentes jurídicas.
El primer escrito fue el 10 de agosto. El 22 de septiembre siguiente se reiteró la solicitud para conocer el testimonio de la denuncia que dio origen a la causa, que se abrió en 2015, y la situación procesal actual del procedimiento. Y el 3 de noviembre llegó al juzgado otro oficio «recordatorio» para conocer los pormenores de la presunta adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014 bajo Gobiernos de PSOE y PP. En suma, la 'operación Frontino', comandada por la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, estalló en enero de 2016, cuando Acuamed dependía del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, cuyo titular era el popular Miguel Arias Cañete. Hubo trece detenidos –cinco de ellos estuvieron en prisión preventiva–, decenas de registros y más de una treintena de imputados por la supuesta falsificación de certificaciones, facturas y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias, entre ellas mercantiles como FCC. Se indagan delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental o fraude.
La demora de la instrucción, la proactividad de las defensas y la lentitud de las diligencias (aún ahora la Intervención General del Estado se ha pronunciado sobre las presuntas irregularidades contables de varias obras) han sumido la causa en un letargo que beneficia a los principales acusados por su retardo injustificado.
Fuentes jurídicas detallan el protagonismo que está teniendo en esta estrategia el abogado de uno de los principales acusados, el empresario Nicolás Steegmann, de la constructora Altyum, que está en libertad provisional tras pagar una fianza de 600.000 euros. La defensa la lleva Javier Iglesias, un secundario que siempre aparece «en la cocina» de los casos que afectan al PP (Bárcenas o Villarejo), partido al que ha estado vinculado por sus asesorías.
No es de extrañar su ascendente en el cambio de estrategia del principal acusado, Arcadio Mateo, director general de Acuamed, a quien le encontraron 100.000 euros en billetes en el registro de su casa. Desde 2018, con el visto bueno de la Fiscalía, Mateo ha pasado a la acción revelando supuestos hechos delictivos, cargando contra los denunciantes y empleados públicos, y politizando las pesquisas con el señalamiento de un exdiputado del PSC en Tarragona.
Los supuestos delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y fraude, entre otros, que investiga la Audiencia Nacional y por los que la Fiscalía Europea ha pedido ahora explicaciones, salpican desde hace años a la Región de Murcia, donde Acuamed tiene intereses en dos plantas desaladoras (Águilas y Valdelentisco) además de la planta de Torrevieja, que suminstra agua a miles de hectáreas de regadío en la Comunidad.
De hecho, la Guardia Civil reveló en uno de sus últimos informes sobre el 'caso Acuamed' la «estrecha colaboración» de la empresa pública con Acciona para intentar que la constructora obtuviera alrededor de 19 millones de euros adicionales por la obra de la desaladora de Torrevieja, planificada en 2007 como la mayor planta de este tipo en Europa y cuya agua se sigue distribuyendo a día de hoy en la Región. La UCO detalla en ese informe multitud de ejemplos que demuestran la estrecha relación entre los directivos de Acuamed y de Acciona durante las negociaciones para determinar la liquidación de la obra. Por ejemplo, Acciona tenía acceso a documentos internos y confidenciales que, según la Guardia Civil, permitieron «que la UTE conociera las estrategias que se estaban preparando dentro de Acuamed para afrontar la negociación».
Por otro lado, PP y Cs denunciaron en 2018 que las empresas adjudicatarias de la desaladora de Águilas habían contribuido a pagar la campaña publicitaria institucional del Plan Agua por indicación de Acuamed. Detrás de las obras de Cerro Colorado, de las tuberías para llevar agua desde la desaladora de Águilas hasta los campos de Lorca, se ocultó supuestamente un entramado de intereses entre varios contratistas y altos cargos del Ministerio de Agricultura y de Acuamed para conseguir un trato presuntamente favorable en el proceso de adjudicación de las obras de emergencia. Desde precios presuntamente amañados con la compra de los tubos a ingeniería contable para disfrazar los sobrecostes a la hora de realizar las liquidaciones completan este cuadro, según el sumario al que tuvo acceso en su día LA VERDAD.
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