La Fiscalía denuncia a 9 granjas de Alhama y Fuente Álamo por verter purines y metales

Así lo confirmaron ayer a LA VERDAD fuentes de la Fiscalía. Y confirmaron que las denuncias, impulsadas por la sección de Medio Ambiente y Urbanismo del Ministerio Público, que coordina Miguel de Mata, se registraron en los partidos judiciales de Cartagena y de Totana. Al primero pertenece el municipio de Fuente Álamo y al segundo, Alhama.

«Como consecuencia de las actuaciones de control y vigilancia de aquellas actividades que pudieran tener incidencia en el estado del Mar Menor, desde la Fiscalía coordinadora en materia de Medio Ambiente y Urbanismo se encomendó al grupo Ucoma (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) de la Guardia Civil, entre otras, la inspección de aquellas explotaciones ganaderas dedicadas al engorde de ganado porcino situadas en el área de influencia» de la laguna, explicaron estas fuentes. Los agentes empezaron a peinar la zona en febrero de 2022 y, ya en 2024, se sumaron a estas revisiones «agentes medioambientales adscritos a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)».

En ellas, se detectó que diez explotaciones ganaderas «mantenían las instalaciones con diversas irregularidades, como falta de autorización ambiental; falta de impermeabilización de las balsas de purines; zonas de acopio de estiércol directamente sobre el terreno, sin dispositivo de recogida de lixiviados; perdidas en las conducciones de recogida de purines; y captaciones ilegales de aguas». Guardias civiles llegados de Madrid, que tuvieron apoyo de agentes del Seprona de la Región, y técnicos de la CHS levantaron acta de «posibles infracciones administrativas» que «podrían dar lugar a la comisión de un delito contra el medio ambiente».

Ante esta circunstancia, la Fiscalía solicitó «la realización de informes periciales concretos para cada explotación, a fin de conocer si la situación de dichas explotaciones ganaderas podría entrañar un riesgo de daño sustancial a la calidad del aire, del suelo, del agua, de los animales o de las plantas, o bien un riesgo grave para los equilibrios de los sistemas naturales». Los resultados de nueve informes periciales (falta uno por finalizar), elaborados por la Unidad Técnica de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, en Madrid, confirmaron hechos que constituyen indicios de la comisión de ilícitos penales.

Por eso, desde el pasado enero, la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Murcia empezó a enviar escritos a los juzgados para que investiguen estos hechos por si fueran constitutivos de delito. El Ministerio Público «ha remitido, de momento», nueve querellas contra los responsables de los cebaderos a los juzgados de Instrucción de Cartagena y Totana, competentes a nivel territorial.

Las querellas se interponen «por un presunto delito contra el medio ambiente, al acreditarse que las irregularidades detectadas estarían ocasionando un riesgo de daño sustancial por contaminación del suelo y subsuelo con materia orgánica, nutrientes y metales pesados». También se detectó «la lixiviación de estos nutrientes a las capas inferiores del terreno, lo que puede producir una afección a la masa de agua subterránea o al dominio público hidráulico colindante a alguna de ellas».

Las querellas de la Fiscalía contra las nueve granjas de cerdos se formulan en virtud del artículo 325 del Código Penal. Este recoge penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años». Ello para quien, entre otras cosas, «provoque o realice directa o indirectamente» vertidos y depósitos a la atmósfera o al suelo que causen o que puedan causar «daños sustanciales» a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas. Asimismo, la ley castiga «las captaciones de aguas» irregulares.

Asimismo, el citado artículo eleva la pena para los infractores cuando se demuestre su autoría en hechos graves para la naturaleza. «Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años», recoge el Código Penal.

En todo caso, las fuentes consultadas hicieron hincapié en que la investigación se halla en una fase «inicial» y que el avance de las diligencias corresponde ahora a los juzgados que, por reparto, asuman las causas.

Estas querellas de la Fiscalía se suman a las más de treinta causas del 'caso Topillo' abiertas en los juzgados de Murcia, Cartagena y San Javier contra empresas agrícolas y antiguos dirigentes políticos de la CHS y de la Comunidad Autónoma por realizar o consentir vertidos de aguas con nitratos desde desaladoras ilegales del Campo de Cartagena.

Además, el Ministerio Público está presente en un juzgado cartagenero en la causa penal por el presunto vertido de metales pesados al Mar Menor y su cuenca desde el vertedero de residuos mineros Los Blancos, que acoge en Llano del Beal los restos de la antigua Balsa Jenny.