La Fiscalía cree probado que Ruiz diseñó un «ardid» para sufragar con fondos públicos sus gastos personales de reputación

La Audiencia Nacional inició este miércoles la última fase de este macrojuicio, que sienta en el banquillo a Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Industria y Turismo del Gobierno regional, a tres de sus antiguos colaboradores en ese departamento y a varios supuestos conseguidores aventajados de contratos públicos, encabezados por Alonso. La representante del Ministerio Público abrió el turno de informes y lo hizo defendiendo una nueva acusación que introdujo sorpresivamente al final de la vista y que agrava su petición de pena para los principales procesados -para los que reclama hasta seis años de cárcel-.

La fiscal considera que en el juicio se ha probado que el empresario De Pedro junto a Alonso aprovecharon su influencia en la Región para ofrecer trabajos personales de reputación al exconsejero Ruiz para impulsarle en su pretendida carrera hacia la presidencia de la Comunidad. Sostiene que Ruiz convino con su entonces jefe de gabinete, José Fidel Saura, accediendo a las peticiones de De Pedro y Alonso, «sacar a licitación contratos públicos que costearían subrepticiamente su trabajo personal». Estos, incide, recogerían como objeto de contratación cualquiera de los servicios que ofrecían las empresas de la trama, «aún a sabiendas de que no perseguían un interés general ni serían necesarios». El Ministerio Público acusa además al exconsejero y su jefe de gabinete de permitir que De Pedro y Alonso fuesen los que fijasen los precios de los contratos a licitar «para que su importe costease de forma velada el trabajo de reputación personal» a Ruiz.

En este punto, remarca la fiscal, cobraron valor los dos institutos -el de Turismo y el de Fomento- que tenía adscritos la Consejería y que, incide esta parte, presidía Ruiz. La acusación insiste en que los acusados, a la hora de concertarse con el exconsejero, tuvieron en cuenta que era a este a quien le competía hacer los nombramientos para las direcciones generales de esos institutos, lo que, recalca, le daba influencia sobre los mismos.

La Fiscalía sostiene que tanto Ruiz como Saura planificaron que fuesen los dos institutos quienes sacasen a licitación los contratos que habrían prometido a los cabecillas de la trama. En este sentido, «se valieron de que los contratos adjudicados por dichas entidades públicas estaban exentos de fiscalización previa de la Intervención de la Comunidad para evitar dicho control y conseguir la opacidad buscada». El Ministerio Público hace hincapié en que Ruiz «aprovechó en su exclusivo interés personal la participación de ambos institutos, que no tenían fiscalización previa y cuyos responsables -entre ellos la también acusada Mariola Martínez, directora del Instituto de Turismo- eran nombrados a su propuesta».

El escrito definitivo de la fiscal sostiene que Saura «se encargó de ser la persona que actuaría como contacto y director de la ejecución del plan, intermediando entre las autoridades concertadas y los empresarios y trabajadores de Eico», una de las empresas de la trama. Esta parte considera que Ruiz se prevalió de la dependencia orgánica que tenía sobre las directoras de los institutos para, a través de su entonces jefe de gabinete, iniciar esos contratos con la trama. La representante del Ministerio Público sostiene que las dos directoras del Instituto de Turismo y del Info «asumieron la recomendación», asistiendo desde junio de 2014 a varias reuniones para fraguar ese «plan preconcebido».

La fiscal subraya que los procesados «convinieron ocultar a los técnicos de cada instituto la remuneración ofrecida al consejero de Turismo por aquellas adjudicaciones amañadas» a favor de la trama. El presunto plan, incide, incluía «justificar como procedimiento de contratación el negociado sin publicidad y dejar en manos de los empresarios la elección de las empresas a invitar a la licitación». Los procesados evitaban así dar publicidad al concurso y abrir la puerta a otros licitadores que podrían haber ofrecido un precio menor. El «ardid diseñado», remarca la Fiscalía, «permitía que fuesen los fondos públicos de esos institutos los que sufragasen lo que debía ser un gasto personal del consejero de Turismo».

La fiscal introduce además en su escrito definitivo de conclusiones una acusación hasta ahora desconocida. Esta parte sostiene que Saura aprovechó los contactos que el empresario De Pedro tenía con los directivos del Real Madrid para solicitarle entradas para asistir a algunos partidos en el Bernabéu. El abogado Francisco Luis Valdés-Albistur, que se encarga de la defensa del ex jefe de gabinete, aseguró disponer de pruebas que desmontan esta acusación.

Las defensas, en sus informes, atacaron duramente la acusación de la Fiscalía y su decisión de introducir en el último momento un presunto delito de cohecho que no estaba inicialmente encima de la mesa. El abogado Raúl Pardo Geijo, que se encarga de la defensa del exconsejero, insistió en que los escritos de acusación tenían que ceñirse a los hechos contenidos en el auto de procedimiento abreviado y denunció que existe una vulneración del derecho de defensa. «No puede pretender revivir ahora lo que ya fue archivado», remarcó. La defensa del exconsejero hizo hincapié, además, en que el delito de prevaricación exige que el acusado tenga capacidad de resolución sobre los hechos enjuiciados y remarcó que Ruiz no tenía competencias sobre los contratos investigados, que, sostuvo, dependían directamente de los institutos.

El letrado Francisco Luis Valdés-Albistur, defensor de Saura, insistió, por su parte, en que, con los mismos hechos, el instructor consideró que muchos de estos hechos no habían podido ser probados. Reclamó, además, que, en el caso de que la sentencia sea absolutoria, se condene en costas a la acusación particular -que ejercen el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade)- por el «padecimiento» generado a los procesados al ser sometidos a una «pena de banquillo».