La Fiscalía le afea el discurso «discriminatorio» a Martínez Alpañez, pero no aprecia delito

En concreto, Martínez Alpañez aseguró, en una rueda de prensa, que los inmigrantes ilegales no vienen a España a «refugiarse por razón de religión u orientación sexual» sino que son «gente que está huyendo de sus países por problemas de legalidad y delincuencia» y pidió parar ya de soltar a «ilegales por la calle».

La fiscal delegada de Delitos de Odio explica, en su resolución, que el discurso de Alpáñez «en determinados fragmentos es claramente discriminatorio, vinculando, en cierta forma, la inmigración con la delincuencia y realizando afirmaciones de carácter populista, en modo alguno contrastadas con la realidad, pero orientadas a desterrar la empatía de la población con las personas migrantes que llegan en patera». Entiendo, sin embargo, que ese mensaje «se equilibra, en cierto modo, con otras expresiones favorables o que reconocen la obligación de prestar ayuda a las personas que llegan a las costas sin medios materiales tras haber puesto en riesgo su propia vida».

La fiscal entiende que el objetivo del mensaje del portavoz de Vox es «defender una política migratoria orientada a la inmediata devolución a su país de origen de las personas que llegan a las costas españolas». Remarca, asimismo, que ese mensaje «parece ir orientado a sembrar cierto temor en la población con la vinculación de la inmigración con la delincuencia para justificar su política en la materia», vinculación que, incide, en algunos casos se hace «de manera directa y difícilmente aceptable». La fiscal alude, en este caso, a expresiones como «¿por qué sueltan a los ilegales en nuestras calles» o «luego vemos a gente con machetes por las calles».

La representante del Ministerio Público entiende, pese a todo ello, que ese mensaje «se equilibra o matiza, minorizando su potencial contenido lesivo», con otras expresiones y alude a otras declaraciones de Alpáñez en las que este afirmaba: «no estamos diciendo que todo el que llega de forma ilegal llega con una intención yihadista aquí».

La fiscal hace hincapié en que el mensaje de este político no reúne el requisito necesario para ser considerado un delito de odio y es que pueda generar un riesgo de crear un clima de violencia y hostilidad para que se pueda concretar en actos específicos de violencia, odio, humillación o discriminación contra el colectivo afectado.