El fiscal jefe propone limitar los pactos de conformidad en los delitos más graves

«Tenemos posiblemente el país del mundo más proteccionista de los derechos fundamentales, pero esto puede acarrear en algunos casos decisiones difíciles de entender». El reciente acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los abogados de la defensa en el caso de los empresarios que prostituyeron a menores en Murcia tuvo especial protagonismo en el acto de apertura del año judicial celebrado este viernes en la Ciudad de la Justicia. Fue un asunto del que no se olvidó el fiscal superior José Luis Díaz Manzanera ni tampoco el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme.

«Es inaceptable», avisó el fiscal jefe, que la víctima de un delito pueda «sufrir abusos» durante «media vida», y pase otra media reviviéndolos ante distintos procesos judiciales para, al final, encontrarse con una sentencia que «pueda parecer que juega a favor de sus agresores». Esto, «tristemente», según lo calificó, puede verse como un sistema proteccionista que logra «una victimización vitalicia» de las personas afectadas. Díaz Manzanera pidió por ello una reforma de la ley que regula el estatuto de la víctima de un delito para que «proteja mejor a los más vulnerables», que limite en estos casos las «conformidades y rebajas de penas» en los delitos más graves, y que obligue «a dar audiencia a las víctimas».

El fiscal jefe de la Región de Murcia cree que la justicia «sigue siendo una gran asignatura pendiente», e hila esta afirmación con los «retrasos inadmisibles que alargan endémicamente los procedimientos» y que provocan la aplicación de atenuantes en las causas como las dilaciones indebidas, tal y como ha ocurrido en el caso de los siete empresarios. «Esto puede generar una idea de la que hay que huir, la de la impunidad, porque eso es tanto como reconocer algo muy triste: el fracaso derivado de la ineficacia de la Administración de Justicia», advirtió el representante del Ministerio Público.

Pasqual del Riquelme, por su parte, focalizó el problema en la «carencia de medios» de los que dispone la justicia y que, en algunos casos, «se pone en evidencia que el déficit estructural acaba causando una más que justificada inquietud en la ciudadanía». El tiempo en la instrucción del caso de las menores explotadas sexualmente, destapado en 2014, junto con el retraso en la celebración del juicio, ha generado unas diligencias indebidas que han favorecido a los acusados en sus condenas. «Cuando los procesos se dilatan de forma injustificada, las diligencias indebidas forman parte de nuestro sistema de garantía, por más frustración que nos produzca», explicó el presidente del TSJ, que ve como única solución «actuar» para lograr tramitar los asuntos judiciales «en un tiempo razonable y sin dilaciones».

El representante del Ministerio Fiscal reclamó, por su parte, «huir» de la comodidad y la complacencia para actuar con «mayor rigor» y evitar así prácticas dilatorias. «No podemos resignarnos a que todos los procedimientos mínimamente complejos estén condenados a alargarse en el tiempo finalizando con penas ridículas». Insistió en este punto en el principal problema del sistema judicial: la falta de medios personales.

Por ejemplo, la Fiscalía de Murcia es la peor dotada de España con una 'ratio' funcionario por fiscal de 0,45, cuando hay otras que tienen uno por cada representante del Ministerio público. Además, este departamento en la Región sigue siendo, de las 77 fiscalías a nivel nacional, el primero en carga de trabajo y el décimo en número de fiscales. Manzanera recordó que faltan al menos once profesionales más para equiparar la media estatal.

Toda esta situación deriva en los acuerdos de conformidad «a diario» que, aunque aseguró Díaz Manzanera que «se ajustan a la legalidad», piensa que son necesarios al «agilizar» la justicia, «siempre que no se abuse si llevan aparejadas rebajas punitivas excesivas, ya que puede que no baste con que sea legal, sino además, debe ser justo». La Junta de Fiscales se reunirá la semana que viene para abordar una posible suspensión o no de la condena en prisión de los acusados en el caso de la red de prostitución de menores. La sentencia en esta causa, que libraría de la cárcel a los condenados, ha provocado las primeras manifestaciones, donde se ha cuestionado el papel de la Fiscalía. «No voy a consentir que nadie ensombrezca la labor» del Ministerio público, señaló Díaz Manzanera.

Las agresiones sexuales a menores de 16 años el año pasado ascendieron a 142 casos que tramitó la Fiscalía (siete fueron por violación), casi el doble que en 2022. También se han duplicado los casos de «precocidad delictiva» archivados (40) por ser cometidos por menores de 14 años: casos de agresiones sexuales, contra el patrimonio, contra la integridad y contra la intimidad. Para el fiscal es «preocupante» el aumento en los delitos contra la libertad sexual entre menores, al tramitar 87 expedientes en este sentido frente a 52 hace dos años.

El balance de las actuaciones de los fiscales de la Región en 2023 que ofreció ayer Manzanera contenía una valoración importante sobre el uso de las tecnologías por parte de los adolescentes: «Es un contrasentido el legislar en protección de los menores y, por otro lado, encontrarnos con un mundo virtual en el que se potencia la divulgación de datos personales». Otro dato ofrecido es que el año pasado se produjeron 80 ingresos en prisión provisional por delitos de violencia de género y se abrieron hasta 8.514 procedimientos.

La formación de Podemos reaccionó este viernes a los datos de la memoria de la Fiscalía reflejando que «desmiente la xenofobia de PP y Vox que vincula inmigración y delincuencia» y apuntó que «no hay un crecimiento de delitos violentos cometidos por extranjeros». Se registraron hasta 20 causas por trata de seres humanos con 32 víctimas extranjeras.

Vox criticó que el PP y el PSOE propicien reformas judiciales que no endurezcan las penas a «violadores» como el caso de las menores prostituidas: «No podemos olvidarnos de la ley 'sólo sí es sí'».

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