La fiscal reduce a ocho meses la pena que solicita para Amelia Corominas por supuesta usurpación de funciones

La fiscal solicita la misma pena para el actual secretario del Colegio, Enrique Mirabet. El resto de encausados, siete exmiembros de la junta directiva que ya no permanecen en el cargo, llegaron este miércoles a un acuerdo de conformidad por el que aceptan una condena de seis meses. En su decisión pesó el hecho de que se enfrentaban a una posible inhabilitación para cargo o empleo público, lo que, en caso de ser declarados culpables, podría haber supuesto su pérdida de condición de funcionarios.

Ni la presidenta del Colegio ni el secretario aceptaron sin embargo este acuerdo, convencidos de que no hubo ilegalidad alguna en su actuación. Corominas defendió este miércoles ante el titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia que no hubo ánimo de incumplir sentencias o resoluciones, sino una defensa en los tribunales de su legitimidad frente a las maniobras del Consejo General de Enfermería para descabalgarla.

Este juicio es, en este sentido, el último capítulo de un duro y largo enfrentamiento entre el Colegio Oficial de la Región y el Consejo General. Corominas llegó al cargo en 2012 en unas elecciones que se celebraron tras las denuncias por las irregularidades cometidas por el anterior equipo directivo del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. De hecho, el expresidente, Diego Gutiérrez, y el exdirector de Comunicación de la institución, Jesús Cobarro, fueron condenados a dos años de prisión por apropiación indebida de más de 350.000 euros.

En 2016, y tras una legislatura en la que se «regularizó la situación» de la institución, con la actualización de los censos y de los pagos al Consejo General, Corominas convocó nuevas elecciones. Tras una reclamación, el Consejo anuló el proceso electoral al entender que no hubo publicidad suficiente y solicitó al Colegio los censos para el nombramiento de una junta de edad provisional. Corominas defendió este miércoles que la convocatoria de los comicios, en Semana Santa, cumplió «con los estatutos», y que fue precisamente el ánimo de ajustarse a esta norma lo que llevó a desarrollar parte del proceso en estas fechas festivas.

La presidenta del Colegio negó que se hurtase el censo de colegiados al Consejo General para la designación de una junta de edad. «Al Consejo se le enviaba cada tres meses la actualización del censo», subrayó. Además, la junta de edad debía constituirse con los colegiados de más antigüedad, recordó. En 2017, Corominas optó por convocar nuevas elecciones «ante el hecho de que el Consejo seguía sin nombrar una junta». Semanas después, el Consejo designó a esta junta de edad y el Colegio de la Región recurrió su composición, «porque había una persona de poco más de 30 años y otra que no estaba colegiada».

Corominas se mantuvo en el cargo una vez ratificada por las elecciones de 2017, que no fueron reconocidas por el Consejo General. Paralelamente, los tribunales fueron tumbando los recursos presentados por el Colegio de la Región en su batalla legal frente al Consejo. En 2018, el Supremo inadmitió un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid que ratificaba la anulación de las elecciones de 2017. En ese momento, Corominas y su equipo decidieron abandonar la dirección del Colegio. Cinco años después, Amelia Corominas ha vuelto a la presidencia tras ganar otras elecciones.

Para la fiscal, la presidenta del Colegio cometió un delito de usurpación de funciones al mantenerse en el cargo pese a que la Justicia había desestimado sus recursos contra las resoluciones del Consejo General. «Los acusados, como miembros de la Junta de Gobierno saliente, han venido incumpliendo los mandatos de la autoridad tanto administrativa como judicial, no facilitando al Consejo el censo de colegiados, dificultando el nombramiento de la Junta de Edad y la subsiguiente convocatoria de elecciones, y han prolongado indebidamente su mandato llevando a cabo actos propios de su función ejecutiva y representativa para los que no tenían legitimidad, como la convocatoria de un nuevo proceso electoral en junta extraordinaria», señaló el Ministerio Fiscal en su escrito.

Frente a estas acusaciones, el abogado de Corominas, Paulo López Alcaraz, denunció este miércoles que su defendida ha sido víctima de una «persecución política y judicial», y advirtió de que para que haya delito de usurpación de funciones debe haber «voluntad de ocupar un cargo» a sabiendas «de que se trata de un engaño».

«Mantenemos la integridad y ética de las decisiones adoptadas con anterioridad y esperamos la pronta resolución judicial de esta situación. Creemos y confiamos en la justicia» señaló la presidenta del Colegio en un comunicado al término de la vista. Con su actuación, Corominas intentó «defender la institución de la corrupción que reinaba en el Consejo General y por la que hay abiertos procesos judiciales muy importantes», se subraya en el comunicado. El expresidente del Consejo General, Máximo González-Jurado, se enfrenta a acusaciones por corrupción, con dudosas operaciones inmobiliarias, según desveló 'El Mundo'.

El juicio a Corominas y al secretario del Colegio quedó este miércoles visto para sentencia.