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Al margen de cómo esté la reputación personal de la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP, Pilar Barreiro, lo cierto es que su 'currículum judicial' lleva camino de quedarse pulcro e inmaculado. Por el momento, la Fiscalía del Tribunal Supremo acaba de presentar un informe en el que pide el sobreseimiento de las diligencias abiertas contra esta política popular dentro del 'caso Púnica', pues considera que la investigación no ha permitido confirmar las sospechas iniciales de que pagó con dinero público unos trabajos personales para lavar su imagen en internet y las redes sociales.
El fiscal Fernando Sequeros empieza por sentar las bases de su petición argumentando que «no puede dejar de reconocerse que la línea divisoria entre los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos no ha dejado, nunca, de ser tenue, difusa, brumosa y, en consecuencia, imprecisa y confusa».
A partir de ese razonamiento pasa a considerar que «la creación de un periódico digital -por parte de las empresas Madiva y Eico, integradas en la presunta 'trama Púnica'-, suscrito a raíz de la contratación por el Consistorio dirigido por la investigada Pilar Barreiro, así como la de los servicios de reputación encargados personalmente por la misma para mejorar su imagen política en las redes, podría ubicarse perfectamente, sin desbordarlo, en el ámbito de la promoción, defensa y comunicación de las políticas públicas de interés general».
En este párrafo, el representante del Ministerio Público viene a avalar el hecho de que la supuesta publicidad se contrató con un diario digital que en ese momento ni siquiera existía y que se creó, específicamente, para publicar noticias sobre el Consistorio cartagenero. Además, el fiscal considera que «carece de relevancia como indicios criminal» el hecho de que uno de los presuntos líderes de 'Púnica', Alejandro de Pedro, diera instrucciones en un correo de que una de cada seis noticias estuviera relacionada con Pilar Barreiro, «con foto y lógicamente positiva». Y ni siquiera menciona que el periodista fue despedido por publicar una noticia de corte negativo sobre la alcaldesa.
Su conclusión es que «el cúmulo de indicios periféricos facilitados por la investigación, en este momento agotada, carecen de entidad y relevancia, tanto individualmente como en su conjunto, para demostrar de manera inequívoca el dato a probar y en consecuencia, por su falta de evidencia, no son aptos para interesar una sentencia condenatoria».
La Fiscalía da por buenas así las explicaciones de la imputada, que sostuvo en su declaración que el dinero público invertido en esas empresas fue por difundir publicidad institucional sobre el tesoro de la 'Mercedes' y sobre las fiestas de Carthagineses y Romanos, y que en ningún caso se ampararon trabajos de lavado de la reputación personal. En este punto, recuerda que el propio Consistorio cartagenero ha avalado que el antiguo jefe de gabinete de Barreiro suscribió infinidad de contratos de publicidad, como habría hecho con los ofertados por Madiva y Eico.
Respecto de las labores para mejorar su imagen personal que le fueron ofertadas, Barreiro sostuvo que en todo caso iban a ser sufragadas con cargo al PP de Cartagena. Una versión que quien fue el presidente local del partido, Francisco Celdrán, ratificó en sede judicial.
Por último, señala la «inexistencia de datos incriminatorios» de que la entonces alcaldesa se concertara con el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez para cargar a las arcas de la Consejería de Empleo, presuntamente, el coste de unos trabajos de lavado de reputación que se iban a efectuar para ambos.
Los letrados de Barreiro, José y Raúl Pardo-Geijo, también reclamaron días atrás el sobreseimiento con similares argumentos.
El portavoz de Ciudadanos en la Región, Miguel Sánchez, recordó ayer que la actual senadora del PP, Pilar Barreiro, continua imputada, ya que la juez del Tribunal Supremo que lleva esas diligencias, Ana María Ferrer, aún no se ha pronunciado al respecto. «No hay novedades y tiene que abandonar su escaño». En esta línea, manifestó que «el PP está obligado a cumplir su palabra. Lleva dos meses incumpliendo el pacto que firmó con Cs, por el que los imputados por corrupción política tienen que abandonar las instituciones y dejar de poner bajo sospecha a nuestra democracia». Por último aseguró que el Partido Popular «tiene muchos imputados por corrupción y no está haciendo nada al respecto, con lo cual confirma que no tiene el menor interés en luchar contra esa lacra».
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