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La exalcaldesa de Moratalla Cándida Marín está cada vez más cerca de tener que sentarse en el banquillo por el presunto hostigamiento y trato vejatorio ... a quien fuera la secretaria accidental del municipio durante su mandato, entre 2015 y 2017. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca ha dictado un auto en que abre juicio contra Marín, que lleva ya años fuera de la política activa, por presuntos delitos de acoso laboral y lesiones.
La Fiscalía reclama que Marín sea condenada a penas que suman cuatro años de cárcel por esos delitos. Además, solicita una indemnización para la trabajadora afectada -no fija el importe- y una orden que impida a la exregidora acercarse o comunicarse con la víctima por un plazo que exceda en dos años a la pena de prisión. La acusación particular, que representa a la afectada, considera que los hechos suponen un presunto delito de acoso laboral o contra la integridad laboral, por el que reclama dos años de cárcel y una indemnización de 50.000 euros.
La Fiscalía sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que desde que Marín accedió a la alcaldía de Moratalla en 2015, «prevaliéndose de la posición de seguridad que ese cargo le proporcionaba sobre los trabajadores del Consistorio», sometió a la entonces secretaria accidental del municipio a una «situación de hostigamiento». Ese presunto ataque, remarca el Ministerio Público, se prolongó durante casi un año y se concretó «en un recurrente trato vejatorio, hostil, intimidatorio y de escarnio público en descrédito de su valía profesional». El supuesto hostigamiento generó en la víctima problemas psicológicos, principalmente crisis de ansiedad, estrés prolongado y cefaleas. Unas dolencias que culminaron en 2016 con una baja laboral por un trastorno mixto ansioso depresivo que se alargó todo un año.
Varios de estos episodios de supuesto hostigamiento se produjeron a propósito de la tramitación del proceso de selección para la contratación de un informador juvenil. Según explica el fiscal, Marín había adoptado una resolución en contra del criterio e informe del tribunal calificador para dejar sin efecto la contratación de la profesional que ese tribunal había seleccionado, la que había obtenido la mayor puntuación. Esa supuesta decisión ya se encuentra en el seno de una querella por presunta prevaricación que la Fiscalía presentó en 2019 contra la exregidora y que aún está siguiendo su curso judicial.
El 13 de noviembre de 2015 la entonces alcaldesa llamó a la secretaria municipal a su despacho para recriminarle su actuación en este proceso. «Alzando innecesaria y desproporcionadamente la voz, le recriminó el hecho de haber dirigido la actuación del tribunal, espetándole que estaba muy disgustada en reiteradas ocasiones», relata.
En esa misma reunión del 13 de noviembre, la entonces regidora abordó también el proceso de selección de un técnico de orientación laboral en materia de mujer. La Fiscalía sostiene que Marín presionó a la secretaria local a fin de que influyera en el proceso de selección. Presuntamente, sugirió a la funcionaria una modificación de las bases de la oposición, manifestándole, «en tono autoritario, que una vez aprobadas esas bases (...) no quería impugnaciones ni alegaciones de ningún tipo». Con esa actitud, considera el Ministerio Público, hizo descansar sobre la secretaria «una responsabilidad que no era de su competencia».
Ante la negativa de la secretaria, que le dijo que las bases del proceso ya estaban aprobadas legalmente, supuestamente acusó a gritos a la trabajadora de modificarlas en contra de su voluntad. Al apreciar su enfado, la secretaria puso su cargo a disposición de la entonces alcaldesa, respondiéndole Marín gritando: «métetelo en la cabeza. La agraviada soy yo, no tú». Ese mismo día, sostiene el fiscal, la regidora acudió al despacho de la secretaria y, en presencia de otros dos funcionarios, reiteró su acusación contra la profesional y la tildó de mentirosa.
El relato que la acusación hace de los hechos por los que Marín deberá responder ante la Justicia continúa en los días posteriores con diversas situaciones. El 3 de diciembre de ese año, resalta el fiscal, en el desarrollo de un Pleno extraordinario, Marín, «en clara alusión» a la víctima y ante todos los asistentes, se quejó de la ausencia en la corporación de personas con formación jurídica.
El 22 de febrero de 2016, a raíz de varios episodios, entre ellos la polémica por la redacción del reglamento orgánico del Pleno del Ayuntamiento, la entonces alcaldesa, hallándose en el despacho de la secretaria en presencia de otros dos compañeros, supuestamente le dijo «te recuerdo, solamente te recuerdo, que estás cobrando un salario público (...) si no te sientes con capacidad, presenta tu dimisión inmediatamente».
El 6 de mayo, la regidora y la secretaria volvieron a abordar el asunto de la contratación de una técnico de orientación laboral en materia de mujer. Ante la negativa de la trabajadora a firmar la resolución de alzada, basada en un informe jurídico externo y en contra de la propuesta del tribunal, Marín supuestamente le dijo, «en tono intimidatorio y en aras de ejercer una presión», que tuviese cuidado con ese tema.
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