El fiscal alerta del aumento de abusos a menores vinculados a la tecnología

Hay un dato en la Memoria de 2020 que llama la atención del fiscal superior de la Comunidad Autónoma, José Luis Díaz Manzanera. Y es que se han disparado los delitos de abuso sexual a menores, sobre todo los vinculados a las nuevas tecnologías. El Ministerio del Interior ya advertía el miércoles de esta problemática. La Memoria de la Fiscalía recoge 61 expedientes en 2019 (Interior cuantificaba cuatro más) por esta cuestión.

Díaz Manzanera reconoce que «tenemos un problema con el acceso a las nuevas tecnologías por parte de menores, y los fiscales de esta sección están trabajando en ello». El fiscal jefe insistió en que es fundamental la colaboración de los padres. Asimismo, en 2019 se tramitaron 70 expedientes por abstentismo escolar y 77 diligencias previas por abandono de menores, con un crecimiento del 54% en relación a 2018.

Este es uno de los aspectos sobre los que hizo hincapié el responsable del ministerio público durante la presentación de la Memoria a los medios de comunicación. El documento tiene 184 páginas y resume la actividad de los fiscales de la Región en 2019, en el que hubo un ligero descenso del total de incoaciones (82.015) y en el que el ministerio público estuvo conforme con el 90,65% del total de 8.651 sentencias dictadas por los tribunales sobre delitos importantes.

Otro asunto que preocupa a Día Manzanera es el aumento en un 85% los llamados delitos de acoso inmobiliario, que se refieren a la intimidación que propietarios de viviendas (entidades bancarias, fondos buitres, dueños particulares) ejercen sobre sus moradores con el fin de «quebrar su voluntad» y conseguir que abandonen las casas antes de que concluya el procedimiento judicial para el desahucio.

Durante el pasado año 2019, el ministerio público tramitó siete diligencias previas relacionadas con este acoso inmobiliario por una sola del ejercicio anterior, de las que la mitad derivaron en escritos de acusación por parte de la Fiscalía que se dirimirán ahora en los tribunales.

El porcentaje de conformidad del 90,65% sería mayor si se atendiera la petición que viene realizando el fiscal jefe de que se derogue el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este es el que exime a los familiares de los procesados de la obligación de declarar y se ha convertido «en uno de los mayores obstáculos para el castigo» de los acusados por violencia de género.

Díaz Manzanera detalló que la mitad de sentencias absolutorias por violencia de género (que constituyen el 22% del total) se producen porque la víctima retira la denuncia o se acoge al citado artículo 416 para evitar acusar a su presunto maltratador, aunque lo hayan hecho antes en dependencias policiales. La reforma que proponen los fiscales va en la línea de que se obligue a estas personas a declarar, por una cuestión de orden público. «Y si se desdicen, cometerían un delito de denuncia falsa» . En total, de las 1.328 sentencias por violencia machista, alrededor de 160 fueron absolutorias por la negativa de la víctima a testificar.

Por otra parte, Manzanera destacó el incremento de la colocación de pulseras a mujeres maltratadas (un total de 162 activas) como medida de prevención y que en 47 de los 6.504 procedimientos incoados por esta causa se dictó prisión preventiva.

Otra preocupación de la acusación estatal tiene que ver con la seguridad vial. La Fiscalía detecta «una notable disminución de pruebas realizadas en controles de drogas», que han descendido de los 5.415 de 2018 a los 3.315 del pasado año. Díaz Manzanera informó, asimismo, de que hubo dos condenados en Lorca por conducir sin permiso un vehículo de movilidad personal (VMP), además de dos atestados en Murcia por atropellos a peatones por estos patinetes eléctricos.

El fiscal superior volvió a reclamar más medios humanos y materiales para poder ejercer su misión con garantías. La Fiscalía de Murcia es la tercera de España en carga de trabajo, ascendiendo un puesto respecto al año anterior, y la décima en cuanto a número de efectivos. A juicio de Manzanera, faltan al menos quince profesionales para equipararse a la media nacional.

También reivindicó la necesidad «urgente» de que empiecen las obras del Palacio de Justicia de Lorca, de que se dote de un terreno para construir la Ciudad de la Justicia de Cartagena y del nuevo edificio en Molina.

Reivindicó la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la que fija los plazos de instrucción y ha hecho que se malogren causas de supuesta corrupción como el 'caso pasarelas', que afecta al expresidente Pedro Antonio Sánchez.