El fiscal acusa al exalcalde Escudero de pagar obras propias con dinero público

Casi trece años -sí, trece, no se trata de un error- han tenido que transcurrir para que el denominado 'caso Ninette', que desde el año 2005 ha venido investigando una supuesta trama de corrupción en el municipio de Los Alcázares, esté prácticamente concluido y en disposición de que se dicte un auto de procedimiento abreviado -el equivalente al de procesamiento-, que establecerá los cargos concretos por los que deberá responder cada uno de los encausados.

El Ministerio Público, de la mano del Fiscal Superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, presentó a finales de julio un informe final sobre esa causa, en el que concretaba los presuntos delitos cometidos por los sospechosos de integrar esa trama, entre los que destacan el exalcalde socialista Juan Escudero Sánchez, el arquitecto municipal Mariano Ayuso Fernández y el constructor Valero Garcerán. También aparece entre los principales implicados el empresario cartagenero Juan Antonio Roca, cerebro de la 'trama Malaya', quien supuestamente se vio favorecido de forma ilegal en algunos negocios inmobiliarios emprendidos en el municipio marmenorense.

Otro de los presuntos participantes de la red delictiva era el secretario municipal Diego Sánchez, aunque su fallecimiento en 2012 extinguió cualquier responsabilidad penal.

El fiscal sostiene que el arquitecto municipal Mariano Ayuso constituyó un gran entramado societario y de testaferros que le permitió controlar prácticamente todo el negocio inmobiliario en Los Alcázares. Entre sus socios figuraban los constructores Valero y Francisco Javier Garcerán, que se adjudicaron una enorme cantidad de obra pública en esa localidad.

No solo Ayuso se habría enriquecido ilegalmente con tales prácticas, sino que también Juan Escudero, quien fue alcalde durante varias legislaturas, se habría beneficiado personalmente. Así, Díaz Manzanera le acusa de haber cargado a las arcas municipales unas obras particulares que, por importe de 273.481 euros, acometió en una academia de formación de su propiedad. Los trabajos fueron ejecutados por Garcerán Construcciones y buena parte del coste se habría camuflado presuntamente en el presupuesto para construir el nuevo edificio consistorial, que había sido adjudicado a la misma constructora por 5,8 millones de euros y que acabó costando casi 11 millones. El fiscal considera que las certificaciones de obra del edificio se inflaron artificialmente, sin que se hubieran ejecutado muchos de los trabajos cargados a las arcas públicas, y todo ello con el aparente propósito de propiciar el enriquecimiento ilegal de los miembros de la trama corrupta.

Por estos presuntos hechos, el Ministerio Público pide que el procesamiento de quince encausados, entre quienes se encuentran Mariano Ayuso, a quien atribuye hasta media docena de delitos relacionados con la corrupción, y el exalcalde Escudero, al que imputa prevaricación y falsedad en concurso con malversación de caudales públicos.

A raíz del informe del fiscal, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier, Sara Oliver, ha dictado un auto por el que exculpa a quien fue concejal de Urbanismo en Los Alcázares, Alfredo Blanco Puras, quien también aparecía como sospechoso de haber cargado una reforma en su piso a los fondos municipales.

La instructora considera que la investigación judicial no ha permitido confirmar que un apunte incautado a los Garcerán, en el que leía «Alfredo: 63.176 euros» -una cantidad que se facturó como parte de las obras del edificio consistorial-, se refiriera a Blanco Puras «más allá de meras sospechas o conjeturas».