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Tras muchos años de batalla, Ángel Fenoll deberá responder la semana que viene ante la justicia por la gestión realizada durante años al frente del ... vertedero de Abanilla. El empresario murciano, que afronta hasta seis años y medio de prisión por un supuesto delito contra el medio ambiente, ha sido citado por la Audiencia Provincial el próximo jueves junto a sus hermanos y otros familiares, encausados también en este procedimiento. El tribunal tanteará así la posibilidad de que las partes alcancen un acuerdo de conformidad que podría rebajar su condena pero que pasaría, en todo caso, por un reconocimiento de las numerosas irregularidades que, sostiene el fiscal, se produjeron en la gestión de la planta.
El Ministerio Público explica, en su escrito de conclusiones provisionales, que la «gestión» realizada durante años por Proambiente de los residuos sólidos urbanos depositados, tanto en el vertedero como a lo largo y ancho del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Sierra de Abanilla, «supone un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas, derivados del establecimiento de depósitos en cantidades que superan los volúmenes autorizados y en zonas no autorizadas».
Los investigados contra quienes se dirige el Ministerio Público son los hermanos Ángel, Ramón y José Fenoll, para cada uno de los cuales reclama seis años y medio de prisión, así como el pago de una multa de 27.000 euros. Para otros tres acusados, Ángel Javier Fenoll Pastor y los trabajadores de esa planta de tratamiento de basuras C. H. y A. L., solicita cinco años y un día de prisión y una multa de 9.000 euros.
Para la Fiscalía, según se recoge en su escrito de acusación, los tres primeros procesados son responsables de los hechos presuntamente delictivos como propietarios que eran de la empresa Proambiente, S.L., mientras que los otros tres lo serían en calidad de empleados del vertedero.
La acusación estatal señala que los vertidos han afectado a zonas protegidas medioambientalmente. El valor de la restauración, según especifica en su informe, sería superior a los diez millones y medio de euros. La Fiscalía reclama, además, la clausura durante un lustro del establecimiento donde se desarrolló la actividad.
Fenoll, que es defendido por los letrados Mariano Bó y Pablo Martínez, fue absuelto el pasado año del 'caso Brugal' –una de las supuestas tramas de corrupción institucional más relevantes de las descubiertas en las últimas décadas entre Murcia y Alicante– tras la anulación de numerosas pruebas.
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