Fedea calcula que la Región de Murcia perdería un 10,7% de financiación del Estado por el cupo catalán

El director Fedea, Ángel de la Fuente, indicó el lunes que no se puede cuantificar todavía la pérdida real de fondos para la Región de Murcia, que considera que saldrá «especialmente perjudicada», aunque ofrece algunas claves en el informe publicado ayer sobre los efectos inmediatos que tendrá en el Sistema de Financiación Autonómica la salida de Cataluña del régimen común.

De acuerdo con los flujos redistributivos, la financiación efectiva final de la Región de Murcia -con datos de 2022- ascendió a 4.591 millones de euros, de los que 1.012 millones fueron aportados por el sistema para compensar la diferencia entre lo recaudado en el territorio y los gastos efectivos. La Región es la séptima que más recursos extra recibe por esta vía, que provienen en gran medida del Estado (14.000 millones para todas las receptoras), así como de las tres comunidades más ricas (Madrid, Cataluña y Baleares), que aportan otros 10.000 millones, de los cuales 2.088 con de Cataluña.

Sobre esta base, estos ingresos de la Región se resentirían por lo que deje de aportar Cataluña (que sería «modesto»), más la pérdida de toda la recaudación de Estado en Cataluña. Sobre este segundo aspecto incide el estudio de Ángel de la Fuente, que considera que dicha pérdida tendrá efectos más «importantes» para las regiones de régimen común.

En el primer cálculo de lo que puede suponer el concierto económico catalán, Fedea estima un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana. A la espera de concretar los detalles del preacuerdo, la Generalitat elevaría la financiación homogénea entre un 25% y un 50%.

«Puesto que Cataluña parte de un índice de financiación homogénea por habitante ajustado de 101 en 2022 (frente a una media de 100 para el conjunto de las comunidades de régimen común), la medida la situaría claramente por encima de cualquier otra comunidad no foral», añade el informe.

Avisa de que el dinero que se quiera destinar a mejorar la financiación de Cataluña (y la de otras comunidades, en su caso) «tendrá que salir de algún sitio» y, si ninguna comunidad puede perder financiación, alerta de que el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos.

En este sentido, si el Estado recurriera a una subida del IRPF para compensar la pérdida de recursos sin afectar a la financiación autonómica o reducir su gasto, tendría que incrementar en un 29,5% la recaudación del tramo estatal del impuesto en lo que quedaría del territorio común tras la salida de Cataluña. Si, en su lugar, optase por aceptar la caída de ingresos y la trasladase íntegramente a la financiación de las demás CC AA, ésta tendría que reducirse en un 10,7% en promedio.

El director ejecutivo de Fedea y autor del informe, Ángel de la Fuente, recuerda que una recurrente reivindicación nacionalista es la de eliminar el déficit fiscal de la comunidad con el Estado, o más bien la estimación de esta magnitud que la Generalitat calcula todos los años por el cuestionable procedimiento del flujo monetario. De acuerdo con la última estimación del Govern, la brecha entre lo que la comunidad aporta y recibe del Gobierno central rondaría los 22.000 millones de euros, casi el 10% del PIB, una estimación que «está muy sesgada al alza».

Para Fedea, cabe esperar que el acuerdo se cierre con un objetivo de reducir la aportación catalana a la caja común entre un 30% y un 60% del objetivo máximo nacionalista de 22.000 millones anuales, esto es, con un trasvase neto de recursos hacia Cataluña de entre 6.600 y 13.200 millones de euros anuales.

«A largo plazo, las cosas pintan aún peor, porque el cambio en las reglas reforzará a la Generalitat frente al Gobierno central», ha advertido la Fundación, explicando que, en cuanto Cataluña tenga realmente el dinero en la mano, la aportación a la solidaridad se irá reduciendo en sucesivas rondas negociadoras y podría tender a cero, con especial rapidez cuando la Generalitat esté presidida por los independentistas. «Resulta obvio», según Fedea, que los problemas «se agravarían muy considerablemente» si el nuevo sistema se extendiera a Madrid y Baleares, ya que el Estado perdería 37.500 millones adicionales. «Los ingresos netos del Estado se desplomarían», advierte.