La FAPA exige a Educación un «plan detallado» para el regreso a las aulas

La organización se refirió, en concreto, al artículo de la Carta Magna que señala que «los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes».

Así, la FAPA Juan González instó a la Consejería a que elabore «un plan detallado, consensuado con las familias y realista, que garantice el derecho a la educación de todo el alumnado desde el primer día lectivo del próximo curso», siempre que las circunstancias no estén marcadas por una emergencia sanitaria.

«Durante el periodo de confinamiento se trabajó desde casa en modalidad a distancia y se produjeron diversos problemas». La asociación hizo hincapié en que el principal lastre «fue y es que la educación telemática no garantiza la igualdad de oportunidades y la equidad para todo el alumnado, especialmente para aquel con necesidades educativas especiales o específicas».

La FAPA incidió en que «es el momento de impulsar de forma decidida la apertura de centros». Para ello la organización exigió a la consejera de Educación, Esperanza Moreno, que presente antes del 31 de julio «un plan perfectamente detallado y consensuado con la comunidad educativa, con todas las medidas y recursos necesarios para garantizar el acceso de todo el alumnado el primer día del curso escolar».

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, por su parte, acusó a la Consejería de «delegar sus responsabilidades» de protección de la salud laboral en los equipos directivos y el profesorado de los centros educativos». Según la Federación, la Consejería «ha dejado el aprovisionamiento de materiales de protección a los centros, que hasta ahora solo han recibido una cantidad ridícula de geles hidroalcohólicos y unas pocas mascarillas quirúrgicas o FFP2».

Sterm Intersindical, por su parte, criticó el «gran caos» producido en la enseñanza telemática en la Región, un hecho que achacó a la «ausencia de plataformas educativas de titularidad pública capaces de atender a todas las necesidades».

Según la organización, los profesores no han tenido los recursos necesarios para hacer una rápida transición entre la enseñanza presencial a la virtual. Además, hizo hincapié en que se «ha puesto en una situación de exposición de la privacidad y de vulnerabilidad de los datos personales a un gran número de docentes y estudiantes».