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La DANA que asoló 78 municipios de Valencia, Albacete (la localidad de Letur) y otras provincias hace dos semanas y la que ha ... afectado esta semana a varias zonas del país han reflejado la necesidad de mejorar los protocolos y la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central para la prevención y respuesta ante emergencias por lluvias torrenciales. Los efectos han sido trágicos: al menos 224 muertos, 16 desaparecidos y enormes daños económicos.
La idea de reforzar la cooperación une a expertos de distintas disciplinas en la Región de Murcia, entre ellos arquitectos, geógrafos e ingenieros de Caminos, Canales y Puertos respecto a otros ámbitos ligados al riesgo de inundación. Tres aspectos son la ordenación del territorio a nivel urbanístico, la protección de la población con presas y otras infraestructuras y el establecimiento de criterios claros de construcción de viviendas, equipamientos públicos y otros inmuebles en las zonas inundables y en las de flujo preferente (vías de desagüe potencial de aguas). En especial, preocupa el impacto en las cuatro grandes ciudades afectadas (Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura) y en la cuenca del Mar Menor.
Estas peticiones coinciden con la reactivación del debate público sobre el nivel de fiabilidad de los mapas de riesgos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que tiene en consulta pública los primeros del periodo 2028-2033. Y hay polémica por el retraso del Ministerio para la Transición Ecológica en ejecutar, a través de la CHS, infraestructuras antirriadas en toda la Región y por la demora del Gobierno regional en elaborar y aprobar el Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación en la Región de Murcia (Potpri) y el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor.
«Ha llegado el momento de que cada uno deje de hacer la guerra por su cuenta y se busquen puntos de encuentro y de participación. Se echa en falta un foro permanente de debate y coordinación entre la Comunidad Autónoma, la Confederación y todas las partes implicadas en mitigar el riesgo de inundaciones, con el que tenemos que convivir en nuestra Región y que siempre estará ahí, por las características de ubicación, territorio, etcétera», manifestó ayer a LA VERDAD José Antonio Ángel, vocal del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Región. Ángel confía en que sirvan «las lecciones» de la 'gota fría' valenciana, para fijar prioridades y superar la dispersión de esfuerzos. Además, su colegio profesional pide mejorar la metodología de diseño de los mapas de la CHS.
La decana del Colegio de Arquitectos, María José Peñalver, señala otros problemas: la «compleja» maraña legislativa, con normas estatales, regionales y locales superpuestas y en constante actualización; las «contradicciones entre los mapas de la CHS y la cartografía de los planes generales municipales»; el retraso en ejecutar presas de laminación e infraestructuras de drenaje; y la lentitud autonómica al revisar los planes generales municipales, cuya regulación de usos se ve «superada por la realidad» de lluvias cada vez más intensas y frecuentes, en un contexto de cambio climático.
En el caso del Colegio de Geógrafos, emitió una nota donde mostró su «profunda preocupación por la falta de medidas preventivas eficaces en el estudio del territorio»; instó a «desarrollar planes de acción unificados y eficientes que permitan optimizar la respuesta y reducir los impactos»; y propuso «recomendaciones urgentes para mitigar los efectos de estos eventos» climatológicos. Planteó la «coordinación entre administraciones locales, regionales y nacionales», «incorporar la educación en gestión de riesgos al currículo escolar» y «considerar la experiencia de profesionales en Geografía».
Mientras, la Consejería de Fomento está «estudiando presentar alegaciones» ante la CHS por las nuevas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (Arpsis). El objetivo es que estas «tengan la máxima precisión y rigor en su metodología, para garantizar la seguridad de las personas y los bienes, al tiempo que dispongan de una dimensión adecuada».
El plazo acaba el 2 de diciembre y la importancia de estas áreas radica en que sirven para el diseño de los mapas de inundabilidad y la definición y/o revisión de las zonas de flujos preferente, «a la vista de los cuales se redactan los Planes de Gestión de Riesgo de Inundabilidad», señalaron en la Consejería que dirige Jorge García Montoro. Su departamento ha iniciado, además, los trabajos previos para redactar el plan regional de prevención de inundaciones, pendiente desde el año 2020. Podemos preguntará hoy y la próxima semana al consejero por estos asuntos en la Asamblea Regional.
Ecologistas en Acción y Huermur denunciaron ayer «graves deficiencias» en un proyecto urbanístico de construcción de 1.330 viviendas en una zona con «riesgo de inundación» de Casablanca. Indicaron que la materialización del proyecto, incluido en un plan parcial aprobado en 2003 por el Ayuntamiento de Murcia con una «evaluación ambiental incompleta», «podría exponer a futuros residentes a riesgos evitables y a un alto coste para la sociedad». Indicaron que está «en terrenos de huerta», junto a la plaza de Los Cubos, entre las avenidas Juan de Borbón y Reino de Murcia, en la cuenca de la rambla de la Casa Blanca. Y ello, afirmaron en un comunicado, «implica una probabilidad de eventos de inundación similares» a los de Valencia». Fuentes del Consistorio aseguraron que el plan parcial ZM-CH4 «no está en zona de flujo preferente ni tiene afección en el periodo de retorno de 100 años; que la afección en el periodo de 500 años es mínima; y que los informes de inundabilidad determinan las medidas técnicas que adoptar» para mitigar riesgos. Junto a estos suelos el Real Murcia ha proyectado su ciudad deportiva.
Este viernes, Ecologistas en Acción y Huermur volvieron a replicar al Ayuntamiento de Murcia que este plan sí se encuentra en una zona inundable con un retorno de 100 años según «el Servicio Nacional de Cartografía de Zonas Inundables». Minimizar estos riesgos y calificarlos como «bajos» es una negligencia municipal que podría poner en peligro a las personas y a las infraestructuras, según las organizaciones. Además, consideran que «en la documentación publicada sobre esta urbanización, no se contemplan soluciones específicas y adaptadas para eventos de lluvias intensas» como los de Valencia.
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